El régimen de Ortega incluye en su persecución contra la oposición en Nicaragua al escritor Sergio Ramírez

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo vinculó este martes al escritor Sergio Ramírez al supuesto caso de lavado de dinero que la Fiscalía de Nicaragua mantiene en etapa investigativa contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y la extinta Fundación Violeta Barrios que ella dirigía. El novelista y ganador del Premio Cervantes fue citado en calidad de testigo para una entrevista.

“Vengo a cumplir. Más, no sé”, dijo el escritor antes de ingresar a la sede nacional del ministerio público. La institución lo convocó al ser el representante legal de la Fundación Luisa Mercado, una asociación sin fines de lucro que funciona en Masatepe, pueblo natal de Ramírez, y que promueve el desarrollo cultural y educativo entre jóvenes.

La citación del laureado escritor sorprendió porque, hasta ahora, el caso contra Cristiana Chamorro solo ha involucrado a casi una veintena de personas, en su mayoría periodistas y medios de comunicación independientes. Ramírez acudió a la cita la tarde de este martes acompañado de su abogado.

Al salir de la citación, el escritor dio detalles de su testimonio. “La Fundación Luisa Mercado tiene un programa cultural muy grande, que es muy conocido: Centroamérica Cuenta, en el que han participado más de 500 escritores de América Latina, España y el mundo. Entre las fuentes de financiamiento hemos contado con el apoyo de la Fundación Violeta. La Fiscalía me preguntó sobre este apoyo que hemos recibido durante varios años. Convenios que yo he firmado como representante legal de la Fundación Luisa Mercado. Se trata de una relación estrictamente apegada a la ley de Nicaragua, llevada con absoluta transparencia”, dijo Ramírez. “Nicaragua vive tiempos políticos muy turbulentos en este marco electoral. Es lo que está a la vista. Todo eso está muy relacionado”, relató el escritor al término de su declaración ante la Fiscalía.

Ramírez, que fue vicepresidente de Ortega durante la revolución sandinista, es desde hace unos años uno de los críticos con mayor renombre del mandatario sandinista. El autor de la novela Margarita, está linda la mar siempre ha denunciado las violaciones a los derechos humanos y los desmanes autoritarios de los Ortega-Murillo. En 2018, al recibir el Premio Cervantes dedicó su discurso a los nicaragüenses asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia.

Ortega y Murillo asumen riendas

El Gobierno de Ortega y Murillo ha tomado de forma directa las riendas de la investigación de supuesto lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial mejor valorada en las encuestas. El pasado 29 de mayo el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que dirige la propia vicepresidenta Rosario Murillo, emitió un comunicado confirmando las violentas detenciones de las que fueron víctimas Walter Gómez y Marcos Fletes, exadministrador y antiguo contable respectivamente de la Fundación Violeta, quienes fueron indiciados junto a Chamorro por presuntas inconsistencias en los informes financieros de la organización.

El comunicado del Gobierno -que dejó al margen a la Fiscalía como ente encargado del caso- informó que ampliaron el plazo de investigación a 90 días contra Gómez y Fletes, por lo que les impusieron cárcel, sin que desde el 28 de mayo sus abogados y sus familiares hayan podido verlos. “Están secuestrados”, ha insistido Cristiana Chamorro, señalada de tres delitos más aparte del lavado de dinero: falsedad ideológica, gestiones indebidas y actos ilícitos o indebidos.

El régimen sandinista estrenó con los extrabajadores de la Fundación Violeta las reformas a la Ley 1060 del Código Procesal Penal, aprobadas el 3 de febrero de este año, que ampliaron el plazo de detención preventiva que era de 48 horas y ahora es “no menor a 15 días ni mayor a 90 días”. Esta es una de las leyes punitivas promovidas por el oficialismo desde el año anterior para arrinconar a opositores y anular garantías procesales.

Las detenciones de Gómez y Fletes pusieron en vilo al país la noche del viernes pasado. Primero fue detenido por civiles armados el excontable, cuando fue interceptado saliendo de una casa y terminó encañonado en el piso. Más tarde, la casa del exadministrador Gómez, fue allanada sin orden judicial, de acuerdo a sus familiares. Los hombres están presos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en las temidas celdas de El Chipote, donde según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se realizan torturas y malos tratos para forzar declaraciones.

Menos de 24 horas después de las capturas, familiares y abogados de los extrabajadores se presentaron a la DAJ para saber de ellos. Pero las puertas fueron cerradas y nadie los ha atendido hasta la publicación de este artículo. Semanas antes de ser apresados, Gómez y Fletes denunciaron acoso y persecución por parte de policía y civiles afines al partido de Gobierno.

Trasladan investigación a la policía

La investigación contra Cristiana Chamorro y la fundación que dirigía (y que cerró en febrero pasado para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros) lleva ya tres semanas, pero los fiscales todavía no han logrado abrir una causa penal. Según fuentes judiciales que conversaron con EL PAÍS, los fiscales a cargo no logran concretar pruebas del delito achacado.

De hecho, antes de la captura de Gómez y Fletes, el medio de comunicación Divergentes reveló que el Gobierno trasladaría parte de la investigación a la DAJ para que la policía se haga cargo de los interrogatorios. “Están valorando que la Dirección de Auxilio Judicial asuma la investigación, porque los fiscales están lentos y no logran encontrar indicios para armar una acusación”, reseñó la publicación, haciendo énfasis en la coerción que implica que una policía acusada de represiva, y que responde ciegamente a la pareja presidencial.

Mientras el caso adquiere tintes más policiales, en la Fiscalía sigue el desfile de testigos vinculados al caso de supuesto lavado de dinero, entre ellos un colaborador de este medio de comunicación en Nicaragua, el fotoperiodista Carlos Herrera. Otros trabajadores de la extinta Fundación Violeta, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, así como la corresponsal en Managua de la cadena Univision, María Lilly Delgado, son investigados. Las cuentas de Cristiana Chamorro, Arróliga y Medrano han sido congeladas y el sigilo bancario ha sido levantado.

Estados Unidos: no hay indicios de lavado de dinero

La propaganda del Gobierno ha afilado sus cañones contra la agencia Usaid (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), uno de los cooperantes de la Fundación Violeta, y han dejado claro “que el caso es político”. “¿De dónde están recibiendo buena parte de ese dinero? De Estados Unidos, una potencia extranjera que se inmiscuye en los asuntos de Nicaragua. Claro que sí es político por esa razón”, dijo el periodista oficialista William Grigsby.

Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos negó que haya indicios de lavado de dinero: “Como parte de su supervisión regular, Usaid ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la fundación desvió fondos de Usaid para otros propósitos”.

“Estados Unidos reitera que está profundamente preocupado al igual que toda la comunidad internacional por las recientes acciones emprendidas contra los partidos políticos y candidatos de la oposición, así como contra los medios de comunicación independientes”, agregó el Departamento de Estado.

Cristiana Chamorro ha afirmado en reiteradas ocasiones que este caso “fabricado” pretende no solo acallar al periodismo, sino inhibir su candidatura presidencial, al ser una de las más populares. Insiste que los Ortega-Murillo tienen pavor del fantasma de la derrota electoral que su madre, la expresidenta Violeta Barrios, le dio a Ortega en 1990. “Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”, insistió.

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