6.402 razones más

Una de las frases que se utiliza en cualquier contexto es: “la historia se encargará de juzgarlo”. Tal vez esto aplica para el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Para muchos, es un salvador de Colombia, con un legado histórico y que marcará muchas generaciones. Pero para la mayoría de los colombianos hay una imagen negativa del expresidente, y su pasado se liga más a temas ilegales que a asuntos heroicos. El listado de cuestionamientos es amplio y cada vez pesan más sobre su espalda y la de su partido.

En la última semana, la Jurisdicción Especial para la Paz, el órgano surgido del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, con el objetivo de esclarecer los hechos que se cometieron en el marco del conflicto y que busca satisfacer a las víctimas en materia de verdad y justicia, emitió un auto que daba una cifra espantosa. En los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, se habrían cometido al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales, conocidos popularmente como casos de falsos positivos. Eso significa que las fuerzas militares habrían asesinado a 6.402 civiles inocentes y los habrían hecho pasar como guerrilleros, todo esto con el objetivo de elevar la cifra de eficacia en el combate a las guerrillas.

Dos comparaciones son interesantes. Por un lado, en la dictadura de Pinochet, en Chile, se asesinaron y desaparecieron forzosamente alrededor de 3.100 personas, en un periodo de 17 años. La cifra en Colombia es el doble, en la mitad del tiempo y en una democracia. El otro dato, el más increíble, es que, según el Ministerio de Defensa, entre los años 2002 y 2008 las bajas a los grupos subversivos, en total, sumaron 12.899. Lo cual significaría que prácticamente la mitad de esa cifra fueron ejecuciones extrajudiciales. Hechos que se cometieron en casi todo el país, por múltiples brigadas y batallones, es decir, fue una práctica sistemática.

Este caso de ejecuciones extrajudiciales viene a cerrar un ciclo de escándalos que rodean al expresidente Álvaro Uribe. Por ejemplo, Uribe gobernó con la denominada bancada de la parapolítica, es decir, los congresistas que fueron elegidos con el apoyo de grupos narcoparamilitares. Fueron decenas los congresistas que eligieron estos grupos y todos ellos fueron de la coalición de Gobierno. De hecho, el primo del expresidente Uribe, el señor Mario Uribe, fue condenado por estas relaciones y era uno de los congresistas más cercanos al exmandatario. Por otro lado, el DAS o Departamento Administrativo de Seguridad, que era algo así como la CIA colombiana, le fue entregada como cuota burocrática a los grupos paramilitares. El director fue Jorge Noguera y de allí salían listados de personas a matar por grupos paramilitares. Incluso, son tantos los casos que rodean al expresidente que su reelección fue aprobada en el congreso con mecanismos corruptos, el famoso caso de la yidispolítica lo explica todo.

La estrategia de Álvaro Uribe de renunciar al senado para evitar que la Corte Suprema lo juzgue, o su ataque desmedido y violento contra la JEP, son leídos por la población como las actuaciones de una persona que quiere evadir la justicia. Al final, la narrativa sobre Álvaro Uribe, en la actualidad, es más negativa que positiva. A ello se le suma la mala evaluación que se hace sobre el presidente Duque, su gestión ha sido de las peor calificadas por la población colombiana, al menos así lo dicen varios resultados de encuestas.

No queda claro el futuro del uribismo y, en concreto, del partido de Gobierno, el Centro Democrático, pero todo indicaría que la derecha colombiana debe pensarse más allá de Álvaro Uribe. Pensionar o jubilar un líder como él no será tarea fácil, tal vez el escenario más probable es que Álvaro Uribe inmolará a la derecha en su afán de defenderse judicialmente. Todas sus actuaciones se explican bajo una estrategia de defensa judicial.