México intensifica su batalla legal contra las armas en Estados Unidos: “Somos optimistas de lograr una decisión favorable”

El Gobierno de México no se da por vencido en su lucha contra la industria armamentista de Estados Unidos. Los abogados que representan a las autoridades mexicanas y a los fabricantes de armas presentaron este lunes sus argumentos ante una corte de apelaciones, que decidirá si la demanda debe retomarse en los tribunales estadounidenses o si se mantiene el fallo de un juez de Massachusetts que la desechó en septiembre del año pasado. “Somos optimistas de que lograremos una decisión favorable”, dijo Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en una rueda de prensa al término de la audiencia. “El simple hecho de que la comunidad en México, en Estados Unidos y en el mundo preste más atención a estos argumentos legales ya es una victoria en sí misma“, aseguró el diplomático, que calcula que se decida en un periodo de seis a ocho meses, aunque no hay un plazo definido para que se resuelva el asunto.

El principal obstáculo que enfrenta la causa mexicana es la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado durante la Administración de George W. Bush que blinda a la industria armamentista ante cualquier demanda surgida por el mal uso que se dé a sus productos. Ese blindaje legal y la inmunidad que da a los productores de armas fue el argumento que se utilizó para desestimar el caso en una primera instancia en una corte de Massachusetts. “A pesar de que este tribunal siente una empatía considerable por los mexicanos, y ninguna en absoluto para aquellos que trafican armas a las organizaciones criminales de México, está obligado a cumplir con la ley”, comentó el juez Dennis Saylor al dar su fallo el año pasado.

Las autoridades mexicanas presentaron la apelación semanas después del fallo, pero es hasta ahora cuando ambas partes pudieron exponer sus argumentos orales ante tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts. Desde entonces, se anticipaba que el proceso legal iba a tomar tiempo. “Desde que el Gobierno de México presentó la demanda, sabíamos que quien perdiera en primera instancia iba a apelar”, dijo Celorio. La decisión de dónde iniciar el litigio, así como donde se iba a recurrir el fallo del año pasado, fue parte de la estrategia legal del país latinoamericano. El tribunal tiene una mayoría de jueces nombrados por presidentes del Partido Demócrata, que pueden ser más empáticos con la causa mexicana.

Los abogados de México dieron tres argumentos para tumbar el blindaje legal que protege a la industria armamentista. Señalaron, en primer lugar, que PLCAA no aplica para daños cometidos fuera de territorio estadounidense. Expusieron, en segundo término, que hay precedentes legales en los que sí se ha logrado sentar en el banquillo de los acusados en demandas tras tiroteos y masacres que ha habido en Estados Unidos. Por último, expusieron un argumento más técnico, que tiene que ver con aplicaciones extraterritoriales de la ley de un país en otro y como choca con la soberanía de cada Estado. El equipo legal del Gobierno mexicano afirma que no se establece explícitamente en la ley que se pueda aplicar fuera de EE UU.

“Las armas están en México, no por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en EE UU”, señaló Celorio. A partir de este momento, los jueces revisarán los argumentos de ambas partes, tanto por escrito como los orales. El mejor escenario para la causa mexicana es que se ordene a la corte de Massachusetts que retome el caso y que entre en la fase de producción de pruebas (lo que en inglés se conoce como discovery). El peor es que se reafirme la decisión de no seguir con el caso.

De cualquier forma, las autoridades mexicanas adelantaron que agotarán todas las instancias posibles y que están dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte. “No es una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos, contra las personas estadounidenses o contra el derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, dijo Celorio. “Es una demanda donde el Gobierno de México le exige a las empresas de la industria de las armas que se conduzcan de manera responsable”, reiteró.

El litigio ha permitido al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador posicionar el tema en la mesa bilateral de negociaciones con su vecino y contener los reclamos a su política de Seguridad desde Washington. También se convirtió en una de las prioridades del excanciller Marcelo Ebrard, que dejó el cargo en junio pasado para buscar la candidatura presidencial de Morena en las elecciones de 2024. El tema también ha emergido en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. La demanda se presentó originalmente contra nueve empresas productoras y dos distribuidoras de armas. El argumento es que la negligencia de las compañías ha aumentado el poder de fuego de los carteles y se ha traducido en miles de muertes violentas en México. Los fabricantes negaron las acusaciones y rechazaron hacerse cargo del mal uso de sus productos.

México tiene dos casos separados para atacar el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos desde diferentes frentes. El primero es contra los productores y distribuidores de armas, el primer eslabón en la cadena de suministro de fusiles al crimen organizado, en Massachusetts. Es el que se está apelando. Hay otra demanda, en este caso civil, contra los vendedores de armas, es decir, el último eslabón en esa cadena, presentada en una corte federal de Arizona y que sigue en curso. Está previsto que pase mucho tiempo antes de conocer el desenlace de la batalla legal.

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