El Supremo de Estados Unidos se inclina por rechazar la demanda de México contra los fabricantes de armas

Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinan por rechazar la demanda de México contra los fabricantes de armas de fuego, a tenor de la vista oral celebrada este martes en Washington. Deducir las posiciones de los magistrados a partir de sus intervenciones en una vista oral es arriesgado, pero una mayoría de jueces no parece ver una relación suficientemente próxima entre las políticas de comercialización de los fabricantes y los crímenes cometidos en México por los cárteles de la droga. Es uno de los casos estrella de este curso judicial. La sentencia se conocerá previsiblemente en junio.

Los recursos ante el Supremo de Estados Unidos se presentan en forma de preguntas. Y en este caso los magistrados debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en EE UU es la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México. Segundo, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivale a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal de las mismas porque las empresas que las fabrican y comercializan supuestamente saben que algunos de sus productos son objeto de tráfico ilegal.

“Si México tiene razón, entonces todas las organizaciones policiales de Estados Unidos han pasado por alto la mayor conspiración criminal de la historia que opera justo delante de sus narices, y Budweiser es responsable de todos los accidentes causados por bebedores menores de edad, ya que sabe que los adolescentes comprarán cerveza, conducirán borrachos y tendrán accidentes”, dijo Noel Francisco, el abogado que defiende a las empresas de armas, a los jueces.

Algunos jueces se hicieron eco de esta preocupación. “Muchos vendedores y fabricantes de productos comunes saben que van a ser mal utilizados por un subconjunto de personas”, argumentó el juez conservador Brett Kavanaugh. “Así que esa es una preocupación real, creo, sobre aceptar su teoría de la responsabilidad por complicidad”, añadió.

La tarea del Tribunal Supremo es simplemente decidir si el caso puede seguir adelante, argumentó Catherine Stetson, la abogada que defiende a México. “Estamos aquí en el principio del principio. (...) Se debe dar a México la oportunidad de presentar su caso”.

El Gobierno mexicano demandó a Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock, Colt y otros fabricantes y distribuidores para hacerlos responsables de los daños infligidos por los cárteles de la droga mexicanos. Según México, las empresas estadounidenses de armas de fuego han llevado a cabo una serie de prácticas comerciales durante décadas —desde la venta de rifles semiautomáticos hasta la fabricación de cargadores con capacidad para más de diez cartuchos, pasando por la no imposición de diversas restricciones de venta— que han creado una oferta de armas de fuego que posteriormente se introducen de contrabando a través de la frontera y que, en última instancia, son utilizadas por los cárteles para cometer delitos. México pide miles de millones de dólares en daños y perjuicios, además de una amplia medida cautelar que imponga nuevas medidas de control de armas en Estados Unidos.

El tribunal de distrito había desestimado el caso en virtud de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que generalmente prohíbe las demandas contra empresas de armas de fuego basadas en el uso indebido de sus productos por parte de delincuentes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revocó esa decisión con una sentencia que permitiría que el caso siguiese adelante. Los fabricantes de armas recurrieron al Supremo, que admitió el caso a trámite y ahora deberá pronunciarse sobre si el caso puede ir a juicio o debe desestimarse de raíz.

Aunque durante la vista celebrada este martes durante unas dos horas en Washington ha habido momentos en que los jueces han parecido entender algunos de los argumentos de México, por lo general han parecido escépticos sobre las posibilidades de que el caso prospere. La jueza conservadora Amy Coney Barrett se preguntó por qué México no demandó a determinadas armerías cuando esos minoristas eran “la causa más inmediata del daño”.

La progresista Elena Kagan tampoco pareció convencida por el argumento de la complicidad de los fabricantes por distribuir las armas a través de minoristas que las venderían a compradores que planeasen traficar con ellas. “Lo que no tienen son distribuidores concretos, ¿verdad?”, dijo.

La progresista Ketanji Brown Jackson expresó su preocupación por el hecho de que México esté buscando una reparación que los tribunales estadounidenses no pueden autorizar, pues los cambios en las prácticas de distribución y comercialización que exigiría México no han sido aprobados por el Congreso. “Supongo que me pregunto si la propia PLCCA nos está diciendo que no queremos que los tribunales sean los que elaboren soluciones que equivalgan a una regulación de este sector”, dijo.

El juez conservador Samuel Alito presionó a la abogada de México para saber si la teoría jurídica podría utilizarse realmente en su contra. “Hay estadounidenses que piensan que los funcionarios del Gobierno mexicano están contribuyendo a muchas conductas ilegales aquí. Así que supongamos que uno de los 50 estados demandara al Gobierno de México por ayudar e instigar conductas ilegales dentro de las fronteras del estado que hacen que el estado incurra en costes de aplicación de la ley, costes de bienestar social y otros costes”, indicó.

Los caprichos del calendario han querido que la vista haya coincidido con el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y México en la que el Gobierno de Donald Trump alega que su vecino del sur no hace lo suficiente por combatir el tráfico de drogas. El Gobierno mexicano, mientras, se queja de que los cárteles se hacen con un arsenal de armas compradas en Estados Unidos.