El régimen de Ortega desata una cacería de periodistas con el pretexto de perseguir el “lavado de dinero”

El presunto caso de lavado de dinero que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo abrió contra la precandidata presidencial opositora, Cristiana Chamorro, es usado ahora como paraguas para arrinconar a más periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Este lunes la Fiscalía leal al sandinismo emitió una serie de citaciones contra reporteros y directores de las publicaciones, algo que ha sido interpretado como una escalada para acallar a la prensa independiente en un año en el que están programadas elecciones generales que no gozan de ninguna garantía de credibilidad y competencia hasta ahora.

Los periodistas citados por la Fiscalía son Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación, una de las emisoras con mayor audiencia, en especial en las zonas rurales de Nicaragua. María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena Univision. Verónica Chávez, ex directora ejecutiva del confiscado canal 100% Noticias. Y, por último, Lourdes Arróliga, extrabajadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. También fue citado Guillermo Medrano, exdirector del área de derechos humanos de la misma fundación.

El caso de lavado de dinero contra Cristiana Chamorro es por su condición de exdirectora de la Fundación Violeta, organización no gubernamental que en febrero pasado cerró operaciones para no someterse a la ley de Agentes Extranjeros promulgada por el régimen, una normativa que criminaliza las donaciones y la financiación de medios de comunicación. La Fundación Violeta era un referente de la defensa y la promoción de la libertad de prensa en Nicaragua, un país donde ese derecho fundamental es atacado sistemáticamente desde el Gobierno.

Según el régimen de Ortega, “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.

Cristiana Chamorro acudió la semana pasada a Gobernación y a la Fiscalía a presentar la documentación legal que, según ella, contradice el caso de lavado de dinero. La ex directora de la Fundación Violeta cataloga el caso “como una monstruosidad jurídica” en su contra, y sostiene que ha sido diseñado para inhibirla como candidata presidencial. Chamorro es la precandidata presidencial más popular de acuerdo a las encuestas, y su figura moral gracias al legado de sus padres (la expresidenta Violeta Barrios y el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista) la perfilan como la figura que podría cohesionar a una dividida oposición.

“Esto no es una acusación contra mi persona, sino contra todos los que queremos democracia. En este momento el dictador está demostrando que me tiene miedo. Les aseguro que también nos tiene miedo a todos, porque seremos capaces de unirnos y lo derrotaremos junto al pueblo con el pueblo”, insistió la precandidata.

Cacería de periodistas

Al margen de la posible inhibición de Chamorro, el Gobierno de Ortega ha aprovechado el señalamiento de lavado para ir por otros periodistas y medios de comunicación. El día que la precandidata fue indiciada, la revista Confidencial fue allanada y asaltada por segunda vez en tres años por la policía. Carlos Fernando Chamorro, director de esa revista de investigación y hermano de Cristiana, sostuvo que su medio de comunicación no tiene ninguna vinculación con la Fundación Violeta como alega el régimen.

En redes sociales y medios de comunicación del Gobierno se ha desatado una campaña de desprestigio que justifica el caso de lavado contra periodistas bajo el nombre “la lavandería de los Chamorro”. A raíz de ello, este lunes comenzó la cacería de periodistas a través de citaciones de la Fiscalía, un ente sin credibilidad, ya que organismos de derechos humanos le achacan la fabricación de casos políticos que son disfrazados como delitos comunes desde 2018, cuando iniciaron las protestas contra la Administración Ortega.

En las citaciones contra los periodistas se aclara que los involucran con el caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta y su expresidenta. Aunque por ahora solo fueron llamados para “una entrevista”, un paso que antecede normalmente a la apertura de una causa penal.

“Dentro del plan para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua, fui citada esta tarde a una diligencia mañana a las 08.00. Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario de supuesto ‘lavado de dinero’ contra Cristiana Chamorro”, dijo la periodista María Lilly Delgado.

La noche de este lunes Cristiana Chamorro informó que sus cuentas fueron congeladas por el Gobierno. “En medio de toda esta burda farsa, la dictadura me ha congelado mis cuentas bancarias y ha levantado el sigilo bancario. Rechazo y denuncio esta arbitrariedad”, escribió la precandidata presidencial.

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