Líderes sociales bajo fuego: el mapa de la violencia en Colombia

La reacción del Ejecutivo de Iván Duque ante el incesante asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho de Colombia ha sido lenta e insuficiente, ha señalado este miércoles Human Rights Watch (HRW). Después de entrevistar a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos del país para identificar las dinámicas detrás de estos ataques y examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenirlos y llevar a los responsables ante la justicia, la ONG advierte que a menos que el Gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados y cientos de comunidades queden indefensas.

“El Gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. Estos crímenes han dejado al descubierto las dinámicas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de Colombia, donde la presencia de autoridades judiciales y la policía suele ser escasa, apunta el diagnóstico de la organización defensora de derechos humanos.

A pesar de que el acuerdo de paz que sellaron a finales de 2016 el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC incluyó iniciativas especificas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos, ese tipo de crímenes aumentó a medida que diversos grupos armados ocuparon el vacío que dejaron las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales, apunta HRW. La implementación ha sido lenta. Desde ese año, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados, la cifra más alta en América Latina, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es un problema complejo que no se explica por una única dinámica nacional, advierte la ONG en su informe Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia, que documenta dichos crímenes en seis de las subregiones más golpeadas en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Caquetá y Arauca.

En el norte del Cauca, el departamento con mayores cifras de homicidios de líderes sociales, las disidencias que se apartaron del proceso de paz han asesinado a numerosos defensores de las comunidades indígenas nasa que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios. “Tienen armas, carros, dinero, tienen todo para hacernos la guerra”, le dijo un líder indígena a HRW. “Nosotros solo tenemos nuestros bastones de mando que simbolizan nuestra autoridad, nuestra resistencia pacífica y la defensa que hacemos de nuestro territorio”.

Las dinámicas son distintas de acuerdo con la región. En muchas zonas, los grupos armados intentan utilizar a los líderes sociales, bajo coacción, para imponer sus propias “reglas” en las comunidades, explica el informe, y después los atacan por incumplimientos reales o percibidos de dichas “reglas”. El apoyo de dichos líderes a iniciativas establecidas en el acuerdo de paz –como por ejemplo la sustitución de los cultivos de coca– también los ha puesto en riesgo.

Tanto la Unidad Nacional de Protección (UNP) para personas en riesgo como el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre peligros en los territorios son mecanismos que han demostrado ser importantes para proteger los derechos humanos, “aunque ambos carecen de financiación suficiente y tienen otras graves deficiencias”, valora HRW. A ellos se suman otra serie de mecanismos nuevos que “prácticamente no funcionan o presentan graves falencias”.

La ONG le recomienda al Gobierno iniciar un proceso con participación genuina de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias para simplificar y reforzar los mecanismos de prevención y protección previstos en el derecho colombiano, incluyendo reformar o derogar los mecanismos ineficaces que tengan un mandato poco claro –como el llamado Plan de Acción Oportuna (PAO)–. También aconseja continuar utilizando como oficial la cifra de defensores de derechos humanos asesinados que establece la Oficina del ACNUDH, y le pide a la Defensoría seguir documentando los asesinatos.

El informe, sin embargo, se conoce en momentos que la Administración Duque es blanco de críticas desde que anunció hace una semana que, junto con la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa pretendía acabar con la disparidad de cifras sobre ataques a líderes sociales. Se propone unificarlas en cabeza del fiscal general, Francisco Barbosa, un íntimo amigo del mandatario que ya fue señalado de maquillar una reducción cuando se desempeñó como consejero presidencial para los derechos humanos, al inicio del Gobierno. Esa disparidad se explica, entre otras, debido a que no hay un criterio unificado sobre a quién se considera un líder social. Los números de la Defensoría, por ejemplo, suelen ser mayores que los de la Fiscalía.

“La decisión de unificar las cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos constituye un grave retroceso. Esta medida daña la credibilidad de los esfuerzos del Gobierno colombiano para prevenir y sancionar estos hechos, esfuerzos que, hasta ahora, han sido preocupantemente insuficientes”, advierte José Miguel Vivanco. “En lugar de enfocarse en ‘unificar’ las cifras de líderes sociales asesinados, el Gobierno del presidente Duque debería implementar debidamente las políticas existentes para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país”.

Para el director de HRW para las Américas, “la tarea de verificar denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos debe estar a cargo de una entidad que cuente con la mayor credibilidad tanto frente a la comunidad internacional como ante las comunidades locales en los territorios de Colombia que sufren estos aberrantes asesinatos. La Oficina de la Alta Comisionada de ONU para Derechos Humanos cuenta con las mejores credenciales para desempeñar este rol, y espero y confío en que su oficina en Colombia incremente sus esfuerzos para llevar un registro completo y fiable sobre estos asesinatos”.