Alejandro Celorio: “La industria armamentista debe asumir el daño que ha hecho”

Un país contra 11 gigantes de la industria armamentista. Esa es la batalla legal desencadenada por la demanda que presentó México contra el tráfico ilegal de armas en agosto pasado. En juego está la posibilidad de resarcir a decenas de miles de víctimas de la violencia armada en territorio mexicano y de recibir una indemnización estimada en miles de millones de dólares. Sin embargo, sentar en el banquillo de los acusados a los principales productores de Estados Unidos sería un hito. Nunca se ha hecho. Esa decisión está ahora en las manos de una corte de Massachusetts. Alejandro Celorio, el funcionario al que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha encomendado esta tarea, es un abogado al que no le asustan las metáforas deportivas y que se dice listo para el combate. “Vamos a ganar”, afirma en entrevista el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Nuestra demanda es contundente: la industria armamentista debe asumir el daño que ha hecho”, agrega.

El reclamo de México es que las empresas demandas se han enriquecido a expensas de armar a grupos criminales y carteles del narcotráfico, sin preocuparse a quién se vendían y dónde terminaban sus productos. Tras cuatro meses de espera, las fabricantes finalmente respondieron este lunes, el mismo día que Marcelo Ebrard, el titular de Exteriores, llevó el asunto a la tribuna del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las compañías dijeron que los argumentos en su contra eran “vagos” y pidieron que se desechara la demanda. También cuestionaron que un país extranjero tuviera las facultades legales para demandarlos y que la disputa fuera competencia de un tribunal de Massachusetts. “Cuánto tienen que ocultar estas empresas que ni siquiera quieren llegar al estadio para el partido, que de entrada dicen ‘yo no juego”, revira Celorio.

La respuesta de las fabricantes se formuló en conjunto y hubo además 11 contrargumentos individuales, uno por cada compañía demandada. El funcionario acusa una estrategia de “atomización”, un divide y vencerás en el que las productoras de armas buscan llevar juicios separados en tribunales distintos, lo que obligaría a los litigantes mexicanos prácticamente a multiplicarse. “Su contestación es de librito [de manual], dicen: ‘Yo no tengo nada qué ver, es tu culpa y yo regreso a hacer mi negocio como lo vengo haciendo”, añade.

Celorio reconoce que sus oponentes son grandes en tamaño, pero dice con ironía que se quedan cortos en términos de estatura moral. “Nos estamos enfrentando a una industria muy poderosa, empresas que son expertas en ser demandadas”, señala. Los litigantes mexicanos ya adelantaban que la estrategia de la industria de las armas era cuestionar su capacidad como Gobierno, decir que eran “corruptos e incompetentes”. Con todo, la instrucción del líder del equipo mexicano es no engancharse.

—¿Y cómo le hacen para no engancharse?

— Apretando mucho los dientes. La ventaja es que ya sabíamos que vendrían por ahí.

Desde su perspectiva, hay tres aspectos clave para llevar la causa mexicana a buen puerto. Los dos primeros son disciplina para no caer en los excesos del juicio mediático y poner en evidencia durante la fase de presentación de pruebas la ruta de las armas desde que salen de la fábrica hasta que caen en manos criminales, la llamada trazabilidad. El tercero es el punto más desafiante: lograr desmontar el argumento de que las leyes vigentes de EE UU dan inmunidad a los fabricantes de armas en juicios iniciados por terceros. El fundamento está en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto cabildeado e impulsado por ellos mismos durante el Gobierno de George W. Bush y el blindaje que ha evitado que hayan sido llevados a juicio antes.

Para sortear ese obstáculo, el argumento de México es que PLCAA no se puede aplicar de forma extraterritorial porque los daños que se reclaman se produjeron al sur de la frontera. Ese será uno de los temas que el Gobierno mexicano presentará como respuesta a los alegatos de los fabricantes, a más tardar el 31 de enero próximo. Celorio adelanta que la posición será insistir en el impacto negativo del tráfico de armas y apuntalar esos reclamos con testimonios de víctimas, expertos y aliados del movimiento contra las armas.

“Seguiré con el litigio hasta donde sea necesario”, asegura Celorio y apunta que hablar de un acuerdo fuera de los tribunales es prematuro y dice que está completamente descartado, al menos de momento. “Si la conversación fuera cuánto nos van a pagar…”, dice antes de hacer una pausa. “Pero esto no es por el dinero, nosotros queremos que cumplan, que cesen sus prácticas comerciales negligentes, que modifiquen sus protocolos, la forma como conducen sus negocios”, insiste.

Las fabricantes promocionan sus pistolas y rifles con leyendas como “el jefe” o imágenes de Emiliano Zapata, un icono de la Revolución mexicana, en especial de la lucha agraria. Eso también cae en lo que el Gobierno mexicano quiere terminar. “Me gustaría ver quizás un letrero que dijera estas armas matan o, como en las cajetillas de cigarros, que pusieran imágenes explícitas del daño que provoca una bala de esas armas”, expone sobre las medidas de reparación que se pedirían. El proceso, sin embargo, va para largo. A finales de febrero habrá una nueva ronda de contrargumentos de las empresas demandadas y después el juez deberá decidir si admite la demanda a juicio o no. Es decir, faltan por lo menos varios meses.

Mientras se decide el destino del caso, México cifra el tráfico en al menos 10 millones de armas ilegales que circulan en el país, a un ritmo de medio millón de armas que han entrado desde EE UU cada año en las últimas dos décadas. En contraste, un corte de caja de la Secretaría de la Defensa Nacional señalaba hace dos años que había solo 30.724 armas con licencia legal en México. Celorio confía en que la demanda y la estrategia del Gobierno para combatir el problema desde otros frentes, como el diplomático o el político, impulsen la creación de un registro nacional de armas que esté actualizado y que acerque al Estado para recuperar el monopolio de la fuerza. Aun así, la violencia armada está detrás de siete de cada 10 asesinatos en lo que va de año, según cifras oficiales.

La demanda civil atiende un problema que viene de décadas, pero responde a un detonante específico, curiosamente fuera del país: la masacre a manos de un supremacista blanco en un supermercado de El Paso (Texas), en agosto de 2019. El atacante mató a 23 personas y dejó a otras 23 heridas, la mayoría de origen mexicano. Dos años después, México busca “su día en la corte” y se juega, por ahora, precisamente eso: la posibilidad de llevar su caso a los tribunales. “Llegar a los tribunales no significa que ya hayamos ganado”, asegura Celorio en la recta final de la entrevista, “será el pitazo para iniciar el partido”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país