“Lo que más ocupo son los ‘chivitos”: cómo Estados Unidos inunda de armas a México

“Lo que más ocupo son los chivitos y los cacahuates para el chivito”. Apenas pasa de la una de la tarde cuando se da la llamada. En un lado de la línea está una mujer identificada como Fernanda, que se dedica a conseguir armas para los carteles. Le acaban de pasar un nuevo contacto. Busca rifles AK-47, conocidos en México como cuernos de chivo, y sus cacahuates (municiones), pero quiere saber qué más hay en el menú. Le interesa ver si hay ametralladoras M-240, históricamente populares entre las fuerzas de la OTAN y el ejército estadounidense, pero también entre los grupos criminales. Pregunta también por pistolas “Glock y aparatos grandes”, de alto calibre.

“Mire, se lo puedo conseguir”, contesta el contacto en Estados Unidos, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. “Mándeme a alguien, le puedo enseñar el inventario que está a la mano en ese momento, porque el rollo también sería que tengo que pagar flete, pa’ que me lo traigan a… ¿En dónde lo quiere usted? ¿El Paso? ¿Laredo?”, pregunta el intermediario. Ambos lados tantean si pueden confiar en el otro, si el trato va en serio. Construir esa relación toma tiempo, pero al final logran ponerse de acuerdo.

En un par de semanas, ella enviará a dos personas a la frontera de Texas. El contacto y un chófer de confianza los esperarán en el estacionamiento de una tienda de conveniencia o de un restaurante de comida rápida —un sitio público, pero donde no haya muchas miradas—, revisarán que traigan la suma acordada y harán la entrega de la mercancía de forma discreta, un par de calles más adelante. “Me siguen, vamos a la bodeguita y ahí va estar todo. Solo hay que estar seguros para traer el material y la feria [el dinero]”, dice el hombre. “Okay, ándele pues, ojalá sigamos trabajando mucho tiempo”, responde Fernanda. El trato se cierra por 63.000 dólares a cambio de 20 cuernos de chivo y dos rifles Barrett calibre 50, a pesar de que nunca se han visto las caras. Ella no lo sabe, pero su contacto es un agente encubierto.

Después de meses de tensiones, México vio la luz al final del túnel de la guerra arancelaria anunciada por Donald Trump. Claudia Sheinbaum alcanzó un acuerdo para aplazar la imposición de tarifas por un mes, a cambio de desplegar 10.000 militares en la frontera. Sheinbaum sacó pecho al esquivar un golpe severo al comercio y plantear en la mesa de negociaciones que Washington tome acciones más contundentes contra el tráfico ilegal de armas. “Por primera vez, el Gobierno de Estados Unidos dice: ‘Vamos a trabajar conjuntamente para evitar que las armas de alto poder entren a México”, señaló el lunes.

Entre un 70% y un 90% de las armas en México vienen de Estados Unidos, según las autoridades. “Es un fenómeno de oferta y demanda”, explica Ieva Jusionyte, académica de la Universidad de Brown. “En Estados Unidos hay una enorme demanda de drogas y una gran oferta de armas, y en México funciona al revés”, señala la autora de Heridas de salida: cómo las armas de EE UU alimentan la violencia a lo largo de la frontera.

Hay otro factor clave detrás del tráfico ilegal. En México solo hay una tienda que distribuye armas, a cargo del Ejército. En Estados Unidos, más de 75.000. “De un lado es ilegal y del otro, legal”, apunta Carlos Pérez Ricart, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. “En Estados Unidos es más fácil comprar un cuerno de chivo que una botella de alcohol o unos cigarros si tienes menos de 21 años”, comenta.

Gracias a la mano invisible de los mercados ilícitos, la guerra contra el narco se ha convertido en un negocio multimillonario. La industria produce el doble de armas que hace 25 años y ha vendido más de 106 millones de unidades desde 2017, según la ATF, la agencia reguladora de Estados Unidos. En tanto, entre 200.000 y 500.000 armas cruzan la frontera cada año de forma ilegal, de acuerdo con estimaciones oficiales.

