El nuevo Gobierno de Países Bajos planea declarar una crisis de asilo durante dos años

El Gobierno de Países Bajos se propone declarar lo que denomina una crisis de asilo, de dos años de duración, sin pedir consentimiento previo al Parlamento. Con esa medida, que permite tomar decisiones extraordinarias, el Gobierno dice querer frenar la afluencia de solicitantes de protección internacional que llegan a su territorio. La próxima semana, el nuevo Ejecutivo encabezado por la ultraderecha pedirá formalmente a Bruselas la exclusión voluntaria neerlandesa de la política migratoria común. Además, defenderá reforzar los controles fronterizos. “Tendremos la política de asilo más estricta que haya existido”, ha escrito Marjolein Faber, ministra de Asilo y Migración, en su cuenta de X. El plan es una de las medidas estrella del programa gubernamental presentado este viernes por el nuevo primer ministro, Dick Schoof. Antiguo director del Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD), es un independiente al frente de la primera coalición del país que tiene como fuerza mayoritaria a la formación extremista de Geert Wilders.

Además del Partido por la Libertad (PVV) de Wilders, el cuarteto gobernante lo integran el Partido Popular por la Democracia y la Libertad (VVD), Nuevo Contrato Social (NSC) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB). La coalición se formó tras las elecciones de noviembre de 2023, y todos sus miembros coinciden en el objetivo de controlar el flujo migratorio y las peticiones de asilo. Al declarar la crisis de asilo, la ministra Faber puede activar la denominada Ley de Emergencia que le permitirá apartarse de la Ley de Extranjería en vigor. Con ello, podrá tomar medidas sin necesidad de contar con el visto bueno previo del Congreso y el Senado. Tanto las normas neerlandesas como las europeas pueden suponer un freno a estas disposiciones, de ahí que Faber —miembro del PVV— quiera contar con ese aval de declarar la crisis de asilo. Así espera ignorar, al menos temporalmente, la legislación vigente.

Para los partidos de la oposición —con la alianza entre ecologistas y socialdemócratas (GL-PvdA) a la cabeza— este proceder supera los límites del Estado de derecho. “Una toma de decisiones por decreto, y que el Parlamento solo pueda juzgar a posteriori, no es de recibo”, ha dicho una de sus diputadas, Kati Piri. “Con los medios financieros que tenemos es preciso decidir las prioridades. Queremos trabajar con todos en la sociedad y hay que empezar lo antes posible”, ha declarado Schoof al presentar oficialmente el programa este viernes.

Límites a la reagrupación familiar

El Gobierno neerlandés quiere limitar la reagrupación familiar de los hijos adultos de los solicitantes de asilo, y se interpretará de forma restrictiva el concepto de “núcleo familiar”. Será posible rechazar a los solicitantes de asilo que no se presenten a una cita oficial y habrá una acogida más austera. Además, las personas que no cuenten con un permiso de residencia podrán ser deportadas a la fuerza si es necesario. “Los votantes nos han dado un mandato claro”, ha escrito también Faber en X. “Hay que girar el timón y reducir la afluencia inmediatamente”, concluye.

Según sus planes, las personas que pidan asilo ya no recibirán de forma automática —como sucede ahora— un permiso de refugio por tiempo indefinido después de cinco años. Ello supone el regreso a sus países de origen cuando se considere que la vuelta es segura. Faber se propone a su vez derogar la Ley de Distribución, que permite el reparto de solicitantes de asilo entre los municipios. Es un asunto muy polémico porque, en lugar de centros pequeños de acogida, la ministra quiere ver si es posible abrir otros más grandes. Resultan más baratos, según ella, aunque generan mayor rechazo ciudadano.

El programa gubernamental elabora el acuerdo marco alcanzado en mayo por los cuatro partidos de la coalición. Este consistía en una serie de propuestas sobre sanidad, migración y asilo, vivienda, infraestructuras, energía, educación y política exterior, entre otras, que ahora han sido perfiladas. Como los líderes de las cuatro formaciones han declinado sumarse al Ejecutivo y permanecen como líderes de sus fracciones en el Parlamento, los distintos ministros titulares han pasado los últimos meses elaborando el programa. El primer ministro Schoof también ha acudido a su cuenta de X para asegurar que el Gobierno “quiere recuperar la confianza de las personas garantizando que se sientan escuchadas”. Geert Wilders, por su parte, ha aprovechado la misma plataforma para decir que “soplan nuevos vientos en Países Bajos: 2,5 millones de personas votaron al PVV y lo hacemos realidad”.

Otro de los puntos conflictivos es futuro del campo. El nuevo Ejecutivo deja en gran medida la mejora del medio ambiente en manos de los agricultores. La ministra de Agricultura, Femke Wiersma (BBB), ha remitido una carta al Parlamento donde explica que piensa reducir la cabaña ganadera y contener la crisis producida por el volumen de estiércol esparcido, que contamina la tierra y el agua. Se incentiva la venta voluntaria de las granjas, un plan que se suma al ya existente de compra de fincas de explotación intensiva; los grandes emisores de nitrógeno. Este tipo de reducción es impopular en el sector agrícola, pero no se sabe todavía el monto de los ajustes.

Las discusiones en el seno de la coalición han sido intensas y han causado la retirada temporal de Pieter Omtzigt, líder de Nuevo Contrato Social. El político, exdemocristiano, se ha autodenominado la brújula constitucional del Gobierno para que todas sus decisiones encajaran en el Estado de Derecho. Poco antes de la presentación del programa, se ha retirado durante una temporada. Las tensiones no se ha reducido a las propuestas del PVV en materia de asilo. La crisis en Oriente Próximo ha influido también porque el partido de Wilders era contrario a la solución de dos Estados, para Palestina e Israel. El nuevo Gobierno, sin embargo, apoya “la búsqueda de ese arreglo”. Respalda a su vez a Ucrania “política, militar, financiera y moralmente” contra la agresión rusa. Por otra parte, Países Bajos se proclama un socio constructivo en la UE, para alcanzar sus “propios objetivos”. Y quiere iniciar los antes posible la construcción de 100.000 viviendas más al año, para paliar la escasez actual. “Hay un pragmatismo inspirado”, ha dicho el primer ministro Schoof, al ilustrar las diferentes perspectivas de la coalición que han tenido que armonizarse.