Bruselas sondea la apertura de centros de deportación fuera de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cada vez es más clara en su giro a la derecha en inmigración, siguiendo la senda de cada vez más países comunitarios. Bruselas sondea ahora la apertura de centros de deportación fuera de la UE, para enviar allí a los migrantes en situación irregular, siguiendo el modelo de Italia en Albania que acaba de abrirse. Mientras, el Ejecutivo comunitario prepara una reforma de la regulación sobre deportaciones para endurecerla. Así lo explica Von der Leyen a los líderes de los Estados miembros en una carta enviada en vísperas de un Consejo Europeo en el que también se hablará de inmigración, un asunto cada vez más caliente en una UE en la que avanza la derecha y el populismo y el debate sobre los solicitantes de asilo inunda la política nacional.

“Deberíamos seguir explorando posibles formas de avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE, especialmente en vista de una nueva propuesta de retorno”, dice Von der Leyen en la misiva. La jefa del Ejecutivo comunitario recoge el guante de un gran grupo de socios que, liderados por Dinamarca, reclamaron que se explorasen “soluciones innovadoras” para combatir la inmigración irregular, entre ellas ese modelo de centros de deportación fuera de territorio comunitario pero con personal europeo, como el que ha abierto el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni en Albania. De hecho, la conservadora alemana remarca que ese modelo servirá para “extraer lecciones prácticas”.

La mayoría de Estados miembros reclaman, además, un endurecimiento de las normas que regulan las expulsiones para tratar de aumentarlas. También, como pedían España, Francia y Alemania, que se acelere la aplicación de las directivas que componen el pacto migratorio, que establece un reparto solidario entre los socios de una cuota de solicitantes de asilo y un pago de unos 20.000 euros a una cesta común por refugiado rechazado. “Este es un conjunto de soluciones europeas para un desafío europeo”, dice la presidenta de la Comisión.

La idea de crear centros de deportación como el que ha impulsado Meloni revolotea en la UE desde hace tiempo, pero hasta hace unos meses, Bruselas se había mostrado reacia aludiendo a problemas de la legislación internacional. Ahora está abierta a explorarlo, pero la principal barrera, dónde instalar estos polémicos centros, se mantiene. Algunos Estados miembros quieren que se presione a los países de los Balcanes, candidatos a la UE, para que accedan a acogerlos, siguiendo el modelo de Albania, pero por ahora se han mostrado reacios.

El debate sobre estas controvertidas instalaciones, denunciadas por las organizaciones de derechos humanos, se calienta, además, cuando vuelven a aflorar denuncias de que países como Turquía, con el que la Unión mantiene uno de sus acuerdos migratorios, ha financiado con dinero europeo centros de deportación para extranjeros —solicitantes de asilo y no solicitantes— donde se han registrado un enorme número de violaciones de los derechos humanos, como ha revelado una investigación en la que ha participado EL PAÍS. El acuerdo con Turquía “sigue siendo clave”, dice la jefa del Ejecutivo comunitario, que remarca que programará un nuevo paquete de mil millones de euros para los refugiados sirios en ese país y para “apoyar” a Ankara en la gestión de fronteras y la migración.

La apuesta de la UE sigue siendo firmar pactos y acuerdos con países de fuera de la UE para que frenen las salidas a cambio de fondos, como el controvertido firmado con Túnez, el de Egipto o el de Mauritania. Ahora, con el aumento del 56% de las llegadas este año (comparadas con 2023) a España por las rutas de Mediterráneo y el Atlántico, Bruselas quiere apuntalar ese acuerdo con Mauritania e “incentivar” otros con Senegal o Mali, “a pesar de la complejidad de las relaciones”, dice Von der Leyen.

Bruselas apuesta por reformar la regulación sobre deportaciones para tratar de aumentarlas, pero también en esto se mantiene uno de los desafíos principales sobre endurecer la regulación de deportaciones, ya que algunos países de origen no admiten las devoluciones de personas en situación irregular a las que se ha denegado el derecho al asilo por falta de convenios, regulación y otros problemas burocráticos, incluso dentro de los propios Estados miembros.