Ciudadanía censora

La academia, la sociedad civil, profesionales de la comunicación y responsables políticos se han quejado de que el legislador y los órganos judiciales, en ocasiones, llevan a cabo una interpretación de las libertades de expresión e información muy estrecha, incluso contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Son críticas, en ocasiones, fundadas.

En todo caso, las libertades comunicativas son un eje de flotación de nuestras democracias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde su sentencia Handyside contra Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, viene reiterando que “no puede haber democracia sin pluralismo”. La democracia se nutre de la libertad de expresión. La esencia de la democracia es permitir que se propongan y debatan ideas y posiciones diversas, también divergentes. La libertad de expresión, en sentido amplio, incluye expresiones artísticas e, incluso, formas de conducta, vestimenta o exhibición de símbolos. Este espacio de libertad es aplicable a los hechos, ideas o expresiones que se reciben favorablemente o se consideran inofensivas o indiferentes, y también a las que ofenden, chocan o molestan, todo como exigencia del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras sin las cuales no hay sociedad democrática. Sobre estas libertades pueden aplicarse restricciones, pero deben ser interpretadas de forma estricta y solo cuando su necesidad pueda motivarse de forma convincente.

La Constitución española protege expresamente, en su artículo 20, diferentes formas de expresión: a) expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) la libertad de cátedra; y d) comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, quedan constitucionalizadas tanto la prohibición de la censura previa como la necesaria autorización judicial para proceder al secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información. Todo ello, sin olvidar que estas libertades, aunque preponderantes, no son absolutas, y en su ejercicio están sujetas a ciertos límites: el respeto al resto de derechos constitucionales y a las leyes que los desarrollen, y especialmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Se deduce de lo dicho hasta ahora que las libertades comunicativas, de exteriorización de nuestras concepciones, están estrechamente relacionadas con las libertades ideológicas y los derechos de participación. Y es precisamente la capacidad de manifestar las ideas propias, las diferentes formas de ver o entender el mundo, la base del pluralismo que toda democracia necesita para subsistir.

Por ello sorprende enormemente que, desde algunos sectores de la ciudadanía, de forma más o menos organizada, se haya adoptado la censura como un instrumento para imponer argumentos, posiciones e ideas, independientemente de cuáles sean los vehículos de exteriorización. En los últimos años, hemos visto como en el ámbito universitario se han desprogramado actos académicos porque en ellos se iba a defender, supuestamente, una determinada posición respecto de una realidad social. La presión ejercida por determinados sectores del feminismo acabó por impedir que, en una facultad de A Coruña primero, y en otras Universidades después, se celebrara un seminario sobre prostitución porque, aparentemente, se iba a abogar por la regulación de esta actividad. En las últimas semanas, hemos visto como las alumnas de un máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona trataban de impedir que una profesora impartiera sus clases de Publicidad y Género en dicho máster. La razón: su posición contraria a la autodeterminación de género y su presunta transfobia. Estos son solo algunos ejemplos de cancelaciones producidas, insisto, en la universidad: un ámbito pensado para el debate, la crítica y el intercambio, incluso agrio, de posiciones, entre personas adultas.

Esta nueva forma de censurar a la persona que piensa diferente es, desafortunadamente, global —recuerden el intento de silenciamiento que ha sufrido la escritora J. K. Rowling— y también aplicable a otros ámbitos. Así, las últimas semanas hemos asistido a la cancelación —o su intento— de actos, por ejemplo, uno en Italia sobre el escritor ruso Dostoyevski como acto de repulsa por la guerra de Putin contra Ucrania, o la eliminación del programa de conciertos de obras del músico ruso Chaikovski en Croacia. Los artistas vivos también están sufriendo las consecuencias de esta censura por ser de nacionalidad rusa. A algunos se les ha exigido el rechazo público al régimen de Vladímir Putin —sin tener en cuenta, por cierto, las consecuencias internas que eso les puede generar— para poder continuar su actividad en Europa. No estamos hablando de los titulares de grandes fortunas que han podido, en su caso, financiar al régimen ruso (y no solo), sino personas con una profesión artística que son castigadas por, en este caso, haber nacido en un determinado país.

La responsabilidad es, a veces, de los poderes públicos, que toman la decisión de modificar un programa o de no ceder un espacio para la celebración de un acto por su contenido ideológico (lo que entraña, además, problemas de discriminación); otras, lo son porque no son capaces de defender sus procesos de decisión frente a las críticas por una determinada medida, y, como consecuencia, deciden retirarla, en vez de dar explicaciones y someter al escrutinio público el contexto y los motivos de su decisión (así ha ocurrido, por ejemplo, con la viñeta de la humorista gráfica Diana Raznovich).

Pero, también los individuos podemos convertirnos en una suerte de policía política del pensamiento, identificando al que piensa diferente y persiguiéndole de forma concertada. Si tenemos suficiente fuerza, conseguimos que sus posiciones, sus argumentos o sus obras no sean expuestas, aunque sean el fruto de años de trabajo o de experiencia profesional o vital. Esta actitud está lejos del intercambio de puntos de vista, a veces opuestos. Es, por el contrario, una forma de censura, pues lo que se pretende es que el o la otra no exponga sus ideas, razonamientos o experiencias ante el público. Se impide la exposición pública de la diferencia, anulando el pluralismo democrático.

La democracia permite restringir las libertades comunicativas, pero solo cuándo y como lo prevean las leyes y haciendo un ejercicio riguroso de ponderación si hay derechos en conflicto. El desacuerdo, el discurso hiriente, incluso ofensivo, no son motivos suficientes para restringir las libertades comunicativas. Si una idea o una obra no son de nuestro agrado, podemos criticarla, rebatirla o incluso protestar si contraría nuestras convicciones. Todas ellas son muestras legítimas de rechazo. Sin embargo, la democracia no soporta la censura o los linchamientos, facilitados ahora por el uso de redes sociales. Son instrumentos propios de sistemas autoritarios. Estas prácticas, además, generan un efecto desaliento que puede llevar a la autocensura de aquellos que no tienen ganas o posibilidades de asumir el coste individual, familiar o profesional que suponen.

Esconder o suprimir la visión crítica, alternativa o antagónica no fortalece nuestros argumentos o posiciones, sino que las convierte en pretendidos dogmas a imponer. Sabemos por experiencia que estas actitudes son un error y conocemos los horrores a los que pueden abocar. Debatan y discutan más, mucho e intensamente, y si pueden, convenzan, pero no censuren porque la historia, y el presente, insisten tozudamente en que no trae nada bueno.