En 2021, el Gobierno mexicano anunció una demanda sin precedentes contra los gigantes de la industria armamentística, el primer eslabón de la cadena de tráfico. Las autoridades reclaman prácticas comerciales negligentes y exigen una indemnización cercana a los 10.000 millones de dólares. El litigio está detenido en una corte de Boston y su futuro está en manos del Supremo estadounidense, que definirá este año si México puede superar el blindaje legal que protege a los grandes productores. Otra demanda en Arizona, presentada contra los distribuidores, avanza por un carril separado desde 2022. Glock, Beretta, Smith & Wesson y Colt están entre las marcas más comunes en los decomisos al sur de la frontera. También encabezan la lista de las compañías demandadas.

“Aquí lo estoy esperando, me acaban de dar su número”. El agente encubierto está impaciente. Fernanda envió a dos hombres a El Paso para hacer el trato, pero llevan cuatro horas de retraso. Cuando uno de ellos le dice que están cerca, las autoridades empiezan a movilizarse. “Ok, muchachos, prepárense”, advierte. Minutos más tarde, se concreta la transacción y el arresto.

“Una vez que ya entregara el dinero, el otro iba a recoger las armas y llevarlas a México”, admite uno de los detenidos, en medio de un intenso interrogatorio. Los agentes presionan para que delate a sus socios, pero el hombre teme que maten a su familia y exige garantías antes de hablar. “Si traes a mi esposa y a mi hijo para acá, te digo para dónde van, de quién son y cómo se las llevan”, promete. Finalmente, no hay acuerdo y la conversación se vuelve evidencia en un juicio. En septiembre pasado, el acusado fue sentenciado a 25 años de cárcel. Otros dos cómplices se declararon culpables. Fernanda sigue prófuga.

“El tráfico de armas suele tener mucha más gente involucrada que el narcotráfico”, señala Jusionyte. La modalidad más común de tráfico inicia con una venta legal a través de prestanombres. “Las personas que compran normalmente son ciudadanos americanos: un amigo o un conocido que compra una pistola para alguien más a cambio de una comisión”, apunta la investigadora.

Muchas veces son personas de a pie, sin antecedentes penales, que no levantan sospechas. “Después, esa gente pasa las armas a otros intermediarios, a veces transportistas, mensajeros o quienes tienen contacto directo con los carteles y corren más riesgos”, agrega. “Los compradores originales casi nunca tienen idea de adónde van esas armas”.

Otras fuentes comunes son las ferias (gun shows), donde se promocionan y venden las armas de forma abierta, sin mayores restricciones para los compradores. Se organizan alrededor de 5.000 eventos de este tipo cada año en Estados Unidos, 100 cada fin de semana, según la Asociación Nacional de Armas.

A veces, los carteles acuden a redes sociales o foros de internet, donde clientes privados revenden sus productos, venden las armas por partes (sin ensamblar) u ofrecen las llamadas “armas fantasma”, fusiles de fabricación casera o hechos en impresoras 3D, sin regulación ni número de serie para ser rastreadas. Hay también armas robadas o supuestos casos de corrupción en las fuerzas del orden, aunque representan menos del 10% de los casos.

En ocasiones, no hace falta recurrir a los esquemas ilegales. Se puede ir directamente a las páginas de los fabricantes, donde algunas compañías han tenido campañas publicitarias con trasfondo bélico y motivos mexicanos, parte central de la demanda de México. “Es una cadena de negligencias, donde cada eslabón decide mirar a otro lado”, afirma Alejandro Celorio, que encabezó el litigio hasta octubre pasado.

Cada miembro de la cadena obtiene ganancias distintas. Un traficante de Ohio condenado el año pasado vendía un rifle AR-15 o una carabina M-4 por 3.000 dólares y un AK-47 por 4.500 dólares. Un vendedor de Texas ofrecía “armas fantasma” por 2.000 dólares. En cambio, un contrabandista atrapado la semana pasada obtenía sólo 100 dólares por cada fusil que cruzaba a México.

