Las elecciones y las distintas trayectorias de la violencia en Colombia

Del mismo modo que sucediera con la anterior etapa del calendario electoral, la proximidad de una nueva elección en Colombia, el próximo 29 de mayo, ha recrudecido el escenario de violencia política. Hechos recientes nos hacen prever que el próximo ciclo electoral estará acompañado de un visible aumento en la violencia. Precisamente romper con esta intersección entre la violencia y la política, en particular en la “Colombia profunda”, era una de las aspiraciones del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016.

Inicialmente hubo algunos indicios de que Colombia efectivamente podría entrar en una nueva etapa de su desarrollo político. El país vivía de algunos de los índices de violencia más bajos, por ejemplo, en homicidios y en el número de masacres. Pero, como en pasadas experiencias de paz, también hubo indicios que el país no superaba la trágica conjunción de la política y la violencia. El creciente número de líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo es una de las mayores preocupaciones.

Como ha sido común en otros escenarios de posconflicto en el mundo, muchas de las explicaciones para esta violencia se han enfocado en la proliferación de organizaciones criminales que compiten por el control de mercados ilícitos y prosperan en los “vacíos de poder” resultantes de la desmovilización de grupos rebeldes en territorios caracterizados por una persistente debilidad estatal. Es común pensar en esta violencia como algo netamente “criminal” sin ninguna lógica política.

Estas explicaciones representan, sin duda alguna, un escenario realista, pero incompleto a la hora de explicar las interpretaciones asociadas a las nuevas modalidades de violencia que existen en el país, sobre todo en un contexto de fragmentación de actores armados y de fuertes variaciones regionales. La realidad exige realizar un esfuerzo extra, obligándonos a entender que este tipo de situaciones suele ser el resultado de múltiples explicaciones simultáneas de carácter intrincado que dan muestra de la complejidad que caracteriza a los problemas sociales.

Partiendo de estas premisas, junto a Inge Valencia (Universidad Icesi), Jonas Wolff (Peace Research Institute de Frankfurt) y Juan Corredor (CUNY) exploramos distintos tipos de explicaciones para la violencia contra líderes sociales desde 2016. Allí identificamos dos tipos de trayectorias que pueden explicar el incremento de estos asesinatos. Cada una de ellas puede ser caracterizada como un tipo ideal en sentido weberiano; es decir, como un referente teórico, basado —aunque no observable de forma “pura”— en la realidad.

La primera trayectoria es la narrativa más frecuente en torno a la violencia posacuerdo y enfatiza una transformación del conflicto armado a una violencia más “criminal”. En el caso de la Colombia contemporánea, la desmovilización de las FARC y la incapacidad del Estado para llenar el vacío de poder territorial resultante, ha sido aprovechada por actores armados no estatales, que incluyen tanto organizaciones preexistentes (guerrillas y neoparamilitares) como nuevas agrupaciones (por ejemplo, las disidencias de las FARC). Los activistas sociales son asesinados por interponerse en el camino de los mencionados grupos armados, que disputan el control territorial, especialmente de corredores estratégicos para el cultivo de coca y la producción y el comercio de drogas o la minería ilegal.

En contraste con la mencionada trayectoria “criminal” hay una explicación de carácter político. De acuerdo con esta, el Acuerdo de Paz de 2016 contribuyó a desafiar a órdenes autoritarios de facto de carácter subnacional. Estos se sostienen como consecuencia de la formación de alianzas entre élites políticas locales, instituciones estatales y actores armados. Al ver amenazado el statu quo por la movilización de actores hasta entonces marginados, estas alianzas reaccionan con violencia, muchas veces letal contra activistas sociales. Así, el acuerdo puede representar, en múltiples territorios, una amenaza fundamental para élites que impulsan órdenes políticos excluyentes, utilizando procedimientos formalmente democráticos que esconden la violencia sistemática como modus operandi.

Vale aclarar que también en estos casos los actores armados no estatales pueden jugar un rol importante en el ejercicio de la violencia; sin embargo, no lo hacen de forma autónoma, sino como parte de las redes locales de poder que buscan mantener órdenes autoritarios construidos en el marco del conflicto armado.

Así, como cabría esperar de la lógica “criminal”, el asesinato de líderes sociales es más frecuente y probable en municipios con alta densidad de cultivos de coca, con fuerte presencia de las FARC antes de su desmovilización y con baja capacidad estatal. Mientras tanto, de acuerdo con la lógica “política”, la evidencia sugiere que este tipo específico de violencia tiende a ocurrir en municipios caracterizados por una competencia y participación electoral restringida, y se intensifica cuando existen actores capaces de constituirse como desafíos “desde abajo”, como movimientos sociales de izquierda relativamente exitosos desde el punto de vista electoral.

La trayectoria criminal no está exenta de componentes políticos. Incluso cuando hay motivaciones primarias ligadas al usufructo de mercados ilícitos, los grupos criminales también buscan controlar territorios y muchas veces poblaciones, es decir actividades políticas. Del mismo modo, la trayectoria política posee, indiscutiblemente, ingredientes de tipo criminal. No es tanto la ausencia absoluta de elementos “criminales” o “políticos” en cada una de las trayectorias, sino la preponderancia de una lógica detrás de la violencia.

Será necesario —quizás más que en previas olas de violencia en Colombia— entender la fuerte variación regional y local en sus manifestaciones y causas. En este sentido, las elecciones pueden exacerbar la violencia en diferentes partes del país. Para tratar de frenar el incremento de la violencia y su concatenación con la política electoral no será suficiente una única receta (por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas muy violentas), sino un esfuerzo decidido por parte de diferentes actores estatales y sociales que efectivamente transforme las formas como se constituyen los órdenes políticos y sociales locales.