La construcción rechazará sumarse a los planes de pensiones públicos si el Congreso los modifica

La construcción fue el primer sector en guiñarle el ojo a los planes públicos de pensiones diseñados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Sin embargo, un atribulado desarrollo parlamentario ha puesto en riesgo su implementación final. Hasta tal punto que, si durante su votación en el Pleno del Congreso de jueves vuelven a repetirse los episodios de descoordinación que se produjeron en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la semana pasada, esta fórmula de acompañamiento de las pensiones podría desaparecer del nuevo convenio colectivo, según confirman fuentes del sector. “Cuanto más intervencionista sea el proyecto de ley, más en peligro se pone todo esto”, reconocen estas mismas fuentes.

El pasado 11 mayo, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos UGT y CC OO alcanzaron un preacuerdo para la firma del VII Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (CGSC), una rama muy intensa en mano de obra, donde conviven 328.527 sociedades, y que supone el 5,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Uno de los puntos principales que contemplaba ese nuevo marco es la promoción de un plan de pensiones sectorial “siempre que en su regulación se recojan los incentivos comprometidos por el Gobierno”.

Estos hacen referencia a la posibilidad de que las compañías se deduzcan de la base imponible hasta 10.500 euros (en los individuales la cantidad máxima es de 1.500 euros), o que las contribuciones a los planes de pensiones no coticen a la Seguridad Social (con un límite de 115 euros al mes por trabajador o 1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador. Este también podrá aportar más de lo que lo haga la empresa con un límite establecido en función de la contribución empresarial.

Del mismo modo, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos, que tendrán derecho a una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente. “El plan de pensiones está condicionado al visto bueno de la comisión negociadora del convenio colectivo, y lo que esta comisión quiere es que el proyecto de ley se mantenga razonablemente igual a como está ahora”, señalan fuentes del sector.

Sin embargo, durante la votación en la Comisión de la semana pasada se aprobaron distintas modificaciones, algunas de ellas por error, como es el caso del destope de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social (una medida que conllevaría que cada empresa y trabajador tuvieran que cotizar por su salario íntegro). Un cambio propuesto por Unidas Podemos y que salió adelante después de que el PSOE votase favorablemente sin querer, y que le fuerza a tener que presentar un voto particular en el Pleno del Congreso para corregir esta circunstancia. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social confían en poder revertir esta aprobación, para la que, sin embargo, el Gobierno deberá recabar de nuevo el apoyo del resto de partidos.

Aumento pensiones

Junto con la bonificación del 10% en el impuesto de sociedades para las empresas que los acojan y la eliminación del veto a la Administración en las inversiones de los fondos de los planes de pensiones, otro de los puntos aprobados a última hora fue la subida en un 15% de las pensiones no contributivas. Una propuesta de EH Bildu que el Gobierno aceptó, cuyo impacto repercutirá sobre 440.000 pensionistas (su asignación subirá entre 60 y 100 euros), y que supondrá un gasto extra para el Estado de 330 millones de euros.

Ninguna de estas últimas cinco alteraciones suponen un problema para el sector de la construcción, pero su temor es que en la votación de este jueves puedan presentarse nuevas propuestas que acaben por variar la composición de los planes. “Lo que ocurrió la semana pasada fue un caos, y no queremos que vuelva a repetirse algo así. Si se alteran las condiciones que están ahora mismo definidas y nos echamos atrás, va a ser un palo tremendo. Ni siquiera hemos conseguido acceder al informe de la comisión para ver qué es lo que se acabó votando”, advierten fuentes del sector.

El dictamen acabó saliendo adelante por 19 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones. Del lado del sí se situaron además del PSOE, Unidas Podemos, el PRC y el PNV. Se abstuvieron Bildu y Vox, mientras que Partido Popular, Esquerra Republicana, Compromís y Ciudadanos votaron en contra. Si el Pleno del Congreso aprueba este jueves el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, el texto será remitido al Senado.