En Israel, un ciudadano más; en Argentina, imputado en una causa por crímenes de lesa humanidad

En 1976, tres semanas después del golpe de Estado militar en Argentina, Shlomo Slutzky aprovechó que, al ser judío, podía emigrar a Israel y, probablemente, no convertirse en uno de los 30.000 desaparecidos, entre los que sí se encuentra su primo segundo y activista de izquierdas Samuel. Veintisiete años más tarde, poco después del corralito, otro argentino, Teodoro Aníbal Gauto, se estableció en el mismo país gracias a que su mujer tenía raíces judías, lo que daba a ambos derecho a la nacionalidad. Sus vidas se cruzaron en 2013, cuando Slutzky empezó a investigar los asesinatos y torturas en La Cacha, el centro clandestino en la ciudad de La Plata en el que vieron a Samuel por última vez. Descubrió que Interpol había dictado una orden de busca y captura contra Gauto para que aclarase en Argentina su posible papel en crímenes de lesa humanidad durante los años en los que trabajó como civil en el 101, el destacamento de la inteligencia militar que operaba ese mismo centro.

“De repente, resultaba que un potencial asesino de este primo [segundo] se encontraba a 100 kilómetros de acá, habiendo entrado en forma ilegal en Israel. Es como que se reía de mí y el destino se reía de mí”, recuerda hoy en una cafetería cerca de su casa en Tel Aviv, donde reside. Slutzky comenzó entonces una batalla ―hasta ahora infructuosa― por llevarlo ante la justicia que ha incluido escraches, demandas judiciales y hasta una reunión con el presidente argentino, Alberto Fernández, ya que Israel no está obligado a extraditarlo. Él y su hijo Tomer han plasmado la campaña en el documental Nuestra bronca, que llegará el próximo día 24 a Buenos Aires tras su estreno el mes pasado en el festival de cine de la ciudad israelí de Haifa.

“La película es solo un medio más para llegar al público, a las autoridades, para que la gente pregunte: ¿Cómo puede ser una cosa así?”, explica Slutzky, periodista y documentalista de 66 años. Simbólicamente, Nuestra bronca casi empieza y acaba de la misma forma: con padre e hijo frente la casa de Gauto en Kiriat Bialik, una localidad del norte de Israel. En la última, en 2021, llenando buzones, parabrisas y árboles de octavillas en español y hebreo con una oferta de recompensa y la palabra “buscado”. Es casi un reflejo gráfico del impasse al que ha llegado el caso, con la orden de Interpol anulada y el juicio en el Supremo israelí a la espera de nueva documentación. Gauto sigue imputado por delitos de lesa humanidad en Argentina, que pide su extradición para la indagatoria, es decir, para que declare ante el juez y este determine entonces si procesarlo o no.

Los Slutzky empezaron a seguir el rastro de Gauto, que hoy tiene 73 años, en 2013. Diez años antes, estaba siendo procesado en Argentina por una estafa al Banco Central que presuntamente cometió en los noventa. El juez le permitió ir temporalmente a Israel con la obligación de regresar. Aprovechó para emigrar, mintiendo en el formulario de la Agencia Judía al marcar que no tenía causas judiciales pendientes y cambiar su nombre a Yosef Karmel, según desvela el documental. En los ochenta había tenido otros dos juicios: uno por hurto, falsificación de documentos y estafa, en La Plata; y otro en España por robar cheques e imitar la firma para cobrarlos en Madrid, según figura, respectivamente, en un documento de la Policía argentina y en otro de Interpol. Los tres delitos han prescrito ya.

Al principio, Slutzky se limitó a avisar a la Cancillería, a la Embajada israelí en Argentina y a la Agencia Judía, sin hacerlo público. En Interior le comunicaron que se le podría haber revocado la nacionalidad ―por engañar en el formulario― en los primeros tres años, pero ahora solo le quedaban los tribunales.

