Refugiados: (no) midiendo con la misma vara
Millones de personas huyen de situaciones de violencia o crisis generalizadas, pero las políticas de los Estados receptores son muy distintas
Cuando se trata de refugiados no se mide con la misma vara; al fin de la historia depende de dónde vienen y adonde van. Porque la realidad dura y pura es que hay gran diferencia de derechos entre los que migran al “norte global” o los que lo hacen hacia el “sur global”. Dependiendo, además, de dónde vienen, pues hay quienes resultan “más iguales” que otros. Alarmante diferenciación de políticas y conductas que parece pasar por agua tibia y sin escándalo en la prensa internacional o en los foros internacionales.
Son millones de personas que huyen de situaciones semejantes de violencia o crisis generalizadas, pero las políticas de los Estados receptores son muy distintas. Parecen omitir algunos —precisamente los Estados más ricos— más de 70 años de reglas y estándares internacionales adoptados dentro del marco de Naciones Unidas.
En honor a la verdad, el récord de América Latina, con sus flaquezas institucionales y problemáticas graves de pobreza y desempleo, es relativamente bueno. En dos momentos críticos de los últimos 50 años, la respuesta regional ha sido correcta y de principios.
Fue así, por ejemplo, cuando hace poco más de 30 años, con guerras internas que remecían a países centroamericanos como El Salvador o Guatemala, decenas de miles de personas huían a otros países de la violencia generalizada y la violación masiva de los derechos humanos. Era una suma de situaciones individuales que no “cazaban” al 100% con la definición oficial de refugiados adoptada en la ONU en 1951 que refiere a al temor fundado de persecución individual.
En ese contexto (1994) los países latinoamericanos adoptaron en Cartagena de Indias la “definición ampliada” de refugiado (que sigue vigente, pero que lamentablemente no se ha “contagiado” a Europa). Buscaba esa definición ampliada responder al fenómeno de millones de personas que huían de países centroamericanos, no por persecución individual, sino por la violencia generalizada y las violaciones masivas de derechos humanos.
La “definición ampliada” permitió, así, cimentar y desarrollar políticas regionales exitosas. Hoy mismo sirve de marco para el procesamiento del drama de más de seis millones de venezolanos/as que se encuentran básicamente en América Latina en el movimiento migratorio más grande en la historia de la región. Están, ante todo en Colombia y Perú, pero, además, en otros países latinoamericanos. Magnitudes que superan a la cantidad de refugiados recibidos en la rica Europa en la última década antes del ataque de Rusia a Ucrania este año.
Criterio semejante al de la “definición ampliada”. Sin embargo, no se ha empleado, por ejemplo, en Europa, para procesar la situación de más de un millón de ciudadanos/as de Siria que tuvieron que buscar protección en años recientes sin poder sustentar su huida en una indemostrable “persecución individual” (definición clásica de refugiado). Con la “definición ampliada” de Cartagena no habría habido discusión sobre el derecho de esas personas del “sur global” a la protección.
Respuesta distinta, felizmente, es la que vienen recibiendo hoy los cinco millones de personas que se han visto obligadas a huir de la europea Ucrania desde que empezó el ataque de Rusia hace dos meses. Bueno que Europa los acoja y que no busque en la definición de la Convención de 1951 un parapeto para devolverlos a su país o enviarlos a otra región del mundo. Pero evidente diferencia de criterio si quienes traspasan las fronteras europeas provienen de un “peligroso” sur global.
La cereza encima de la torta es la reciente —alucinante— decisión adoptada en Londres por el Gobierno del conservador Boris Johnson: enviar a Ruanda a los buscadores de asilo que lleguen a las costas británicas… y sin siquiera escuchar previamente sus historias. Como lo señala la publicación británica The Economist en su última edición, por la llegada de cerca de 30.000 personas que llegaron a las costas británicas el año pasado, el Gobierno británico ha firmado un acuerdo con el de Kigali (Ruanda) para expulsarlos a Ruanda.
Si ese proyecto prospera, como lo señala The Economist, y otros países siguen al Reino Unido, se acabó el derecho de los refugiados. Aunque, diría yo, salvo que quienes busquen refugio sean étnica y culturalmente iguales —o, al menos. Semejantes— a la población del país receptor. ¿No es tiempo de recordar cuáles son los estándares de derecho de refugio vigentes y que deben prevalecer?
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