Impulso público al ahorro para la jubilación

El sistema actual de la jubilación se asienta en tres pilares: la pensión pública, el sistema de planes de empleo (o empresa) y, por último, el sistema individual. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, además de trabajar en que las pensiones públicas sigan siendo viables, quiere hacer más populares los planes de empleo en los que las empresas y los trabajadores hacen sus aportaciones para tener un complemento para la jubilación. Ya ha preparado un anteproyecto de ley que ha distribuido entre los agentes sociales (empresarios y sindicatos) que, de cumplir el calendario, debería estar listo para finales de este año.

Lograr unas comisiones más bajas para estos planes de empleo —el anteproyecto fija un tope máximo del 0,5% anual sobre el patrimonio gestionado— y dar cabida a autónomos y pymes son las grandes novedades, junto al control público de estos instrumentos de ahorro de previsión. Actualmente las comisiones pueden alcanzar un máximo del 1,7%, incluyendo las de gestión y del depositario.

Ángel Martínez-Aldama, presidente de la patronal Inverco, que agrupa a las empresas —­bancos e intermediarios financieros que gestionan los planes de empleo e individuales—, cree que incentivar el sistema de empleo es un acierto y cuenta con el “aplauso y el beneplácito de esta asociación”. Y añade un pero: “El desarrollo del sistema de empleo se va a hacer a costa del sistema individual, olvidándose de que de cada 10 trabajadores en España, 6 son autónomos o trabajan a tiempo parcial y utilizan estos planes”, explica.

En los Presupuestos Generales del Estado se fija que los planes individuales solo tendrán una desgravación de 1.500 euros anuales a partir de 2022 frente a los 8.000 euros de hace un par de años. En dirección contraria, los trabajadores de planes de empresa pasarán de desgravarse un máximo de 8.000 euros este año a 8.500 euros en 2022. Desde el ministerio indican que la fiscalidad de los nuevos planes de empresa dependerá de Hacienda, pero estiman que irá en línea con los actuales planes de empleo. “Con la penalización fiscal a los planes individuales y hasta que se pongan en marcha los nuevos de empleo, estimamos que Hacienda se va a ahorrar unos 500 millones de euros en beneficios fiscales”, apunta el presidente de Inverco.

Una medida que provocará lógicamente un traspaso de dinero desde los planes del sistema individual hacia los de empleo, que fiscalmente son los más favorecidos. Una revolución en el esquema de jubilación en España, ya que los planes individuales son ahora los más populares: hay depositados 86.570 millones de euros con 7,41 millones de partícipes, mientras que los de empleo alcanzan los 37.109 millones de patrimonio con 1,9 millones de trabajadores/ahorradores, según datos de finales del pasado septiembre.

En cuanto a la rentabilidad obtenida, ganan claramente los de empleo. La razón de esta mayor ganancia se basa en las menores comisiones, según un estudio de BBVA, ya que las empresas negocian con su proveedor financiero (gestora) mejores condiciones que las que soporta un ciudadano cuando suscribe un plan individual. De media, un partícipe de un plan de empleo ha recibido una rentabilidad anual del 4,4% en los últimos 26 años, frente al 2,99% del sistema individual. Tomando un periodo de 15 años, los del sistema individual han ganado cada año el 2,11% frente al 3,28% de los de empleo, y en 10 años las rentabilidades quedan casi empatadas: 4,53% (individual) y 4,74% (empleo).

Tamaño mínimo

Estos planes de empleo promovidos por la Seguridad Social serán, sin embargo, gestionados por profesionales privados. En el anteproyecto se especifica que las gestoras que quieran participar deberán gestionar previamente más de 1.000 millones de euros y podrán hacer más propuestas en la medida en que su tamaño actual sea mayor. El fondo que materialice el ahorro de este sistema de empleo contará con una Comisión de Control Especial que estará tutelada por la Seguridad Social, que nombrará a 9 de sus 17 miembros (empresarios y sindicatos se reparten el resto) y que tendrá capacidad de veto en determinadas inversiones. Pero los fondos serán promovidos y vigilados por la Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos, formada por cuatro funcionarios de la Seguridad Social, que tendrá la última palabra en materia de inversiones, así como de cambios en la gestora o el depositario o, incluso, en la disolución del fondo.

Un intervencionismo que no gusta a la patronal Inverco y que también preocupa a Fernando Ariza, director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía, que apunta que las mutualidades también deberían participar en este sistema de empleo público por su dilatada experiencia en la gestión del ahorro de previsión para autónomos de profesiones liberales. “Las mutualidades gestionamos en España más de 50.000 millones de euros y siempre con costes muy bajos. En el caso de la de abogados, estamos en el 0,21% de comisión sobre el patrimonio, por debajo del 0,5% marcado como máximo para estos nuevos planes de empleo”. Y añade: “Tenemos que transformarnos en gestoras para poder acudir a los concursos, cuando debería tenerse en cuenta nuestra experiencia porque la gestión a largo plazo tiene sus propias características: es un negocio diferente”. El experto se queja además de que los productos de seguro como los planes de previsión asegurados (PPA) hayan quedado fuera de esta iniciativa que, por otra parte, califica de “gran noticia”.