Cataluña será la comunidad más afectada por el cierre del parque nuclear en España

Cataluña será la comunidad autónoma más afectada por el cierre del parque nuclear en España, con “graves consecuencias” a nivel energético, ambiental y económico. Lo asegura un informe elaborado por PwC, que ha sido presentado este viernes, y que pone el foco en el momento en que se cierre la primera central, previsto para noviembre de 2027 con la clausura de Almaraz I (Cáceres). Los tres reactores nucleares, ubicados en Tarragona, sumaron durante el año 2024 una producción neta de 22.178,159 millones de kilowatios hora que supusieron el 8,8% de la producción global neta del sistema eléctrico peninsular y hasta el 59,1% de la energía producida en Cataluña, según datos provisionales de Red Eléctrica de España recogidos por la operadora de las plantas, Asociación Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV)..

El informe ‘Impacto del cierre nuclear en Catalunya’, presentado por el socio responsable del sector de Energía en PwC España, Óscar Barrero, apunta a que la generación nuclear “evita que las emisiones de Cataluña sean un 28% superiores”. Según señala, la pérdida de generación nuclear podría sustituirse con tecnologías renovables apoyadas con almacenamiento, importaciones y aumentando la producción de los ciclos combinados pero, en consecuencia, habrá un incremento de la “dependencia energética de Cataluña, el coste eléctrico y las emisiones”.

El estudio indica que habrá impacto en el coste del sistema eléctrico, con aumentos de pool en 2035 de entre 13 y 29 euros el megavatio hora; pérdida de los cerca de 10.500 puestos del sector; y alerta de que “sin un suministro eléctrico fiable, la industria catalana verá limitada el crecimiento de su demanda eléctrica”. También advierte de que los objetivos energéticos de Cataluña contemplan un desarrollo de renovables “muy ambicioso” para 2030, instalando 1.500 megavatios al año, cuando el ritmo de desarrollo de la última década ha sido de 24. El informe defiende extender diez años más la vida útil de las nucleares, lo que asegura que supondría 18.700 metros cúbicos de residuos adicionales, un volumen que “no sería significativo y apenas tendría impacto en el plan actual de gestión de residuos radioactivos”.

Entre las acciones propuestas está anular, declarar no válido o actualizar el Protocolo de Cierre Nuclear de marzo de 2019; y “ajustar la imposición estatal”, revisando los 3.100 millones de euros de costes en el 7 Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) destinados al Impuesto Ecológico y Asignaciones a ayuntamientos. También se plantea modificar las ecotasas extremeñas, catalanas y valencianas para ajustarse al nuevo reparto, y modificar la Disposición adicional sexta de la Ley 54/1997 y las responsabilidades de Enresa para que las estimaciones del coste de gestión de residuos “sean definitivas y no puedan ser actualizadas anualmente”. El informe también llama a garantizar que, antes de las fechas establecidas en el Protocolo de Cierre Nuclear, se emiten nuevas autorizaciones de explotación para el periodo definido de alargamiento de la vida operativa de las centrales nucleares.

En una mesa redonda posterior, el director de Desarrollo Sostenible de Foment del Treball, Salvador Sedó, ve un contrasentido, en sus palabras, cerrar las nucleares si se quiere descarbonizar, y añade: “Hoy en día no podemos prescindir de la energía nuclear en Cataluña porque si no tendremos un apagón energético”. El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha instado a sentarse y hablar y ha destacado las cualidades de las nucleares para generar energía: “A uno le gustará más, a otro menos, pero tenemos que seguir comiendo, viviendo y las industrias tienen que funcionar”. El presidente de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), Juan Pedro Sánchez, cree que “no es el momento de cerrar las nucleares” porque no se ha desarrollado suficientemente el almacenamiento y llama a no ir hacia un punto de no retorno.