Fue entonces cuando empezó a denunciar el asunto en los medios de comunicación de ambos países y llevó el tema al Supremo israelí. En 2018, recibió dos palos. Por un lado, una comisión de Interior decidió mantener la ciudadanía a Gauto sobre la base de su arraigo. Por otro, el juez del caso en Argentina cambió y el nuevo decidió anular la orden de captura internacional y exonerarlo de encarcelamiento, por la ausencia de pruebas nuevas en su contra en todos estos años.

Un año más tarde, Slutzky sufrió un infarto y tuvo que ser operado a corazón abierto. Su abogado le acabó convenciendo de aplazar el juicio. Ese mismo año, Gauto voló a Argentina sin ser arrestado, pese a seguir imputado en la causa, según se apunta en la película.

Entre tanta mala noticia, algo llenó de ilusión a Slutzky: la llegada al poder de Alberto Fernández, en 2020. Más aún cuando se enteró de que su primer viaje al extranjero sería a Israel, donde están instalados decenas de miles de miembros de la comunidad judía argentina, la mayor de América Latina. El número de judíos desaparecidos durante la dictadura fue, además, mucho mayor de su peso poblacional, por el antisemitismo de los golpistas y porque estaban más involucrados en movimientos de izquierda y universitarios.

Se reunieron en una mesa ancha y le resumió el caso. En el documental se puede ver a Fernández hablarle emocionado de la necesidad de justicia y darle su número de móvil. Apenas unas semanas más tarde, llegó la covid-19 y la extradición de Gauto pasó a ser la última preocupación de ese y de cualquier otro Gobierno.

Gauto fue contactado por EL PAÍS, pero prefirió no hacer declaraciones.

— No quiero hablar. Ya lo hace él [Slutzky] por los dos.

— Entiendo. Pero solo una cosa: si se considera inocente, ¿por qué no viaja simplemente a Argentina y declara para que se aclare todo?

— Está todo ante la justicia, aquí y allá. Hay jueces y hay abogados, así que no necesito hablar nada.

En el documental sí se escuchan retazos de dos conversaciones telefónicas con él. En una primera, con Slutzky padre, admite que trabajó (entre 1975 y 1979) en el destacamento 101 ―del que otros tres civiles han sido condenados―, en el que se limitaba a “confeccionar fichas con nombres y apellidos” de quienes llegaban, que a veces incluían datos como “comunista o marxista-leninista”. Lo justifica en que era joven y quería dinero, pero matiza que ni tiene ideología ni participó en violaciones de derechos humanos. En otra más breve y años después, con el hijo, se presenta como un “pez pequeño” al que han “agrandado” artificialmente con tanto activismo para llevarlo ante los tribunales.

Al principio, Slutzky pensaba que todas las trabas a la extradición “eran una cuestión burocrática o de malos entendidos”. Ahora cree que hay “otras cosas”. Esas “otras cosas” tienen que ver con que el destacamento 101 intercambió información de inteligencia con Israel (que vendía armas a la dictadura, pese al boicot internacional) cuando la organización guerrillera peronista Montoneros recibía entrenamiento de la Organización para la Liberación de Palestina en Líbano, país vecino y enfrentado a Israel. Uno de los elementos que alimenta su sospecha es que, durante la vista en el Supremo en 2017, el juez pidió a todos salir de la sala porque le tenían que comunicar una información secreta.

El documental termina en julio de 2021. Desde entonces, Slutzky ha declarado en la causa como testigo y se ha reunido con el ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Cree que “hace falta que alguien venga a Israel y diga: ‘Sí, es importante la cuestión de [los atentados en los noventa contra] la AMIA y la Embajada [israelí en Buenos Aires] y ustedes la elevan todos los días. Pero para nosotros también lo es la memoria, verdad y justicia. Y no nos están ayudando simplemente a indagarlo”. Tampoco ha contribuido que Israel celebrase, hasta el pasado día 1, cinco elecciones desde 2019.

Slutzky insiste en que actúa así como “patriota israelí”. “A veces mi hijo me dice: ‘Mirá, él ya está marcado, ya recibió cierto castigo’. Pero yo pienso que su presencia acá ensucia a este país”.

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