Limpiar opositores del proceso electoral: la nueva modalidad represiva de Ortega y Murillo

El arresto domiciliar y la causa abierta por el supuesto delito lavado de dinero que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo le impuso a Cristiana Chamorro para inhabilitar su candidatura presidencial es parte de una nueva modalidad represiva en Nicaragua, cuyo principal objetivo, como resume la historiadora Dora María Téllez “es limpiar de la boleta a todas las candidaturas existentes de la oposición”. La afirmación de la también exguerrillera tomó más fuerza este sábado, cuando la policía detuvo en el aeropuerto internacional de Managua a otro precandidato presidencial: el catedrático Arturo Cruz por “contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Cruz, que regresaba de un viaje de Estados Unidos, fue arrestado en virtud de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, una normativa que castiga a quienes “inciten la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras”. En otras palabras, una ley para opositores que celebren o promuevan sanciones internacionales contra el Gobierno Ortega-Murillo.

Esta ley es parte de otras leyes punitivas aprobadas por el régimen sandinista en 2020 de cara al proceso electoral, las cuales mezcladas con el perenne estado de sitio policial tienen cercado a los opositores. Las otras leyes son la de cadena perpetua, la Ley de Ciberdelitos (dirigida a periodistas) y la Ley de Agentes Extranjeros. Un cóctel legislativo que en la actualidad está usando Ortega para dar paso a su tercera reelección consecutiva de la mano de su esposa, alargando más la crisis sociopolítica que el país atraviesa desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales.

El caso de Cristiana Chamorro, la aspirante con más simpatía, según las encuestas- ilustra casi por completo esta estrategia que garantiza a la pareja presidencial su perpetuación en el poder. Horas después que Chamorro se inscribió en un mecanismo para elegir al candidato único de la oposición, el Ministerio Público inhibió de facto su candidatura, sustentado en una investigación por supuesto lavado de dinero que semanas atrás abrieron contra ella y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La ONG dedicada a la promoción y el fortalecimiento del periodismo cerró en febrero pasado para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros que criminaliza la cooperación internacional.

Pese a ello, la Fundación Violeta fue indiciada junto a Chamorro, quien antes del cierre de la organización había renunciado a la dirección para lanzar su candidatura presidencial. Chamorro era perfilada como la candidata capaz de unir a la oposición dividida en dos bloques. Después de más de un año de diferencias, los opositores parecían comenzarse a encontrar bajo la casilla de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, consensuar un candidato único y acudir a unas elecciones con la consigna de condiciones de transparencia y competitividad.

Justo cuando las desavenencias opositoras se estaban disipando, Ortega irrumpió con una estrategia en dos vías. Por un lado se aseguró el control del sistema con una reforma a la ley electoral a su medida, según expertos en la materia, y refrendando el control del cuestionado Consejo Supremo Electoral con magistrados leales a él. Por el otro lado, despuntó las inhibiciones de candidatos con la detención de Cristiana Chamorro, y le siguió sorpresivamente Arturo Cruz, quien entre 2007 y 2009 fue el embajador del régimen sandinista en Washington.

Ahora, se avecina el bloqueo de otro candidato muy popular: Félix Maradiaga, quien durante las protestas sociales ya fue indiciado por cargos de “terrorismo” y financiamiento proveniente del narcotráfico, dos señalamientos que nunca pudo probar la justicia sandinista. El argumento para inhibir a Maradiaga es la maniquea interpretación del artículo 147 de la Constitución, de acuerdo al reclamo del mismo afectado. Ese artículo establece que para poder aspirar a la presidencia se debe “haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección”. Maradiaga tuvo que exiliarse forzadamente en 2018, luego de una brutal paliza en la ciudad de León y una orden de captura en su contra. Este sábado, el precandidato anunció que había sido citado en la Fiscalía este lunes.

“Hay argumentos para que esa situación de Maradiaga no se aplique al pie de la letra, porque en la Constitución hay un vacío en relación a las causas por la cual una persona está fuera del país, en el sentido de exiliado político. Maradiaga nunca cambió su domicilio y cuando pudo regresó al país”, explicó Yader Loza, experto en materia electoral. “Más allá de lo que diga o no diga la ley, en Nicaragua no hay ley… para el Gobierno la única ley es lo que dice el presidente y la vicepresidenta”.

Opositores bajo casa por cárcel

Sumado a ello, el régimen mantiene en arresto domiciliar a los aspirantes Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, quienes por ahora no tienen cargos judiciales abiertos. Todos estos opositores y otros de mayor liderazgo son vigilados 24 horas y siete días a la semana por contingentes policiales.

“Estas acusaciones infundadas, a solo cinco meses de las elecciones generales, forman parte de una campaña tendiente a inhibir a los opositores para el ejercicio de cargos de elección popular, por parte de un régimen que trata de mantenerse a toda costa en el poder”, reclamó este sábado la Alianza Ciudadanos por la Libertad, luego de conocerse la detención de Cruz, quien se ha destacado como catedrático Incae Business School.

Cruz fue detenido un día después que Estados Unidos prometió más sanciones como represalia al arresto domiciliario bajo aislamiento en el que mantienen a Cristiana Chamorro.

“Ellos ya están decididos a hacer una farsa electoral y con ello tienen que inhibir a todos los candidatos, sacar a todos los partidos que quieran ser oposición y quedarse solos”, dijo Dora María Téllez. Muestra de ello han sido la inhibición de una de las casillas donde planeaba correr la Coalición Nacional, uno de los bloques opositores surgidos en 2018. El Consejo Supremo Electoral sacó de la contienda al Partido Restauración Democrática (PRD) por razones religiosas. Dos días después, también despojó de su personería jurídica al Partido Conservador (PC). Los Ortega-Murillo están diciendo ‘me voy a mantener a sangre y fuego en el poder’. Eso dicen”, sostiene Téllez, también perseguida por el Gobierno.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.