El futuro de la demanda de México contra la industria de las armas, en manos del Supremo de Estados Unidos

La demanda de México contra los gigantes de la industria armamentística vive horas críticas. La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este viernes una solicitud de Smith & Wesson e Interstate Arms, dos de las empresas demandadas, para revisar si las reclamaciones del Gobierno mexicano suponen una violación a la soberanía y a las leyes de ese país que blindan a las armerías de pleitos legales. Una decisión del Supremo a favor de las compañías pondría fin a más de cuatro años de esfuerzos de las autoridades mexicanas para llamar a cuentas a los fabricantes por la ola de violencia homicida que azota al país latinoamericano desde hace casi dos décadas.

La petición para que la Suprema Corte, de mayoría conservadora, atrajera el caso fue presentada en agosto pasado. A principios de ese mes, el tribunal de Massachusetts donde México presentó la demanda en 2021 decidió que no era procedente contra seis de ocho compañías demandadas en un primer momento, al argumentar que esa corte no tenía jurisdicción para resolver el asunto. México culpa a las empresas de prácticas comerciales negligentes y de facilitar el acceso a sus productos a grupos criminales, por lo que exige una indemnización en el orden de los miles de millones de dólares. Las autoridades mexicanas aseguraron que que decenas de miles de armas son traficadas cada año desde Estados Unidos, entre un 70% y un 90% de los fusiles en el país.

Las dos compañías restantes, Smith & Wesson y la tienda Interstate Arms, presentaron la solicitud con el argumento de que el litigio y una eventual reparación del daño los dejaría prácticamente en bancarrota. “Miembros líderes de la industria armamentista estadounidense se están enfrentando a años de costosos litigios y a un espectro de deudas que destrozarían sus negocios”, se lee en el escrito. Las armerías defienden que están blindadas por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una norma impulsada durante la Administración de George W. Bush, que protege a las empresas de cualquier reclamo que llegue a los tribunales bajo el argumento de la seguridad nacional. “El Congreso dejó claro con PLCAA que este tipo de guerra legal contra cualquier miembro de la industria de las armas que respeta la ley no tiene lugar en las cortes estadounidenses y debe ser desechada inmediatamente”, señalan.

México sostuvo que el Supremo no debía intervenir hasta que la Corte de Massachusetts resolviera de manera definitiva una serie de asuntos que siguen pendientes, como la propia solicitud de los demandados para desechar el caso. El Alto Tribunal, sin embargo, sí admitió a trámite la petición de las armerías. Los fallos de la Suprema Corte son inapelables. No hay otra instancia a la que México pueda acudir para revertir una decisión desfavorable.

Este no es el primer revés que recibe el Gobierno mexicano en el caso. La batalla legal de México ha avanzado contra todo pronóstico, aunque estado marcada por los altibajos. El mismo tribunal de Massachusetts ya había desechado la demanda en octubre de 2022. El juez federal que lleva el caso, Dennis Saylor, aseguró en su resolución que la corte tenía “empatía por los mexicanos”, pero agregó que el tribunal tenía en cuenta el blindaje legal que daba PLCAA a las armerías. Las autoridades mexicanas impugnaron el fallo en una Corte de Apelaciones y ganaron en enero de este año. Ese tribunal afirmó que México sí tenía derecho a demandar, pese a la supuesta inmunidad de la que gozan las armerías y a que los daños reclamados se produjeron fuera de territorio estadounidense. El país latinoamericano también optó por abrir otros frentes en su ofensiva judicial e interpuso a finales de 2022 otra demanda en Arizona contra cinco distribuidores de armas. Ese proceso va por un carril separado, aunque un fallo del Supremo en contra podría sentar un precedente legal para otros casos contra la industria armamentista.

Las demandas de México no tienen precedente. Pese al escepticismo inicial y a que el asunto no ha llegado a juicio, la causa ha ganado terreno en Estados Unidos y ha sido respaldada por organizaciones civiles, fiscales y políticos, mayoritariamente del Partido Demócrata, así como otros Gobiernos extranjeros. Ha sido también un recurso diplomático importante para el país en la mesa de negociaciones con Estados Unidos, para mitigar los reclamos históricos de Washington sobre migración y combate al crimen organizado. Pese a la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dejado claro que se trata de un asunto de Estado y que la batalla legal en las cortes estadounidenses se mantendrá en el nuevo Gobierno. El asunto ha llegado hasta la parte más alta del sistema legal de Estados Unidos y será la Suprema Corte la que decidirá el futuro del caso en Massachusetts.