La ley y el catalán

El decreto ley aprobado el lunes por la Generalitat sobre el uso de las lenguas en la escuela rechaza la aplicación de “parámetros numéricos, proporciones o porcentajes”, que es precisamente lo que sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al prescribir el 25% de castellano en la escuela. El Govern ha comunicado al tribunal que esa nueva legislación, aprobada el día antes del vencimiento del plazo, imposibilita la aplicación de la sentencia. El decreto ha ido acompañado de un documento de instrucciones dirigido a los 4.500 centros escolares interesándose por su proyecto lingüístico, junto a un elemental cuestionario. Es difícil no ver detrás de algunos pasajes del decreto del Govern (y del cuestionario) una desafiante provocación al tribunal antes que un instrumento para consolidar por fin las lenguas en la escuela.

Se acumulan las malas noticias en un asunto sensible en la sociedad catalana: en lugar de clarificar las cosas, las sucesivas acciones políticas las enredan. La sentencia del TSJC llegaba tras la larga inacción de la Generalitat ante los requerimientos de la justicia desde el mes de diciembre de 2020 para incrementar el uso del castellano en el currículo escolar. Solo después de la sentencia la Generalitat activó a los partidos en busca de una solución en forma de nueva ley de política lingüística. Ese pacto inédito de ERC y Junts con socialistas y comunes —en torno al 80% de la cámara— sigue siendo la mejor opción y permite acatar la intención de la sentencia del 25%: mantiene al catalán como lengua “vehicular” y preserva el uso “curricular y educativo” del castellano en la escuela, más allá de la asignatura de lengua. Con esa explícita mención se pretende evitar la aplicación de un porcentaje fijo, que es medida contraria a las recomendaciones de los profesionales y desatiende la diversidad sociolingüística de la Cataluña actual. El acuerdo de cuatro partidos quedó paralizado al haber interpuesto Vox y Ciudadanos una consulta al Consell de Garantías Estatutarias y obligó al Govern a poner en marcha alguna vía alternativa para cumplir con el plazo del tribunal para la ejecución de la sentencia que vencía este lunes pasado.

Y la solución ha sido un decreto ley que pone el foco no en el contenido del pacto lingüístico sino en rechazar la aplicación del 25%. El acuerdo en torno a la ley se rompe en el apoyo al decreto reduccionista porque el PSC lo rechaza. El resultado es que hay una sentencia de un tribunal de justicia sin ejecutar en los términos decididos por los jueces, una vez cumplidos todos los plazos para ello. Y ahora estamos a la espera de que el TSJC estime si las medidas lingüísticas de la Generalitat se ajustan o no a lo dictado en su sentencia. Mientras tanto, el efecto civil de estas maniobras vuelve a empantanar un problema artificial que sirve a la batalla política pero no al buen funcionamiento de la escuela. El riesgo es que los ciudadanos acaben perdiendo la paciencia ante la irresponsabilidad de seguir jugando con las lenguas como armas de esgrima política, sin demasiado respeto ni por las aulas ni por sus alumnos ni por las lenguas.