Kais Said encara unas elecciones sin oposición en Túnez tras la condena a prisión de seis candidatos

La credibilidad de las elecciones presidenciales del próximo 6 de octubre en Túnez ha recibido un serio golpe a raíz de la condena a penas de cárcel de seis aspirantes. Las sentencias se han dictado poco antes del final este martes del periodo de inscripción de candidaturas para la contienda. A tenor de la deriva autoritaria que ha experimentado el país tras el autogolpe del presidente Kais Said en 2021, las expectativas de la oposición no son halagüeñas, pero varios de sus líderes han optado por explorar la participación electoral como una vía para provocar un cambio político. Tras las condenas, una derrota de Said en las urnas parece aún más improbable.

Cinco de los aspirantes —Abdelatif Mekki, antiguo líder del partido islamista Ennahda; el activista Nizar Chaari, el magistrado Murad Messaouidi, la catedrática Leilla Hammami y el independiente Mohamed Adel Dou— han sido sentenciados a ocho meses de cárcel y a la privación de presentarse de por vida como candidatos a las elecciones por haber incurrido en la falsificación de firmas de apoyo. De acuerdo con la normativa electoral, uno de los requisitos para concurrir a las presidenciales era presentar un mínimo de 10.000 firmas de 10 distritos electorales.

Una sexta candidata, Abir Moussi, antigua dirigente del partido del dictador Ben Alí y una de las figuras de la política más populares, fue condenada a dos años de cárcel por haber criticado la falta de independencia del ISIE, la Junta Electoral. Además, otros aspirantes ya habían sido encarcelados anteriormente, como Lotfi Mraihi, el que ya fuera candidato independiente en las presidenciales de 2019, o Issam Chebbi, presidente del Partido Republicano. En total, se calcula que una treintena de políticos están entre rejas, además de varios periodistas y activistas sociales.

Denuncia de conspiraciones

Las sentencias se emitieron poco después de que el presidente Said celebrara el lunes una sesión del Consejo Nacional de Seguridad en el palacio de Cartago. En la reunión, Said advirtió una vez más sobre la existencia de complots por parte de “fuerzas contrarrevolucionarias y opuestas al pueblo tunecino y al movimiento de liberación nacional”. A ellas, el presidente atribuyó los cortes de luz y de agua que padecen algunas regiones del país. Desde su ascenso al poder, Said, de tendencia populista, ha denunciado de forma recurrente conspiraciones e incluso intentos de asesinarlo, y ha justificado su candidatura como un acto de “lucha por la autodeterminación nacional”.

Con la huida del dictador Ben Alí en 2011 tras una ola de protestas, Túnez propulsó el brote de las llamadas primaveras árabes. Durante la década siguiente, el país magrebí fue el único de la región capaz de sostener una transición democrática. Aunque el proceso consiguió logros destacables, como el respeto a la libertad de expresión y la celebración de elecciones libres, el continuo deterioro de la economía y la persistencia de la corrupción provocaron un profundo malestar. En este contexto, el autogolpe de Said fue acogido con esperanza por amplias capas de la población.

Antes del cierre del plazo, una docena aspirantes había presentado su candidatura. Entre ellos destaca Sadi Said, un político panarabista que obtuvo un buen resultado en las elecciones de 2019. Otro aspirante con una popularidad notable es Monder Zneidi, exministro de Ben Alí al que se atribuyen apoyos en las estructuras del Estado. No está claro que haya podido cumplir todos los requisitos. El propio equipo de Zneidi ha reconocido que no dispone de uno de los documentos necesarios para concurrir, el controvertido B3, como se conoce en Túnez al expediente penal. Tener un expediente criminal limpio es una de las condiciones para ser candidato.

“A pesar de haber cumplido todas las condiciones legales, encontramos dificultades para obtener el documento B3″, reza un comunicado en la página de Zneidi. Unos días antes, 11 aspirantes, entre ellos Mekki y Chaari, hicieron pública una carta en la que denunciaban un clima de intimidación y la existencia de graves violaciones de su derecho a concurrir en la contienda por parte de algunas instituciones del Estado, entre ellas, el rechazo a proporcionarles su certificado penal. “Las violaciones (…) parecen indicar un deseo de excluirlos [de las elecciones] para dejar vía libre a un solo candidato”, declararon en el texto conjunto.

En un día de actividad frenética, el Ministerio del Interior se pronunció por primera vez de forma pública respecto a la polémica por su presunta negativa a conceder a algunos candidatos el expediente penal. “Todos aquellos que han hecho la demanda para obtener el B3 lo han conseguido, a excepción de aquellos implicados en asuntos penales o que están bajo control judicial”, se defendió Interior en un comunicado.

Las críticas de la oposición han encontrado eco en la sociedad civil, que pone en duda la narrativa del régimen de que se limita a aplicar la ley. “Desde que el presidente Kais Saied disolvió el Consejo Superior de la Magistratura, [...] los jueces se enfrentan a un acoso y a injerencias ilegales en su trabajo con el fin de asfixiar la disidencia”, sostiene Heba Morayef, directora de la región del Norte de África y Oriente Medio para Amnistía Internacional.

“Habrá que esperar a la publicación de la lista definitiva de candidatos el próximo lunes para saber si las elecciones serán competitivas o no”, sostiene el politólogo Tarek Kahlaoui. “Parece haber un debate dentro del régimen sobre hasta qué punto deben ser abiertas. El sistema es opaco, pero parece que Said ha dado instrucciones contradictorias al respecto, y existe confusión en algunas instituciones sobre cómo proceder”, añade este experto.

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