Tomarse la Constitución en serio

Al parecer, según se recogía en este periódico de fuentes del PP, en este partido se piensa que la renovación de las instituciones no preocupa a la gente. Lo que de verdad les importa es el precio de la luz. La verdad es que es difícil de creer que a los ciudadanos no les preocupe el incumplimiento de los mandatos constitucionales, lo que ocurre es que con lo otro es más sencillo hacer oposición. Porque explicar por qué no hacen lo que deben les coloca en una actitud defensiva, aquella en la que en condiciones normales siempre se encuentra el Gobierno, como le ocurre con la actual subida de la electricidad. Y, sin embargo, el PP ha vuelto al tema de la no-renovación con resucitado ahínco. Quizá porque piensan que ahora, después de ir cambiando el argumentario, han dado al fin con una racionalización imbatible. Recuerden que la negativa al principio se sostuvo sobre la necesidad de excluir a Podemos del reparto de jueces. Hoy justifican su inacción con el argumento de que lo hacen en defensa de la independencia de la justicia.

El caso es que se revisten con los ropajes de la institucionalidad cuando en realidad están haciendo política de partido. El porqué esto es así es obvio. En un país como el nuestro, tan marcado por la judicialización de la política, el nombramiento de determinados jueces ―los del TS, por ejemplo― es estratégico. Más aún si un determinado partido, como el propio PP, tiene causas abiertas. En principio no tendría por qué serlo, pero la experiencia nos dice lo contrario, y los partidos lo saben bien, aquí y en otros lugares ―recuerden las disputas en Estados Unidos por la elección de los integrantes de su Corte Suprema―. La cuestión es que restringir la elección de los vocales del CGPJ atribuidos a las Cortes a los propios jueces no serviría en principio para garantizar su neutralización política, sino para trasladar el sesgo político mayoritario de los jueces al propio Consejo. De ahí el entusiasmo con el que el PP se ha abrazado a esta iniciativa, porque conoce bien la naturaleza de ese sesgo. Detrás de una propuesta aparentemente neutra se esconde un interés político meridiano.

Se dirá que eso mismo sirve para explicar el rechazo del Gobierno a la propuesta, pero este tiene al menos la ventaja de la legalidad. Y del sentido común: ¿qué es eso de que no va a cumplirse una ley hasta que no se cambie? ¡Y llevamos ya tres años de incumplimiento! Cúmplase primero y luego ya veremos.

El punto al que quiero llegar trasciende, sin embargo, esta permanente guerra de trincheras entre estos dos partidos. Sobre todo, porque son los que más presumen de sentido de Estado y de respeto a la Constitución. A ambos se les viene ahora encima de nuevo la cuestión de la monarquía. La revitalización del debate en torno al CGPJ ha coincidido con la filtración de las pesquisas de la fiscalía del TS sobre el rey emérito. Habrá que ir viendo los siguientes pasos, pero no está el horno para bollos, vamos a entrar en lo que seguramente sea, junto con el desafío catalán, el momento más delicado para las instituciones del 78. Si hemos de guiarnos por lo visto en el anterior debate, nos esperan más enfrentamientos cruzados y, probablemente, una defensa de las instituciones contaminada por intereses partidistas. El consenso de antaño ha devenido en un crudo disenso metodológico.