El día que México se rebeló contra el tráfico ilegal de armas

México busca a responsables de la ola de violencia que desde hace 17 años mantiene al país en vilo. El Estado mexicano ha puesto la mira en uno de ellos: las compañías fabricantes y distribuidoras de armamento de Estados Unidos. “Ellos saben bien que esas armas están entre las favoritas de los cárteles de la droga”, argumenta la demanda de 139 páginas que el Gobierno ha presentado ante un tribunal en Massachusetts, en una histórica denuncia que apunta al tráfico ilegal de armas que nutre a los grupos criminales desde la frontera norte de México. Una historia ampliamente conocida entre mexicanos y estadounidenses, que cuentan en miles –unas 340.000 al año– las armas utilizadas en crímenes que tienen su origen en alguna fábrica en Estados Unidos y terminan en Fiscalías en México como evidencia de sangrientos delitos.

El Gobierno mexicano ha evitado en los últimos tres lustros incomodar a Estados Unidos con el tema, a pesar de la presión que desde Washington existe sobre la lucha contra los cárteles de drogas. Aunque los señalamientos habían llegado a foros internacionales y los funcionarios en turno habían hecho algún pronunciamiento, sobre todo, cuando se conocía la noticia de una masacre, la dimensión sobre el daño que la industria armamentística estadounidense ha hecho en México nunca había quedado tan patente. En la denuncia México evita entrar en un debate diplomático y aclara que “este caso nada tiene que ver con la Segunda Enmienda” –el derecho constitucional de los estadounidenses para poseer y portar armas–, sino que se trata de señalar a una industria que con un amplio conocimiento sobre el tráfico ilegal de armas consigue posicionar sus productos en México.

Pese a esta delimitación, todavía se desconocen los alcances que esta denuncia puede tener en la relación bilateral. Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no se ha pronunciado sobre la demanda. Solo el gremio de la industria armamentística ha hablado en contra de la demanda señalando que no tiene sustento y que sus ventas respetan la ley estadounidense. “El Gobierno mexicano es el responsable del rampante crimen y de la corrupción dentro de sus fronteras”, mencionó la organización en un comunicado. El principal portavoz en México del tema en los últimos dos años ha sido el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y desde su despacho se ha gestionado la denuncia. “Si no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, dijo este miércoles durante el anuncio de la acción legal. La Cancillería ha reconocido que el proceso ante los tribunales será largo, pero que el Gobierno mexicano está dispuesto a llegar hasta la Suprema Corte de EE UU.

En sus páginas la denuncia enumera más de un centenar de crímenes desde 2004 en los que las armas utilizadas para matar habían sido traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. México sitúa ese año como un punto de no retorno en el que los homicidios no han hecho más que ascender y donde hasta el 90% de las armas utilizadas en esos crímenes ha tenido su origen ilegal en EE UU. México acusa a 11 empresas, pero enfatiza que seis se han beneficiado mayoritariamente de la demanda de armas de los grupos criminales: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Además, describe que desde el diseño de cada uno de sus productos hasta la venta, las empresas apuntalan a los criminales como potenciales clientes. Las compañías apelan a los gustos de los narcotraficantes que tienen entre sus armas predilectas rifles AK-47 y AR-15. “[Las compañías de armas] eligen seguir abasteciendo al mercado criminal de las armas en México porque se benefician de él”, describe el Gobierno mexicano en su acusación.

Un ejemplo, dicen, es la edición especial de una pistola Colt calibre .38 con el rostro de Emiliano Zapata y la frase atribuida al caudillo de la Revolución mexicana: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Los disparos de un ejemplar de esa arma terminaron con la vida de la periodista Miroslava Breach en 2017. El agresor estaba vinculado con el Cartel de Sinaloa y el arma era ilegal. “Estos modelos son símbolos de estatus, son codiciadas por los cárteles y son llevados en gran volumen a México”, denuncia el Gobierno mexicano. Las páginas de la acusación develan poco a poco la historia contemporánea de los cárteles de la droga, les nombra y les adjudica crímenes: Los Zetas, el Cartel Jalisco Nueva Generación, La Línea, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y el Cartel de Santa Rosa de Lima.

La demanda está plagada de ejemplos sobre el viaje que hacen las armas desde Estados Unidos. Según el Gobierno mexicano, las compañías conocen a sus distribuidores y saben que un 10% de ellos distribuyen el 90% de las armas que llegan ilegalmente a México. Señala que los cárteles hacen compras fachada a través de ciudadanos estadounidenses que no son sujetos a ninguna investigación, a pesar de que adquieren decenas de productos considerados de uso militar; también que la ferias de promoción de armamento en Estados Unidos –conocidos como gun shows– sirven para celebrar algunas de las transacciones; y que el diseño de estas armas está ideado para que los cárteles las adapten a sus necesidades: conversiones para uso automático o personalización con cachas de oro y plata.

El reclamo de México es histórico porque pone en un mismo papel los nombres de las compañías armamentísticas, de los cárteles de la droga y de las víctimas. Aunque de momento deja fuera a otros actores responsables de la escalada de violencia, indirectamente, el Gobierno mexicano se encuentra haciendo un reconocimiento público sobre las consecuencias de la guerra contra las drogas en la que ya se cuentan alrededor de 350.000 muertes. “La vida de los mexicanos sería muy diferente si pudieran vivir sin los peligros y amenazas de los cárteles armados. Tendrían menos miedo, más libertad para reunirse y para disfrutar de la vida”, expone el documento.

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