Países Bajos estudia enviar a Uganda a los solicitantes de asilo africanos que hayan agotado las vías legales

El Gobierno de Países Bajos, una coalición de cuatro partidos encabezada por la formación de extrema derecha de Geert Wilders, estudia la posibilidad de “acoger en Uganda” a los solicitantes de asilo africanos que hayan agotado todos los recursos legales para permanecer en territorio neerlandés. Así lo ha declarado Reinette Klever, ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, durante una visita de trabajo al país del este de África. El plan necesita todavía mayor elaboración, pero habría una compensación económica para Uganda, adonde serían enviadas personas “de países vecinos”. De cuajar, la responsable del proyecto sería la ministra de Asilo, Marjolein Faber. Ambas políticas son miembros del Partido por la Libertad (PVV) de Wilders.

“Tenemos una larga relación con Uganda y es un país hospitalario: acoge a 1,7 millones de refugiados”, ha declarado la ministra Klever a la televisión pública neerlandesa NOS. “Vale la pena echar un vistazo [al plan], aunque la pelota está en el tejado de la titular de Asilo, Faber”, ha añadido. Faber sí ha reconocido estar interesada en llegar a un acuerdo con Uzbekistán sobre la acogida de ciudadanos afganos que hayan sido rechazados en Países Bajos.

En agosto de 2024, se registraron en el país unas 2.610 solicitudes de asilo efectuadas por primera vez por parte del interesado. El 42% procedía de Siria; el 7% de Turquía; el 6% de Eritrea; el 3% de Argelia y el 5% se consideró de lugar de origen desconocido. Son cifras del portal de Gobierno que recoge el flujo del asilo.

La tasa de aceptación de las primeras peticiones ―las posteriores pueden ser por reunificación familiar, por ejemplo― fue del 57% entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Y las nacionalidades con mayor tasa de aceptaciones son de Siria, Yemen y Eritrea. El Ejecutivo calcula que en 2024 “se habrán marchado unos 14.430 extranjeros a los que no se permitió quedarse, aunque no todos son solicitantes de asilo”. Los que llegan de lugares considerados seguros, como Albania, Kosovo y Serbia, no reciben en principio un permiso de residencia y si son rechazados, en su caso, por la vía rápida, deben marcharse de inmediato. En el caso de Irán, depende de la zona de procedencia, indican las mismas fuentes.

Los llamados centros de retorno se consideran cada vez más una opción entre diversos países de la UE ―con Italia como el primer país de club comunitario que ha puesto en marcha esta medida― para reunir a los que han solicitado asilo y ya no tienen posibilidad legal de permanecer en Europa. Son iniciativas pensadas para reforzar las políticas de retorno de inmigrantes y para combatir la inmigración irregular. De todos modos, ponerlas en práctica requiere ajustes legales y, en el caso de Países Bajos, no está claro que la declaración de Klever sea secundada por toda la coalición.

De momento, el único que ha aplaudido ya la idea es Geert Wilders, que ha recurrido enseguida a X. En su cuenta en esta red social ha dicho: “Solicitantes de asilo que hayan agotado todos los recursos hacia Uganda. Menos de estos solicitantes y más Países Bajos”.

A pesar del entusiasmo de Wilders, según un informe publicado en 2023 por Amnistía Internacional, las autoridades de Uganda “restringen severamente el derecho a la libertad de expresión”. Por otro lado, el presidente del país, Yoweri Museveni, ha sancionado “una ley homófoba que criminaliza aún más las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo”, indica la ONG. En estos momentos, no se puede deportar a las personas a países distintos del suyo, aunque tampoco se puede descartar el efecto disuasorio de que pueda llegarse a un acuerdo de esta clase.

En febrero de 2023, el Congreso neerlandés instó al Gobierno a que se pusiera en contacto con Dinamarca para ver cómo se podrían abrir centros de solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea. En aquel momento, el primer ministro era Mark Rutte, hoy secretario general de la OTAN. El Ejecutivo danés estudiaba, por su parte, un posible acuerdo con Ruanda para este tipo de acogida a cambio de una compensación económica. Desde 2021, además, puede aplicarse la ley para disuadir a los que pidan asilo advirtiendo de que pueden acabar en un país de fuera de Europa.

La legislación en vigor en Países Bajos exige que los solicitantes de asilo rechazados en todas las instancias se marchen. Disponen de un plazo de cuatro semanas y dejan de recibir refugio y alojamiento transcurrido ese tiempo. Ellos mismos tienen que organizar el regreso, según explica en su web el Consejo Neerlandés para los Refugiados, la organización nacional que defiende sus derechos. Los rechazados reciben ayuda económica y asesoría por parte del propio consejo y, si no se marchan, pueden ser deportados por la policía militar y los agentes de extranjería.