La oposición tunecina intenta reagruparse dos años después del autogolpe del presidente Said

Varios centenares de dirigentes y partidarios de la oposición se han concentrado este martes en el centro de la capital de Túnez en plena ola de calor extremo. En una protesta conjunta, las fuerzas políticas del Parlamento disuelto hace ahora dos años por el presidente tunecino, Kais Said, han reclamado la excarcelación de más de dos decenas de políticos, jueces o periodistas críticos detenidos desde el pasado febrero. La oposición reagrupada bajo el paraguas del Frente de Salvación Nacional trata también de coordinarse para plantar cara con un candidato único a Said, quien desde el autogolpe de 2021 gobierna por decreto, en las presidenciales del año que viene.

“¡Abajo el golpe de Estado!”, “¡Libertad para los presos!”, fueron algunos de los lemas coreados por los manifestantes en plena canícula, con temperaturas que han rozado los 50º en el país magrebí, informa France Presse. La ola de represión desencadena contra la oposición había rebajado en los últimos meses la entidad de las protestas contra la deriva autoritaria del presidente. Decenas de disidentes han sido encarcelados, señalados sin cargos como terroristas bajo la vaga acusación de “atentar contra la seguridad del Estado”. Entre ellos se encuentra Rachid Ganuchi, de 81 años, expresidente del Legislativo y líder del movimiento islamista Ennahda, el mayor partido en la Cámara clausurada el 25 de julio de 2021.

“El acaparamiento del poder por el presidente Said se ha reforzado por la vía de la represión y el encarcelamiento de opositores y detractores del régimen, y bajo un poder judicial que se ha visto socavado”, ha advertido Amnistía Internacional en un informe ante el segundo aniversario de la disolución del Parlamento en Túnez. El recurso a las “acusaciones ficticias” para detener a disidentes está privando a los tunecinos, según la ONG defensora de los derechos humanos, de las libertades que conquistaron en 2011, tras la revuelta que derrocó al dictador Zin el Abidín Ben Alí en el estallido de la primavera árabe.

Ahmed Neyib Chebi, de 74 años, cabeza visible del Frente de Salvación Nacional, ha acusado a Said de haber atacado “a todas las instituciones del Estado, desde la justicia hasta el Parlamento”, desde los medios de comunicación a las centrales sindicales”, y de haber rechazado “todas las ofertas de diálogo político”. “Túnez vive bajo un modelo híbrido, en el que se espera una cierta competencia electoral en las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2024, pero la alianza de la oposición no representa aún una alternativa a Said”, ha argumentado el analista político Tarek Kalauif en una conversación con EL PAÍS.

Said, que fue elegido con el 72% de los votos en 2019, cuenta con aparente ventaja en los sondeos para revalidar su mandato por otros cinco años frente a un bloque de oposición integrado por partidos desacreditados ante la opinión pública tras una década de desgobierno y empobrecimiento del país.

Profesor de Derecho Constitucional de 65 años, prácticamente desconocido hasta su elección en 2020, Said cuenta con amplísimas prerrogativas tras haber reformado la Constitución, en un referéndum aprobado por solo el 30% de los electores, y de reabrir el Parlamento, después de unas legislativas a las que dieron la espalda cerca del 90% de los votantes.

Said está enfrentado además con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que depende desde octubre del año pasado un plan de rescate para salvar a Túnez de la bancarrota. A cambio de una inyección de 1.900 millones de dólares (1.720 millones de euros), el Gobierno tunecino debe recortar subsidios a productos básicos —como azúcar, leche, café o aceite— y liquidar monopolios en empresas del sector público.

El presidente rechaza las imposiciones del Fondo, lo que a su vez ha paralizado un programa de ayuda de 900 millones de euros ofrecido por la Unión Europea para mitigar los efectos de los recortes de las ayudas sociales. A pesar de las críticas en el Parlamento Europeo a la deriva autocrática del presidente, la Comisión Europea ha apostado por la estabilidad en Túnez para evitar que se dispare la avalancha de pateras desde sus costas, que han depositado más de 37.000 migrantes irregulares en las costas de Italia en lo que va de año.

Kais Said parece haber jugado la baza migratoria para consolidarse en el poder. Una troika de la UE integrada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el jefe de Gobierno saliente de Países Bajos, Mark Rutte, alcanzó el pasado día 16 en Túnez un principio de acuerdo en materia migratoria, para que el país magrebí frene las llegadas de pateras a Europa a través del Mediterráneo Central. El memorando de entendimiento agrupa por ahora varias áreas de financiación que suman 300 millones de euros, para combatir la migración irregular, impulsar la digitalización de la economía o el desarrollo de fuentes de energía sostenibles.

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