Los planes de pensiones de empresa beneficiarán más a las rentas medias y bajas

El Gobierno espera aprobar este martes en el Consejo de Ministros la legislación para los planes de pensiones de empresa fomentados por el sector público. Estos se constituirán en la negociación colectiva sectorial y participarán en un gran fondo público que estará supervisado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, y que gestionarán fondos y depositarias que concurran y ganen los concursos. A esta plataforma pública también se podrán adscribir empresas y autónomos que así lo deseen. Las más beneficiadas serán en principio las rentas medias y bajas, al obtener mayores deducciones fiscales que los sueldos superiores a 60.000 euros. La idea del ministerio es que sectores donde los salarios sean más bajos, como la construcción, la hostelería o el campo, puedan ir acumulando un ahorro. Los críticos sostienen, sin embargo, que este sistema es difícil de construir en la medida en que abundan empresas pequeñas y sueldos bajos que no pueden permitirse contribuir a estos planes. El proyecto de ley llega ahora al trámite parlamentario, donde podrá haber cambios.

El sistema de pensiones tiene en España tres pilares: uno es el público de reparto. El segundo se basa en la negociación colectiva de empresas y trabajadores. Y el tercero es el individual. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, considera que el tercero solo beneficia a las rentas altas, que son las únicas que hacen aportaciones. Por eso, ha reducido de 8.000 a 1.500 euros el límite que se puede deducir en el IRPF, algo que ha provocado una fuerte oposición de la banca y las aseguradoras, que gestionan estos planes de pensiones. Este cambio ha penalizado tanto a estos fondos que este año las aportaciones han sido menores que las retiradas de recursos.

Escrivá pretende fortalecer el plan de empresa con la idea de que hay muchos trabajadores con poco margen para aportar. Y quiere hacerlo por tres vías: la primera son las reducciones de cuotas a la Seguridad Social. De las aportaciones a estos planes, la empresa podrá deducirse hasta un máximo de unos 115 euros al mes por trabajador, según barajaban fuentes gubernamentales a última hora del lunes. Al aplicarse el tipo de cotización del 28,8%, el máximo anual que se rebajará la factura por cotizaciones será de unos 397 euros al año por asalariado.

Otro incentivo es una reducción en la base imponible del Impuesto de la Renta. En la primera vuelta del texto, la aportación del trabajador nunca podía superar la de la empresa. Sin embargo, el documento que se va a aprobar permite que el empleado aporte más que la compañía, siempre que no se cobre más de 60.000 euros. Para una aportación igual o inferior a 500 euros, el asalariado podrá poner hasta 2,5 veces lo que haya contribuido la empresa. Entre 500 y 1.000 euros, podrá aportar el doble. Entre 1.000 y 1.500 euros, 1,5 veces. Y a partir de los 1.500 euros, el empleado solo podrá igualar la cantidad hasta un total de 10.000 euros. La cifra que haya puesto el trabajador, siempre que esté en esas horquillas, podrá beneficiarse de una reducción en la base del IRPF. La intención es por tanto que las rentas medias y bajas puedan lograr mayores incentivos.

Esta reducción está ya contemplada en el proyecto y está pactada con Hacienda. Sin embargo, falta por cerrar el tercer incentivo que quiere incluir Escrivá: una deducción en el impuesto de sociedades al que por ahora se opone Hacienda. Diversas patronales consultadas critican que con los dos primeros incentivos no será suficiente para fomentar estos planes de empresa. Y piden que se refuerce el sistema con una deducción en sociedades como la que ya existía hace años. Esta consistiría en una deducción del 10% en la cuota. La ayuda sería adicional a la cantidad que ya se pueden deducir como gasto por la aportación, y el ministerio quiere introducirlo en el trámite parlamentario.

El Gobierno limitará las comisiones que puedan llevarse las gestoras del fondo. Este tope se deja abierto en el proyecto de ley para concretarlo en un reglamento. Sin embargo, la intención del ministerio de Seguridad Social es que el máximo sea un 0,3%, muy por debajo de los límites legales que existen ahora, entre el 1,05% y el 1,7%, dependiendo de si es renta fija, mixta o variable. Este techo ha sido muy criticado por las instituciones de inversión colectiva.

El problema de esta iniciativa es que nace coja en tanto que la CEOE no la apoya por ahora. Y las empresas son fundamentales para promover estos planes del segundo pilar. Sin ellas, no habrá dinero para el fondo de empresa de promoción pública. Fuentes patronales critican que el sistema no puede basarse solo en que las compañías pongan los recursos, máxime una vez se tienen en cuenta las subidas de cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional, las alzas del salario mínimo, la inflación y la próxima subida de impuestos. También censuran la elevada intervención pública en el destino de las inversiones del fondo, creen que los incentivos no serán suficientes y sostienen que no había que castigar el tercer pilar para reforzar el segundo. Ante estos reproches, el Gobierno objeta que se han recogido en el texto numerosas observaciones de los sectores y agentes sociales.

La ambición del ministerio sería que en una segunda fase este sistema funcionase como el modelo inglés, en el que la empresa pone dos partes, el trabajador otras dos y el Estado una quinta parte. Hasta 16 países en Europa poseen esquemas similares. No obstante, el inconveniente de este sistema es que en España el Estado ya hace un esfuerzo importante en el pilar público, a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, donde las pensiones públicas son bajas.