Digerir la deuda

Como era previsible, la estimación que acaba de difundir el Banco de España sobre la deuda pública da cuenta de un ascenso de esta sin precedentes. Siendo algo inferior a las previsiones que se hicieron al inicio de la pandemia, la deuda de todas las Administraciones Públicas ha alcanzado el 117,1% del PIB. No es el valor más elevado de la UE, pero esto no puede justificar su desplazamiento de las prioridades de la acción política a medio plazo, una vez la recuperación económica esté asentada.

En la relación entre la deuda total, 1,311 billones de euros, y el PIB influye sobremanera la contracción de este último, del 11% en 2020, la más pronunciada de la UE. El desplome del crecimiento económico se ha visto igualmente influido por el colapso de los servicios, más concretamente del turismo, y por la escasa capacidad defensiva de un sector dominado por microempresas. Esas razones por sí solas explicarían el descenso de la recaudación tributaria y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, el uso de recursos públicos para amortiguar los daños, suministrando financiación a las empresas, subsidiando el mantenimiento del empleo o apoyando la atención sanitaria, explica que el déficit y la deuda hayan alcanzado niveles récord. Y esto, a pesar de que el Gobierno español no ha sido el que más ha gastado en esas medidas para paliar la crisis global.

Del deterioro de las finanzas públicas han dado cuenta las instituciones internacionales, pero al mismo tiempo han advertido de que su saneamiento tiene que quedar supeditado a la inequívoca recuperación de las economías. Así lo entienden también el BCE y la Comisión Europea. Esta última ya relajó al inicio de la pandemia las restricciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y mantiene su insistencia en no bajar la guardia ante el riesgo de nueva recesión. De hecho, la mayoría de los Gobiernos siguen aplicando financiación a paliar los destrozos y garantizar la reactivación. La política del BCE facilita que esos aumentos de deuda sean compatibles con costes de financiación históricamente reducidos.

Explicar las causas de ese deterioro no puede significar inhibirse de su saneamiento a medio plazo, una vez asentada la recuperación económica. Por eso es necesario disponer de un plan de reducción de ese desequilibrio en los próximos años. No será un ejercicio cómodo, especialmente si se atenúan las compras de bonos públicos por el BCE y los inversores privados exigen remuneraciones más elevadas. Para hacer creíble ese saneamiento, la principal exigencia es un crecimiento económico suficiente para generar ingresos públicos, reducir los apoyos a las empresas y al empleo y, no menos importante, elevar el denominador de esa ratio entre deuda pública y PIB.

Ese plan debería formar parte de las reformas destinadas a conseguir todos los efectos favorables esperados de la disposición de fondos europeos para la recuperación. Su eficacia, tanto ante las instituciones como los inversores privados, sería mayor si se enmarcara en un amplio acuerdo político. El carácter plurianual de los fondos procedentes de la UE y del plan de reformas y de saneamiento de las finanzas públicas justifica que la mayoría del arco parlamentario español haga suyos esos objetivos de solidaridad intergeneracional y, en definitiva, de modernización de la economía. No hay otra forma de digerir la deuda pública, y la no menos preocupante deuda privada.

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