Túnez pone en entredicho el acuerdo migratorio con la UE al bloquear otra visita europea al país

Túnez tensa aún más la cuerda con Bruselas, que se afana a pesar de todo por salvar el acuerdo migratorio con el país magrebí. El presidente tunecino, Kais Said, ha negado la entrada a una delegación de la Comisión Europea que debía visitar el país del norte de África estos días para debatir sobre la puesta en marcha del memorando de entendimiento firmado con Bruselas. Este acuerdo fija la asistencia financiera europea a Túnez a cambio de la ayuda para controlar las fronteras.

Se trata de un acuerdo que supone casi 1.000 millones de euros de financiación vinculados a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe su propio desembolso; así como fondos para control de fronteras. A cambio, Túnez debe gestionar los flujos migratorios. Es decir: ayuda económica a cambio de que el país magrebí bloquee las salidas de migrantes hacia la UE. Las críticas al controvertido acuerdo migratorio no dejan de aflorar por las denuncias de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre el Gobierno de Said y la forma en que el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen firmó el memorando, sin el acuerdo previo de los Estados miembros, como marca la legislación.

El veto de Said a los representantes comunitarios no es el único. Hace 10 días, las autoridades tunecinas ya bloquearon la visita de una delegación del Parlamento Europeo. Las maniobras del presidente tunecino, junto a las imágenes de la isla de Lampedusa, donde aguardan miles de migrantes en situaciones de penuria llegados a la isla italiana desde Túnez, echan más leña al fuego sobre el acuerdo. Este es un memorando opaco que la Comisión y la mayoría de las capitales —donde la retórica sobre inmigración es cada vez más dura— quieren usar como modelo con otros países de origen y tránsito. Bruselas sondea ya a Egipto y a Marruecos, que tiene previsto recibir 500 millones de euros en ayudas de la UE para el periodo 2021-2027, una cifra que Rabat considera muy por debajo de los gastos que genera la contención de los flujos migratorios hacia Europa.

Las tensiones entre los socios europeos sobre cómo regular la inmigración no dejan de aflorar. El esperado pacto migratorio de la UE está a la espera de cerrar el último fleco: un reglamento de “gestión de crisis” que parece congelado. Además, se suman los vetos a todo lo que suene a política común por parte de Polonia y Hungría. Y las fricciones entre Alemania, Italia y Francia sobre la acogida de solicitantes de asilo o incluso sobre la financiación de las misiones de salvamento en el mar. En este contexto, la gestión de la inmigración enmarcada en acuerdos como el de Túnez parece ser un punto de encuentro en la Unión.

Este acuerdo será este jueves uno de los ingredientes de debate de la reunión de los ministros del Interior de la UE en Bruselas. Antes de la cita, la primera ministra italiana, la ultraconservadora Giorgia Meloni, ha reclamado más ayudas para enfrentar la migración y una misión naval de bloqueo para impedir la llegada de los migrantes a sus costas. Esta es una iniciativa compleja que no se enmarca dentro del rescate o salvamento, como marca la legislación internacional, que, sin embargo, la presidenta Von der Leyen, que se está acercando cada vez más a la italiana, se ha comprometido a “explorar”.

Órdago de Said

La decisión tunecina de posponer la vista de la delegación de la Comisión parece inscribirse en el marco del órdago del presidente Said a Bruselas para exigir mayores compensaciones a su país como muro de contención frente al desbordamiento de la inmigración irregular africana hacia Europa desde Túnez, que ha desbancado a Libia como principal puerto de salida. Este movimiento llega en la estela de la presión ejercida por el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, en el Mediterráneo oriental. Tras haber desautorizado la presencia de representantes de la Eurocámara, en la que varios grupos han adoptado una visión crítica del régimen tunecino tras el autogolpe de 2021, el veto al Ejecutivo comunitario pone de relieve ahora la magnitud de las discrepancias.

Anunciado mediante un comunicado de la Presidencia difundido a través de las redes sociales, el portazo a la misión de la Comisión pone en entredicho la viabilidad del acuerdo migratorio entre Túnez y la UE. Bruselas anunció el viernes un desembolso de 60 millones de euros de apoyo presupuestario y otro de 76 millones para control de la migración irregular. Pero al Gobierno del presidente Said, que administra un país al borde de la bancarrota, no parecen convencerle estas promesas. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada en la noche del lunes, el presidente encargó al ministro de Asuntos Exteriores, Nabil Ammar, que aplazara la visita europea hasta nueva orden.

Von der Leyen ha viajado dos veces desde junio a la capital tunecina en compañía de la primera ministra italiana y del jefe de Gobierno saliente de Países Bajos, Mark Rutte, en lo que ha denominado “Equipo Europa” (Team Europe), para intentar desbloquear el acuerdo con el presidente Said. El principio de entendimiento, sin embargo, se sitúa aún lejos de los más de 1.000 millones de euros planteados hace tres meses en su primera visita.

La presidenta de la Comisión se ha limitado a ofrecer a Said cinco pilares sectoriales de financiación del memorando de entendimiento, que suman 300 millones de euros, de los cuales 105 millones corresponden a políticas de contención de la inmigración hacia Europa. El resto corresponde a partidas como digitalización, energía y desarrollo económico. Bruselas asegura que sigue trabajando con Túnez y trata de quitar importancia al gesto de Said: afirma que busca junto a las autoridades tunecinas “el mejor momento” para coordinar a ambas partes.

El memorando fijaba para este otoño un eventual incremento del acuerdo para añadir un paquete de 900 millones de euros, con el fin de que Túnez lleve a cabo las reformas impulsadas por el FMI a cambio de un préstamo que aún no se ha suscrito de 1.900 millones de dólares (cerca de 1.800 millones de euros). La UE está además dispuesta a movilizar otros 150 millones de euros como apoyo presupuestario a la agenda de reformas.

El líder tunecino se ha limitado a reiterar que no quiere ejercer de “guardián de fronteras” de Europa. Después de haber disuelto el Parlamento para gobernar por decreto desde 2021 y tras desencadenar una ola de detenciones de disidentes, Said arremetió el pasado febrero contra los inmigrantes subsaharianos. “Existe un plan criminal diseñado desde principios de siglo dirigido a alterar la composición demográfica de Túnez para transformarlo en un simple país africano sin vinculación con el mundo árabe e islámico”, afirmó en una declaración pública. Desde entonces, se ha multiplicado el acoso a los extranjeros negros africanos.

En Sfax, principal punto de partida de pateras en el Mediterráneo central, a 270 kilómetros al sur de la capital de Túnez, más de 10.000 subsaharianos aguardan desde hace meses a embarcarse rumbo a las costas italianas de la isla de Lampedusa. Cientos de migrantes han sido expulsados por las autoridades y trasladados por la fuerza hacia una zona desértica en la frontera con Libia.

Además de las críticas expresadas por europarlamentarios, el acuerdo con Túnez ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos. Eve Geddie, representante de Amnistía Internacional ante las instituciones de la UE, enfatizaba la semana pasada que “la UE está repitiendo con Túnez un mensaje antiguo y peligroso” en una tribuna de opinión difundida por su organización. “Mientras sus representantes estrechan la mano del presidente tunecino”, ha advertido, “cientos de migrantes y refugiados son abandonados en el desierto de la frontera con Libia. Además, el acuerdo también corre el riesgo de legitimar el ataque de Said al Estado de derecho y su represión cada vez mayor de la disidencia”.

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