Excombatientes de las FARC marchan a Bogotá para pedir que no los maten

En menos de una semana, otra movilización en chivas y a pie se dirige a Bogotá para llamar la atención del Gobierno de Iván Duque sobre la violencia y la implementación del acuerdo de paz. Esta vez son cerca de 2.000 excombatientes de las antiguas FARC firmantes del acuerdo, que entregaron las armas en 2016, y que marchan por el asesinato de 236 de sus compañeros.

“Vamos para exigirle al Gobierno cumpla los acuerdos. Para nosotros, los volvieron trizas, como prometieron en campaña. Eso se evidencia en la falta del respeto a la vida. Nos están llevando al cementerio antes de tiempo”, dice a EL PAÍS Harrrison Arturo Garcés, uno de los firmantes del acuerdo desde una de las paradas de la marcha en Antioquia. Él salió desde uno de los Espacios Territoriales de Capacitación, donde viven algunos de los excombatientes. Partió desde Dabeiba, en el norte del departamento, junto a 45 personas, pero han ido sumando peregrinos en el camino.

La denominada Peregrinación por la Vida, la Paz, y la Implementación del Acuerdo Final ha reunido a excombatientes del sur, el noreste y el suroeste del país, que hacen escala en diferentes ciudades y esperan llegar el primero de noviembre a Bogotá e iniciar una marcha hasta la plaza de Bolívar, frente a la casa de gobierno.

Y aunque no han sido recibidos con el mismo júbilo que acompañó a la minga indígena, uno de los peregrinos destaca que no fueron sujetos de rechiflas o ataques en zonas donde antes operaron como grupo armado. En su lugar han vivido actos de reconciliación como el que ocurrió en Doradal (Antioquia) donde el exjefe de los paramilitares, Ramón Isaza, su antiguo enemigo, salió a su encuentro para animarlos en la movilización. Para los excombatientes de las FARC, además de insistir en que no los asesinen, la marcha es la oportunidad de demostrar que es firme su intención de reintegrarse a la sociedad. Por eso en lugares como Meta, en el centro del país, hicieron un acto de público de perdón a las víctimas de esa región que fueron golpeados por sus acciones guerrilleras del pasado.

La movilización ocurre en un momento álgido sobre la verdad que se les exige a los máximos jefes de esa guerrilla, hoy convertida en partido político. Varios de ellos han admitido su participación en seis crímenes, entre ellos el magnicidio del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, así como el reclutamiento de menores en las filas, entre otros delitos.

El ambiente de crispación por las múltiples matanzas, asesinatos de líderes sociales y de excombatientes ha valido llamados de atención de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. En octubre, ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, señaló que desde la firma del Acuerdo han verificado un total de 297 ataques contra ex miembros de las FARC, incluidos 224 asesinatos (al 14 de octubre), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio. “Es esencial trabajar con comunidades y diseñar medidas de seguridad eficaces y avanzar en mejorar la protección de excombatientes, que siguen siendo asesinados. Seguir luchando contra la impunidad de esos delitos, inclusive llevando a los autores intelectuales ante la justicia”, afirmó el jefe de la Misión de Verificación.

Según cifras de la Fiscalía, hay “avances investigativos en 158 de los 316 hechos de victimización” contra excombatientes y sus familiares. La institución asegura que las agresiones provienen de grupos disidentes de las FARC; de la guerrilla del ELN y de grupos narco paramilitares como el Clan del Golfo, entre otros. Y el Gobierno, a través de la Consejería de Estabilización, admite que se deben “redoblar los esfuerzos” especialmente para los excombatientes que hacen su reincorporación de forma individual o que no están agrupados en los Espacios Territoriales de Capacitación (ETCR). Del total de 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas, al menos 9.000 viven por fuera de los ETCR.

“Nosotros no dejamos las armas para que nos mataran, sino para que nos permitieran reintegrarnos a la vida social y económica, recuperar el derecho a estar con nuestras familias. Pero no lo estamos viendo por ningún lado”, dice Harrison Garcés, quien espera que tras la llegada al centro de Bogotá sean recibidos por miembros del Gobierno.