Los tunecinos dan la espalda a la reelección del presidente Said con una abstención del 72%

Los votantes tunecinos han dado la espalda a la reelección de Kais Said, de 66 años, en las elecciones presidenciales de este domingo, en las que un 72% de los censados se han abstenido. Son los mismos ciudadanos que en 2011 inauguraron las revueltas de la primavera árabe al expulsar del poder al dictador Zin el Abidín Ben Alí y acudieron después a las urnas en los primeros comicios democráticos (con una abstención del 37% en 2014) desde la independencia de Túnez, en 1956. Ahora se han desinteresado de un sufragio en el que los principales aspirantes de oposición están en la cárcel o han visto vetada su candidatura. Los resultados oficiales del escrutinio no están previstos hasta dentro de dos días, según fuentes oficiosas tunecinas.

Elegido en segunda vuelta en 2019 con una participación del 57%, el jurista independiente Said fue recibido con la esperanza de poner fin al desgobierno político y económico en medio de una sobresaltada transición en el país magrebí. Pero en 2021 disolvió el Parlamento, en un autogolpe denunciado por la mayoría de los partidos, y un año después reformó la Constitución para concentrar en su mano los poderes clave del Estado.

Los llamamientos a las urnas organizados desde entonces en Túnez han revelado el alejamiento de los votantes ante las iniciativas del presidente. El referéndum para revisar la Constitución fue ignorado por el 70% de los inscritos en el censo electoral y las legislativas convocadas para contar con una cámara alineada con el régimen político de Said registraron en 2023 una abstención de casi el 90%.

A pesar de la apatía ciudadana y de la consigna de boicot a las presidenciales lanzada por varios partidos, su reelección parece asegurada, aunque una participación de apenas el 27,7% del censo puede poner en entredicho su legitimidad, a la espera de que la autoridad electoral confirme oficialmente su victoria.

El pasado martes, la justicia tunecina condenó a 12 años de cárcel por irregularidades en la presentación de avales por parte del diputado liberal Ayachi Zamel, quien acababa de ser ratificado por la junta electoral como uno de los dos candidatos que iban a poder plantar cara a Said en las urnas. El jueves, otro tribunal le sentenció a 18 meses más de internamiento en prisión, en la que ha sido su tercera condena en campaña en varios procesos abiertos en su contra.

El otro aspirante que logró pasar la criba del ISIE, Zuhair Magzahui, líder de una fuerza panarabista minoritaria y antiguo aliado de Said, se ha mantenido prácticamente al margen de la contienda electoral mientras la junta central vigilaba de cerca que sus gastos de campaña no superasen los 45.000 euros. La infracción a este límite legal está penada con la cárcel en Túnez.

Un sondeo a pie de urna de Sigma Conseil ha asignado cerca del 90% de los votos al presidente Said, mientras el exdiputado encarcelado Zamel rondaría el 7%, y Magzhaui, tercer rival en liza, el 4%. Ambos candidatos de oposición negaron validez a la proyección de voto de la compañía de estudios demoscópicos.

El nuevo Parlamento controlado por Said aprobó nueve días antes de la votación una reforma exprés de la ley electoral para privar de la misión de supervisar los comicios al único tribunal que había actuado con independencia ante los recursos de los candidatos de oposición. Desde el pasado agosto, tres de los principales aspirantes fueron apartados de la carrera hacia la presidencia por la denominada Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), una junta electoral central designada a dedo por Said.

El Tribunal Administrativo, el que acaba de haber sido desposeído de sus atribuciones de arbitraje en las campañas electorales, falló a favor de su apelación, pero el ISIE zanjó la cuestión con la definitiva exclusión de los tres. La misma junta electoral central de designación presidencial ha vetado la presencia de observadores locales e internacionales y de varios medios de comunicación extranjeros, entre ellos EL PAÍS.

Primer estallido de la ‘primavera árabe’

Las terceras presidenciales celebradas en Túnez tras el primer estallido de la primavera árabe han contado con una afluencia de votantes inferior a las dos primeras. A las 13.00 horas (una hora más en la España peninsular) solo había votado un 14% de los censados, según informó el ISIE. Durante la mañana, la participación en las presidenciales parecía ser más elevada que en las legislativas de 2023, según constató la agencia Efe en centros de votación de la capital tunecina.

Más de 170 personas se encuentran detenidas en Túnez por su actividad política, de las que 110 están relacionadas con Ennahda, según un reciente informe de Human Rights Watch. “Las autoridades han arrestado o excluido de las elecciones a los candidatos de oposición, y han adoptado medidas arbitrarias contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes”, advierte la ONG con sede en Nueva York.

Entre los líderes detenidos destaca Rachid Ganuchi, de 82 años, expresidente del Legislativo y líder del movimiento islamista Ennahda. Fue condenado a tres años de cárcel en febrero pasado. Otro dirigente de oposición, el socialdemócrata Jayam Turki, sigue entre rejas desde febrero del año pasado, a pesar de que la legislación prohíbe que la prisión provisional se prolongue más de 14 meses Turki, de 59 años, es hijo de una exilada republicana española en Túnez y cuenta con pasaporte español. Se le aplica la legislación antiterrorista, acusado de conspirar contra el Estado por haber organizado reunidos con diplomáticos europeos.

Crisis económica y migratoria

La crisis social y el empobrecimiento de los ciudadanos es el principal punto débil del primer mandato de Said, que ha tenido que enfrentarse con la poderosa Unión de Trabajadores de Túnez, que cuenta con un millón de afiliados, en un país de 11 millones de habitantes. La central sindical se ha opuesto frontalmente al plan de rescate económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional para salvar al país magrebí de la bancarrota.

El presidente Said dio hace un año un golpe sobre la mesa de negociaciones del acuerdo migratorio con la Unión Europea, clave para frenar la llegada de pateras en el Mediterráneo central, al rechazar por “irrisoria” la ayuda financiera de 127 millones de euros anunciada por Bruselas, frente a los 1.000 millones prometidos. El portazo de Said amenazó con socavar un pacto de “asociación estratégica” para el control de la inmigración irregular que la Comisión Europea pretende utilizar como modelo para otros Estados del norte de África. En esencia, Bruselas aporta ayuda económica para que se bloqueen las salidas de migrantes hacia la UE. El acuerdo llegó finalmente como respuesta a la llegada a Italia de 70.000 personas. Túnez era el origen del 62% de quienes desembarcaban en su territorio. Europa ha prometido a cambio inversiones millonarias.