El PP vuela los puentes para la renovación del Poder Judicial

Los puentes han saltado por los aires y la partida parece haber vuelto a la casilla de salida. El cambio de ministros encargados de la negociación del Poder Judicial ―el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la de Justicia, Pilar Llop― y el inicio del curso político tras las vacaciones no han favorecido una aproximación entre los dos grandes partidos para renovar el Poder Judicial, que ha cumplido esta semana más de mil días de parálisis. Al contrario: la relación entre el PP y el PSOE ha vuelto a estallar el segundo día de septiembre a cuenta de este asunto de trascendencia constitucional y el acuerdo parece de nuevo imposible. El presidente del PP, Pablo Casado, escenificó la ruptura de puentes pidiendo este jueves el cese del ministro Bolaños, el hombre con el que se supone que los populares debían negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. “Ya no es un interlocutor válido”, sentencian fuentes de la dirección del PP. El PSOE acusa al líder popular de “manipular” las palabras del ministro.

El presidente del PP reclamó el cese de Bolaños en términos muy duros tras unas declaraciones del ministro en una entrevista en la Cadena SER en las que este defendió el modelo vigente de elección de los jueces, y se opuso al sistema que propone el PP. Casado extrajo dos fragmentos de la entrevista descontextualizados para cargar contra el ministro. “Bolaños debería ser cesado por su ataque a la democracia y al Estado de derecho”, escribió el líder popular en un mensaje en Twitter, en el que entrecomilló parte de las palabras del ministro. “No se pueden hacer compartimentos estancos con los poderes del Estado” y “los jueces no pueden elegir a los jueces”. Según el PP, fue el Gobierno el que “voló los puentes” cuando Bolaños se opuso con tanta contundencia al cambio de modelo.

El ministro había argumentado que el Poder Judicial debe tener “base democrática”, y esta se consigue con la participación del Parlamento en la elección de los miembros de su órgano de gobierno, como ocurre en el sistema vigente. “En un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos: a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado”, dijo Bolaños en la Cadena SER. El Gobierno se opone a la reclamación del PP de que sean los jueces los que elijan a los vocales del Consejo porque las Cortes dejarían de participar en el proceso. “En un Estado de derecho, en una democracia como la nuestra, tan importante es el poder judicial como el poder ejecutivo como el legislativo, y todos derivan del voto libre de 47 millones de ciudadanos. No podemos hacer compartimentos estancos en los distintos poderes”, expuso Bolaños.

Para el PP, esas declaraciones son inadmisibles y Casado les concedió la máxima gravedad, según explican fuentes de su dirección. Al PP le molesta no solo la argumentación, sino la presión del Gobierno, que califica de “campaña de ataque permanente al PP”. “Bolaños dedicó la mesa del Consejo de Ministros a cargar contra el PP, y este jueves de nuevo una entrevista dedicada a atacarnos”, se quejan en el equipo de Casado. “Hasta aquí hemos llegado”, advierten las mismas fuentes. “A Bolaños se le ha caído la careta de hombre moderado. No se puede pretender iniciar una negociación como elefante en cacharrería”, insisten en el PP sobre el nuevo hombre fuerte de Sánchez, al que ven amortizado como interlocutor.

La petición de Casado a Pedro Sánchez de que cese al ministro Bolaños no deja lugar a dudas: el PP no ve opciones de pacto. Políticamente, el mensaje es clarísimo. Con esa escenificación, Casado transmite al Gobierno el mensaje de que no tiene ningún problema en que el Poder Judicial continúe bloqueado el tiempo que haga falta. Que son ellos quienes tendrán que ceder. El líder del PP ha tomado la decisión de resistir a la presión del Ejecutivo y solo renovará si el PSOE acepta sus exigencias. La principal, ahora (hace unos meses el PP exigió también que Unidas Podemos quedara fuera del acuerdo y que saliera de la terna el juez del caso Gürtel José Ricardo de Prada), es que el pacto incluya un cambio en el método de elección para que los jueces elijan a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial, en lugar de las Cortes como sucede ahora. De ahí no se va a bajar. Casado llegó a hablar de “totalitarismo inadmisible” del titular de Presidencia.

El PP siente la presión también de Vox en este asunto. El partido de Santiago Abascal defiende el cambio de modelo para que los jueces elijan a 12 de los 20 vocales y rechaza “repartos partidistas” que “buscan la colonización política de todos los poderes del Estado”. Los populares no quieren que la extrema derecha gane puntos reprochándoles un posible acuerdo con el PSOE en este ámbito y por eso quieren blindar de ataques el hipotético pacto con una reforma al mismo tiempo del sistema para que los jueces elijan a los miembros del Consejo. El problema es que los socialistas no la ven.

“Manipulación” de las palabras de Bolaños

El PSOE acusó a Casado de “manipular las palabras” de Bolaños. El PP no arremetía con tanto ímpetu contra el ministro de Presidencia, el nuevo hombre fuerte del Gobierno —con permiso de Óscar López, que relevó a Iván Redondo como jefe de gabinete— desde la remodelación del Ejecutivo a mediados de julio. Pero no había llegado a pedir su dimisión. Fuentes de Ferraz recordaron que el bloqueo en el órgano de control de los jueces superó el lunes los mil días.

El Gobierno también entiende que el PP está aprovechando el interés que suscita la parálisis en el Poder Judicial para desviar la atención del bloqueo que mantiene en otras instituciones. El cambio que Casado antepone en la elección de los vocales del órgano de los jueces no es aplicable en la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El punto en que sí coinciden es en que deben contar con el respaldo de tres quintos de las Cortes, pero el formato para seleccionar a sus integrantes varía. El Gobierno impulsó una modificación para que bastase con mayoría absoluta para desbloquear el impasse en el Consejo General del Poder Judicial, hasta que el PSOE renunció a seguir adelante —Unidas Podemos es partidario de retomarlo— tras las advertencias de la Comisión Europea.

Mientras tanto, el tiempo pasa sin que nada cambie, manteniéndose un statu quo que según el PSOE y Unidas Podemos beneficia a los conservadores. Los dos socios del Gobierno de coalición creen que el PP quiere aprovechar la mayoría en algunos de estos órganos con vistas a los procesos judiciales en que están inmersos antiguos dirigentes del PP en casos como Kitchen, Lezo o Púnica. En el equipo de Casado señalan que, más allá de la situación en el Poder Judicial, tienen disposición para renovar el resto de órganos constitucionales pendientes. Pero contraponen que no ha habido contactos con el Gobierno.

Entretanto, 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional tienen el mandato caducado desde hace año y medio. El próximo tercio se debería renovar el año que viene: dos corresponderían al Poder Judicial y dos al Gobierno, pero ahora mismo no hay visos de que suceda. Para complicar aún más el escenario, el 23 de julio finalizó el mandato por nueve años de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, donde los conservadores también son mayoría. Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo (PSOE), ha ejercido todo su mandato en funciones desde el 20 de julio de 2017, cuando asumió el cargo tras la renuncia de Soledad Becerril (PP).