Una apuesta arriesgada

Para finales de 2021 el déficit fiscal en Colombia podría estar por encima del 8%, la deuda pública por encima del 60% y la tasa desempleo en dos dígitos, afectando más a mujeres que hombres. Esa es la magnitud de la crisis económica en el país. Con dicho panorama, y ante una crisis económica larga, el Gobierno de Iván Duque habría tomado la decisión de tramitar una nueva reforma tributaria.

Lo que se ha conocido hasta hoy es que la reforma tendría cuatro ejes. Por un lado, gravar o terminar de colocarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta familiar. Actualmente, en Colombia, cerca del 60% de la canasta familiar tiene el IVA, algunos productos con el 19% y otros con tarifas diferenciales del 5%. La nueva reforma significaría castigar a los más pobres y contraería el consumo. En segundo lugar, bajar la base gravable del impuesto a la renta, es decir, hacer que más personas paguen dicho impuesto. En tercer lugar, gravar las pensiones altas y, por último, quitar algunas pocas subvenciones.

El Ejecutivo de Duque, en 2018 y luego en 2019, aprobó dos reformas tributarias denominadas ley de financiamiento. Buscaban, según el Gobierno, propiciar el crecimiento económico. Para ello se redujo el impuesto a los más ricos: la teoría del famoso rebosamiento. Según algunos sectores y expertos económicos si a los ricos se les hace más ricos, como un vaso que se llena de agua que se rebosa, al final ese rebosamiento se traduce en mayor inversión en la economía, empleo y mayor productividad y consumo. Esta teoría es bastante cuestionable y son muy pocos quienes creen en su eficacia. De hecho, durante todo 2019, a pesar de la reforma, el desempleo siguió aumentando y no descendió.

En gran parte del mundo esta teoría del rebosamiento ha sido cuestionada y a pesar de ello la Administración Duque sigue creyendo en ella. En todo caso, más allá de lo cuestionable de su modelo, surgen, al menos, tres preguntas. La primera es si en el Congreso se dará viabilidad a dicha reforma, más aún cuando se está a un año de las elecciones. Será difícil que los congresistas asuman ese costo. En segundo lugar, en imagen el Ejecutivo de Duque está mal calificado, su gestión de la pandemia ha sido cuestionable y criticada por expertos, por ende, una reforma tributaria que implica ponerle IVA a varios productos de la canasta familiar tendrá unos costos altos, tanto para la imagen del Gobierno, como para su partido. Cuáles serán esos costos, esa es otra pregunta central.

Una tercera duda es sobre el impacto de esta reforma en el proceso electoral de 2022. Como se sabe, en marzo del próximo año serán las elecciones al Congreso, en mayo la primera vuelta presidencial y en junio la segunda. Esta reforma tributaria se aprobaría sobre el mes de junio, a tan solo nueve meses de las elecciones al Congreso, en un momento en que la imagen del legislativo es de las peores y cuando todos los expertos esperan una debacle de la mayoría de los partidos tradicionales. Dicha aprobación podría significar la profundización de la crisis de esos partidos.

Incluso, habría una cuarta pregunta: se refiere a la propia lógica del Gobierno nacional. Ellos saben que es muy difícil que se apruebe dicha reforma y el riesgo electoral es alto, entonces la pregunta es por qué lo hacen. Por qué asumen dicho riesgo. No es clara la respuesta en este punto, lo cierto es que, con la reforma, el Gobierno de Iván Duque pone mucho en juego, tanto para el propio ejecutivo como para la coalición de Gobierno.

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