El régimen de Ortega bloquea la candidatura de Cristiana Chamorro a la presidencia de Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y número dos, Rosario Murillo, bloquearon el martes por la noche (hora local) la candidatura de la opositora Cristiana Chamorro a las elecciones presidenciales de noviembre en el país centroamericano, en las que Ortega aspira a la reelección. Desde que hizo pública su candidatura, la hija de la que Violeta Barrios de Chamorro, presidenta entre 1990 y 1997, ha provocado el temor de la pareja gobernante. El régimen sandinista ha recurrido a una acusación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero para torpedear la participación política de la aspirante opositora que más simpatías genera entre la población, según las encuestas. En esta causa se investiga a más de una veintena de personas, en su mayoría periodistas.

La Fiscalía nicaragüense prohíbe a Chamorro “optar a cualquier cargo público por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”, ya que enfrenta un “proceso penal”. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado “aberrante” a todo principio jurídico, de acuerdo con abogados consultados, ya que cercena los derechos ciudadanos de la candidata sin que exista una sentencia firme.

El Ministerio Público interpuso la acusación formal contra la precandidata por los supuestos delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. La Fiscalía solicitó las medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados. En concreto, la periodista María Lilly Delgado Talavera y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ―la extinta ONG que dirigía la candidata, también señalada en la investigación―, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano.

Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguo administrador financiero y extesorero de la fundación, respectivamente, fueron detenidos con violencia el pasado viernes por la policía y grupos paramilitares.

La acusación de la Fiscalía se materializa casi tres semanas después de que el Gobierno ordenara una investigación porque, supuestamente, encontró irregularidades en los estados financieros de la Fundación Violeta Barrios, en el periodo entre 2015 y 2019, durante el cual Chamorro era presidenta, cargo que ocupó hasta enero de este año.

El jurista y exdiputado liberal José Pallais criticó la medida: “Es contraria a todo lo dispuesto en la Constitución al condenar a una persona a una pena sin proceso, sin haberla escuchado, sin derecho a la defensa, sin sentencia, y al convertir al Ministerio Público en un juez que sanciona de antemano”. Y añadió: “Es un caso totalmente politizado, arreglado con el único objetivo político de inhibir a la candidata más fuerte de la oposición. Es una actuación descarada que definitivamente define que este régimen no cree en la democracia. Todo funciona bajo sus reglas y la democracia es un obstáculo para su abuso del poder”.

Inhabilitada horas después de su inscribirse como precandidata

La inhabilitación de Chamorro se conoció tan solo horas después de que acudiera a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) a inscribirse en el proceso interno de ese partido para escoger un candidato opositor único. La disidencia solo cuenta con esa casilla en la papeleta electoral para medirse a Ortega en las elecciones de noviembre, unos comicios que no gozan de credibilidad ni competitividad.

El viernes pasado, los resultados de la firma encuestadora Cid Gallup ubicaron a Chamorro en el primer lugar de los opositores con un 21% de los votos, convirtiéndose en la candidata que más opciones tiene de arrebatarle el poder a Ortega, el caudillo del Frente Sandinista, que busca su tercera reelección consecutiva. Tras gobernar entre 1979 y 1990, año en el que fue derrotado por Violeta Barrios, volvió al poder en 2007 y ha presidido el país desde entonces.

Violeta Granera, integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), afirmó: “No le corresponde a la Fiscalía inhibir a ningún candidato, no tiene una sentencia firme, y además, Cristiana no es candidata oficial en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Es una ridiculez”. La activista manifestó: “Pareciera que está queriendo descabezar a las figuras que sabe perfectamente que gozan de la mayor confianza del pueblo de Nicaragua”.

Félix Maradiaga, precandidato presidencial opositor que también corre el riesgo de ser bloqueado, condenó lo ocurrido a Chamorro. “Quiero expresar mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra Cristiana, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen amerita el más amplio repudio nacional e internacional. Hoy más que nunca es necesaria la mayor unidad posible frente a la dictadura”, dijo.

Chamorro ha afirmado en reiteradas ocasiones que este caso de presunto lavado de dinero ha sido “fabricado” y pretende no solo acallar al periodismo nacional, sino inhibir su candidatura presidencial, al ser una de las más populares. Insiste en que los Ortega-Murillo tienen pavor del fantasma de la derrota electoral que su madre, Violeta Barrios, le infligió a Ortega en 1990. “Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”, insistió.

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