EE UU impone sanciones económicas a una hija y tres funcionarios de Ortega por la ofensiva contra opositores en Nicaragua

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este miércoles sanciones económicas a importantes figuras del Gobierno que lidera en Nicaragua el sandinista Daniel Ortega como respuesta a la detención de varias personas de la oposición, incluyendo cuatro aspirantes a la presidencia. Entre los afectados por la decisión de Washington está Camila Ortega Murillo, coordinadora de la llamada Comisión Económica Creativa e hija de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Las sanciones también incluyen a Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; el diputado Edwin Castro Rivera, leal operador político del régimen en la Asamblea Nacional; y Julio Rodríguez Balladares, general del Ejército de Nicaragua. El Departamento del Tesoro ha justificado sus sanciones afirmando que estas personas apoyan a “un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha tratado de silenciar a los medios de comunicación independientes”.

Estas sanciones se dan un día después de que el régimen lanzara una nueva ofensiva contra la disidencia política. Cuatro figuras destacadas de la oposición fueron detenidas el martes, acusadas de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, incluyendo a dos aspirantes a la presidencia, una destacada activista y el expresidente de la principal cámara empresarial del país. Las detenciones han generado un fuerte rechazo internacional, incluyendo a Estados Unidos, que ha catalogado de “dictadura” al Gobierno de Ortega.

La primera detención se produjo en horas de la mañana, cuando el aspirante a la presidencia Félix Maradiaga, un académico y activista, fue apresado después de comparecer en la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación. Horas después fue allanada la residencia de del exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro García, sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y quien también había hecho públicas sus intenciones de enfrentarse a Ortega en las elecciones previstas para noviembre. Por la noche fueron detenidos en sus hogares la activista Violeta Granera y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

El Consejo mantuvo una relación de cogobierno con Ortega desde 2007, cuando el exguerrillero sandinista retornó al poder, hasta 2018, cuando estallaron una serie de protestas sociales que exigían el fin del mandato del sandinista y que fueron reprimidas con brutalidad. Esa represión dejó más de 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aguirre también forma parte de la Alianza Cívica, un grupo opositor que nació durante las protestas para negociar una salida pacífica a la crisis política. El COSEP ha denunciado en un comunicado lo que considera el “desmantelamiento” del régimen democrático en Nicaragua y ha afirmado que las detenciones del martes “cuestionan la viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente”. La patronal ha exigido la liberación de todos los detenidos, que ha catalogado como “presos políticos”.

A Maradiaga, Chamorro García, Granera y Aguerri se les ha detenido bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, según han dicho las autoridades, un delito contemplado en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional, bajo control de Ortega. Esa ley ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento judicial para censurar y perseguir a voces críticas contra el Gobierno bajo el argumento de que buscan financiamiento extranjero para conspirar contra el régimen. A Granera se le ha dado casa por cárcel (arresto domiciliario), mientras que los otros apresados han sido trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, cuyas celdas han sido denunciadas como centros de tortura por organizaciones de derechos humanos.

Con la detención de Maradiaga y Chamorro García suman cuatro los aspirantes a la presidencia que han sido investigados y detenidos en los últimos días. Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, era la principal candidata de la oposición hasta que el pasado 2 de junio el régimen de Ortega le dictó arresto domiciliario. Ella es señalada por lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre. En la investigación que la fiscalía ha abierto contra la opositara también han sido citados a declarar varios periodistas que recibieron apoyo de la fundación que presidía, entre ellos María Lili Delgado, corresponsal de la cadena hispana de Estados Unidos, Univisión. A Delgado se la ha impuesto retención migratoria.

Las detenciones de este martes han generado una ola de críticas a nivel internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha vuelto a cargar contra Ortega, a quien ha calificado de “dictador”.

“La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga —el tercer líder opositor detenido en 10 días— confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal”, ha publicado en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung. “Las medidas represivas contra líderes políticos y la sociedad civil requieren un llamado internacional al régimen. Ortega es responsable por el bienestar de los detenidos. Deben ser liberados inmediatamente”, ha agregado la diplomática estadounidense. España también ha condenado las detenciones y en un comunicado emitido el miércoles por el Ministerio de Asuntos exteriores ha expresado “su profunda preocupación” por lo que acontece en el país centroamericano y ha pedido la liberación de los apresados.

Nicaragua tiene previsto organizar elecciones generales en noviembre, pero Ortega se ha encargado de atacar cualquier tipo de competencia, no solo con la detención de sus rivales, sino con reformas al Poder Electoral que le han garantizado el control total de todo el sistema electoral, con lo que el régimen allana el camino para una nueva reelección del sandinista, en el poder desde el 2007.

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