Urge actuar

El mercado laboral sufrió un serio revés el pasado mes de febrero. Los datos señalan que, por primera vez en cinco años, más de cuatro millones de personas están ya en paro. Las cifras de afiliación tampoco fueron buenas. Además, hay más de 900.000 trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo sobre el que el Gobierno ha cimentado el escudo social para ayudar a empresas y trabajadores a superar esta crisis y evitar despidos masivos. Los créditos ICO avalados por el Estado también han servido para que las empresas pudieran encajar mejor el golpe hasta ahora. Pero el mercado laboral muestra síntomas de que esta red de seguridad para proteger el tejido productivo resulta insuficiente.

A pesar del batacazo inicial tras el estallido de la pandemia, el mercado laboral había sorprendido durante los últimos meses por su resistencia. Hasta ahora, las cifras de paro y empleo mejoraban incluso las de algunos ejercicios anteriores, en los que España estaba en pleno proceso de recuperación tras la crisis financiera. Pero la tercera ola de la pandemia ha golpeado al mercado laboral más de lo que lo hizo la segunda. Las restricciones de movilidad impuestas por las comunidades autónomas para tratar de frenar los contagios de coronavirus han asestado un severo golpe.

Tras un año de resistencia, el sufrimiento de las empresas y familias más expuestas es extremo. Cada vez son más los comercios que tienen que bajar la persiana. Y cada día son más largas las colas en los bancos de alimentos. Los datos del mercado de trabajo de febrero publicados ayer no son un oscuro espejismo aislado: la Autoridad Fiscal (Airef) pronosticó ayer mismo una caída del PIB del 1,3% durante el primer trimestre de este año. En el segundo, no es de esperar una Semana Santa de gran actividad. Esto se acumula a un 2020 en el que España se situó en el furgón de cola europeo en cuanto a desempeño económico.

Ante este escenario, se hace evidente que el Gobierno debe intensificar los apoyos —y que va con retraso en esa tarea—. En el plano social urge mejorar la gestión del ingreso mínimo vital para que la prestación llegue por fin a más familias que la necesitan y evitar un sufrimiento social que no es aceptable. En el plano económico, al igual que están haciendo otros países europeos, es preciso dar un fuerte apoyo al sector privado, incluidas ayudas directas a las empresas que sean solventes. Aumenta el riesgo de que las empresas exhaustas y sin apenas fuerzas para retomar la actividad (y la contratación) no puedan recuperarse cuando se despeje el horizonte conforme se disipe la tercera ola y se avance en la vacunación.

El Gobierno debería concretar cuanto antes en qué consiste el plan de ayudas de 11.000 millones que anunció —desafortunadamente, sin tenerlo atado al parecer— el presidente Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, e incluir en él ayudas directas para las empresas solventes. Ya no hay margen para titubeos, se hace tarde. Un año de pandemia ha agotado los márgenes de resistencia de tantas familias y empresas, y los meses de sufrimiento que quedan por delante pueden acarrear un precio muy elevado. El colapso económico español no es culpa del Gobierno; pero suya es la responsabilidad principal en aliviarlo. Lo hecho hasta ahora es insuficiente.