La Comisión Europea se dispone a aprobar su plan para hacer frente a los cortes de gas de Putin

Con el presidente ruso, Vladímir Putin, apretando cada vez de manera más firme la llave del gas a Europa, Bruselas ha reaccionado elevando la política energética común a un primer plano. Ante la perspectiva de un invierno del descontento, con una ciudadanía furiosa por la inflación y los precios de la electricidad por las nubes, la Comisión Europea lanzará un paquete de herramientas para resistir a la falta de suministro energético y para tratar de parar el golpe a la hucha de los hogares y las empresas más vulnerables. El Ejecutivo comunitario va a aprobar una regulación que establece un objetivo obligatorio de ahorro de al menos un 5% en el consumo de electricidad durante las horas pico para todos los Estados miembros, y un gravamen a las petroleras y gasistas de un 33% sobre su nivel de beneficios extra, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. El impuesto se suma a otros tributos sobre el resto de compañías energéticas, que han visto aumentar sus rendimientos económicos enormemente por los altos precios, y que deberá revertir en esos hogares y empresas vulnerables.

El germen de la integración europea, como la conocemos hoy, nació tras la II Guerra Mundial, con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). Y en 2022, en un continente que convive de nuevo con una guerra, la de Rusia contra Ucrania, y en el que el invierno se siente ya como una dura prueba, con el jefe del Kremlin empleando el gas como arma, la energía vuelve a ser un tema crucial.

La crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, con la compra conjunta de vacunas y un plan de recuperación para paliar los efectos del golpe, afianzaron la integración europea y pavimentaron una vía que ha favorecido también el marco de cooperación por la guerra de Ucrania. Ahora, el suministro energético centra y centrará la política de la Comisión Europea y se espera que sea un eje principal del discurso sobre el Estado de la Unión de este miércoles de su presidenta, Ursula von der Leyen, ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Asistirá como invitada Olena Zelenska, esposa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según ha anunciado este martes la propia Von der Leyen.

Medidas urgentes e inmediatas

El mensaje de la Comisión Europea es claro: hay que tomar medidas urgentes y hay que hacerlo ya. Se espera que los ministros de Energía de los Estados miembros, que ya se reunieron de manera urgente la semana pasada para afinar las líneas de las propuestas de regulación a la que ahora ha dado forma la Comisión, debatan el proyecto final el 30 de septiembre en una reunión en Bruselas. La oposición de algunos países a poner un precio tope al gas ruso (y la intención de otros de implantarlo para cualquier gas), como proponía Von der Leyen, requerirá más tiempo, dicen fuentes comunitarias, por lo que ese precio máximo al gas parece haberse caído de la propuesta, según el documento que ha leído este diario.

La idea de la nueva regulación europea es actuar sobre el mercado para lograr bajar los precios, ayudar a los consumidores más vulnerables y, a la vez, reducir el consumo. Y ese es el espíritu de la política energética que está siguiendo la Comisión de Von der Leyen, que ha adoptado una postura muy dura contra lo que considera un “chantaje” de Putin. Uno de sus objetivos es evitar grietas en el apoyo en bloque de los Veintisiete a Ucrania, un país que ha cumplido ya 200 días de guerra a gran escala y que con ayuda de las armas suministradas por sus aliados está logrando avanzar en una contraofensiva que ha obligado a las fuerzas rusas a retirarse de territorios estratégicos del este.

Bruselas establece, por ejemplo, que ese ahorro obligatorio del 5% del consumo de electricidad debe cubrir al menos el 10% de las horas de cada mes en que se espera que los precios sean más altos (esto daría lugar a la selección de tres o cuatro horas por día de la semana, según el documento elaborado por la Comisión). Serán los Estados miembros quienes decidirán esas horas y también quienes elegirán las medidas adecuadas para el ahorro. La iniciativa podría llegar a derivar en una reducción de consumo de gas de 1.200 millones de metros cúbicos durante cuatro meses, según cálculos que incluye el borrador de propuesta de regulación, que el colegio de comisarios ha aprobado este martes, pero que no recibirá la luz verde definitiva hasta mañana, en sincronización con el discurso de Von der Leyen.

Avanza también el gravamen a los productores de las llamadas energías “inframarginales”, es decir, las que no son gas, que han visto aumentar enormemente sus beneficios y que tendrán que aportar todo lo que supere un ingreso de 180 euros por megavatio por hora (la media es ahora de 450 euros por megavatio por hora, aunque ha llegado a más de 1.000 euros). La cifra se encuentra por debajo del mercado actual, pero algunos la consideran excesiva y una oportunidad perdida para los hogares y empresas “vulnerables” porque supera con mucho la media histórica y su coste medio de producción. Bruselas no habla de impuestos, sino de topes y de “contribución solidaria”, como el eufemismo que emplea para el gravamen que implantará para las compañías de gas y petróleo, que deberán aportar un 33% de cualquier ganancia superior al 20% de lo que han obtenido de más respecto a la media de los últimos tres años. Serán los Estados miembros quienes decidan a qué hogares y empresas y cómo irán los ingresos obtenidos por esos nuevos gravámenes.

Para algunos, sin embargo, las medidas de la Comisión Europea llegan tarde. Hace 10 días, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, cargó, en una entrevista con EL PAIS, contra el Ejecutivo comunitario por no haber reaccionado antes. Aunque fueron muchos en la UE los que escondieron la cabeza en la arena cuando el año pasado Putin empezó a utilizar el gas como palanca, en ese momento para tratar de acelerar la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, que iba a llevar gas ruso directamente a Alemania bajo el mar Báltico. Y cuando a las puertas del invierno pasado cortó el gas a Moldavia (ahora país candidato a la UE) al no alcanzar un acuerdo sobre un nuevo precio con el Gobierno europeísta moldavo.

Tampoco se atendió en un primer momento al presidente español, Pedro Sánchez, cuando solicitó para España y Portugal (consideradas en cierta forma “isla energética” por sus pocas interconexiones) poner topes temporales a los precios del gas que se utiliza para generar electricidad con el objetivo de bajar rápidamente la factura de la luz con la llamada excepción ibérica. Ahora, esa guerra energética ha alcanzado también de lleno a toda la ciudadanía de la UE, y los precios, exacerbados por la postpandemia y la invasión rusa a Ucrania han alcanzado niveles históricamente altos.

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