Casi siempre hay armas donde hay drogas. La célula de Fernanda aprovechaba los viajes: llevaba metanfetaminas desde México y reinvertía las ganancias para comprar arsenales en Estados Unidos. “Las armas son lo que permite a las organizaciones en México diversificar su portafolio criminal y no sólo dedicarse al narcotráfico”, asegura Pérez Ricart. Son también un factor poderoso para explicar por qué muchos deciden migrar. “Sin armas no hay secuestro ni cobro de derecho de piso [extorsión]”, agrega. “Sin armas no hay crimen organizado”.

Las armas también propician que haya más armas y de mayor calibre. “La principal preocupación del Gobierno de México es la espiral de violencia ascendente”, señala Celorio. “Si un delincuente tiene un arma, su rival va a querer tener otra más poderosa y las autoridades también van a tener que incrementar su poder de fuego… es una carrera armamentista, el combustible de la maquinaria de todos los tráficos”, afirma el exfuncionario.

Solo 10 condados concentran el 60% del tráfico hacia México. La mayoría están en Texas y Arizona, cercanos a la frontera, pero también donde las regulaciones son más laxas. Otros están cerca de la zona fronteriza de California, un punto de confluencia del tráfico interestatal, o en regiones del noreste de Estados Unidos, donde algunos fabricantes tienen sus sedes, explica Celorio.

Las principales rutas de tráfico están claramente delimitadas en el último informe de la ATF y hay una correlación clara: los Estados mexicanos más azotados por la violencia son también los que recuperan más armas traficadas desde Estados Unidos. La mayoría de esas armas fueron vendidas originalmente en territorios estadounidenses con leyes laxas para la venta de armamento.

Los corredores más importantes son de Arizona a Sonora y de Texas a Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato. Baja California, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas también aparecen entre los primeros 10 lugares. Todas son, a su vez, entidades con alta presencia del Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco Nueva Generación. Ocho de cada 10 armas aseguradas en México fueron en Estados donde esos carteles están presentes, según la ATF. Prácticamente, todos los Estados de EE UU aparecen como puntos de origen, desde Alaska hasta Hawái.

El impacto también es evidente. Siete de cada 10 víctimas de homicidio doloso en México fueron asesinadas el año pasado con armas de fuego, casi 22.000 personas, según datos oficiales. “El mayor predictor de la violencia en el país es si recibiste un disparo de bala, aunque no mueras”, afirma Pérez Ricart. “Ese individuo es con mucha probabilidad quien va a disparar un arma de fuego o quien va a recibir otro disparo”.

Al margen de las demandas en los tribunales, el tráfico de armas es un argumento recurrente de México hacia Estados Unidos. La crisis de los aranceles no ha sido la excepción. A pesar de que Sheinbaum dijo que Trump se mostró receptivo, el tema se quedó fuera de los comunicados oficiales de la Casa Blanca sobre la prórroga a las tarifas. Washington se centró, en cambio, en la crisis migratoria y los flujos de fentanilo, y predomina un enorme escepticismo sobre la disposición real del presidente entrante de colaborar contra la violencia armada.

“Me cuesta trabajo imaginar que Trump haga algo contra las armas”, señala Jusionyte. Celorio es optimista sobre lo que se ha conseguido en los últimos años, como la ley impulsada por Joe Biden en 2022 para limitar el acceso a armas de alto calibre y reconocer por primera vez el tráfico como un delito federal, pero admite que la visión predominante considera que tomar acciones es “costoso políticamente”, ante el enorme poder de la industria y el derecho constitucional a portar armas. “Son actores que han financiado varias campañas y que están muy en el centro de MAGA [el movimiento político de Trump]”, comenta Pérez Ricart. “Estados Unidos prefiere convertir a México en un chivo expiatorio que cuestionarse lo que ha hecho mal”.

Los especialistas coinciden en que es una estrategia diplomática loable, aunque afirman que queda mucho por hacer, porque la mayoría del público estadounidense no sabe que la guerra al sur de la frontera se pelea con sus armas. “México no tiene muchas cartas y se sienta en la mesa de negociación con alguien que no respeta los acuerdos”, señala el investigador. “Pero el impacto del tráfico es un argumento demoledor e incuestionable”.