La construcción pacta el primer gran plan de pensiones colectivo

La construcción será el primer sector que se adhiera a los planes de pensiones colectivos promovidos por el Ministerio de Seguridad Social tras el acuerdo alcanzado por la patronal y los sindicatos, según confirman a EL PAÍS fuentes de la negociación. Casi un millón y medio de empleados verán mejorada su jubilación gracias a una herramienta que ofrece bonificaciones más elevadas que las fórmulas privadas a empresas y trabajadores. Este instrumento de pensiones colectivo, o planes de empleo de empresas de promoción pública, es el que el departamento de José Luis Escrivá pretende extender por todos los vectores productivos. Su primera inmersión tendrá lugar en una rama muy intensa en mano de obra, donde conviven 328.527 sociedades, y que supone el 5,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

El desarrollo de los Planes de Empleo Público se enmarca dentro del preacuerdo alcanzado entre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CC OO y UGT para la firma de VII Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (CGSC), en el que se define también cuánto subirán los salarios durante su vigencia. A pesar de que el ámbito temporal del nuevo marco se extenderá sobre los próximos cinco años, tan solo se establecen las alzas de los primeros tres: un 4% en 2022 (del que un 3% irá al salario, y el 1% restante al fondo de pensiones), y un 3% tanto en 2023, como en 2024 (aquí será el 0,25% el destinado al plan); lo que supone un 10% al final del trienio repartido entre salario y el plan de empleo. La cuantía de las subidas de los dos siguientes ejercicios se determinará de acuerdo con la evolución de la situación económica del país.

Los planes de pensiones colectivos, diseñados por Escrivá como el segundo pilar de la previsión social, nacieron con la vocación de resultar una fórmula más atractiva para las empresas y los empleados que otros tipos de mecanismos de ahorro. También para los trabajadores de las pymes y los autónomos, dos colectivos en los que este tipo de complementos tienen una menor presencia. Para ello ofrecen una serie de incentivos fiscales a las compañías, como deducirse de la base imponible hasta 10.500 euros (en los individuales la cantidad máxima es de 1.500 euros), o que las contribuciones a los planes de pensiones no coticen a la Seguridad Social (con un límite de 115 euros al mes por trabajador).

Estos planes de empleo se constituyen en la negociación colectiva sectorial ―como ha sido el caso de la construcción― y participarán en un gran fondo público que estará supervisado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, y que gestionarán fondos y depositarias que concurran y ganen los concursos. El objetivo de Escrivá es que sectores donde los salarios sean más reducidos, como la construcción, la hostelería o el campo, puedan ir ahorrando para la jubilación.

El preacuerdo del convenio de la construcción (CGSC) se produce en uno de los momentos más convulsos del diálogo social. El Gobierno ha orillado el Pacto de Rentas con el que pretendía combatir la inflación, entre otras razones, porque sindicatos y empresarios tampoco han sido capaces de acordar una subida salarial para este 2022. Un fiasco que pone en riesgo la paz social reinante en los últimos años, ya que tanto UGT como CC OO han anunciado que pronto comenzarán a convocar movilizaciones en aquellos sectores y empresas en los que vayan a negociarse la renovación de los convenios colectivos. Tampoco le está resultando fácil al Gobierno lograr un acuerdo con los representantes de autónomos para acordar el nuevo modelo de cotización por ingresos reales para este colectivo. Así que el acuerdo en el sector de la construcción emerge como una excepción en un momento de tensión entre los agentes sociales.

Además de definir el primer plan de pensiones colectivo y fijar una senda de crecimiento para los sueldos, el nuevo convenio de la construcción recoge la incorporación de una cláusula de garantía salarial que tendrá en cuenta el promedio de los Índices de Precios al Consumo (IPC) de los tres primeros años, para que, en el caso de que esta cifra supere los incrementos del 10% para ese periodo, esa diferencia se traslade a las tablas de 2025.

La entrada en vigor del nuevo esquema de contratación de la reforma laboral ―que destierra la modalidad de obra o servicio, la más empleada en este sector― tiene también su reflejo en las nuevas relaciones laborales de la construcción. Junto con la asunción del contrato indefinido adscrito a obra como modelo primordial, se establece un periodo máximo de duración para una temporal por circunstancias de la producción de un año, y se regulan las condiciones de extinción del fijo discontinuo. Los trabajadores con este contrato recibirán una cuantía cuando finalice su periodo de actividad, a la que se podrá sumar otra adicional cuando se extinga la relación laboral de forma voluntaria por ambas partes sin que se hubiese producido un nuevo llamamiento. En ambas situaciones se incorporarán a una bolsa de empleo sectorial.

En otros apartados del convenio se fomenta la presencia de la mujer en el sector de la construcción, junto con la actualización de los planes en materia de igualdad. También se establece como obligatorio el pago de los salarios por medio de transferencia bancaria. “En este año emblemático para las relaciones laborales, colectivas del sector, las tres organizaciones (CNC, CC OO y UGT), conscientes de la importancia del momento que atravesamos, desde nuestra cultura, del respeto mutuo, diálogo, negociación y consenso suscribimos el preacuerdo con el objetivo final y único de continuar desarrollando, analizando, adaptando y mejorando la industria de la construcción”, señalan fuentes de la negociación.