La justicia brasileña rechaza la denuncia contra Greenwald por piratear teléfonos de autoridades
Una resolución del Tribunal Supremo Federal blinda al reportero gracias al derecho constitucional de mantener en secreto sus fuentes
Un juez federal de Brasil ha desestimado este jueves la denuncia contra el periodista Glenn Greenwald en la que se le acusaba de incentivar el acceso a varios teléfonos móviles de autoridades, entre ellos el del ministro Sérgio Moro y el de los fiscales vinculados con la Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de América Latina. Los mensajes privados que fueron pirateados dieron origen a una serie de reportajes realizados por el medio digital The Intercept, fundado por Greenwald, y por un grupo de medios, incluido EL PAÍS, que pusieron en jaque la imparcialidad de la operación. El periodista estadounidense siempre negó haber participado en la intrusión.
La resolución del magistrado Ricardo Augusto Leite ha sido implacable con Greenwald. El juez ha coincidido con el fiscal Wellington Oliveira y ha afirmado que existen indicios de conducta delictiva por parte de Greenwald al sostener que el periodista habría instigado a los acusados a seguir cometiendo los delitos y a borrar los mensajes interceptados. Pese a la dureza del veredicto, Leite ha decidido no abrir un proceso penal contra el reportero debido a la existencia de una resolución del Tribunal Supremo Federal de agosto de 2019 que lo blinda en base al derecho constitucional a mantener en secreto las fuentes. En la sentencia, el juez ha apoyado también la reivindicación del Ministerio Fiscal de anular la medida preliminar provisional del Supremo.
"Entiendo que hay un claro intento de obstar el trabajo de averiguación del ilícito, no siendo posible utilizar la prerrogativa del secreto de las fuentes para crear un eximente de ilicitud”, ha apuntado el magistrado. Si bien el juez rechazó de momento la denuncia, no ha descartado solicitar la prisión provisional de Greenwald al entender que habría prestado “ayuda moral” a uno de los hackers actualmente preso. El proceso continúa bajo secreto de sumario y otros seis imputados han pasado a ser formalmente acusados.
El fundador de The Intecept ha reaccionado a la resolución Leite. “Es una buena noticia, pero iremos al Supremo”, ha dicho Greenwald en un vídeo. Según el periodista, sus abogados acudirán a la máxima instancia judicial para intentar establecer que la denuncia interpuesta contra él es un ataque a la libertad de prensa.
En enero, varias organizaciones nacionales e internacionales —como la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI) y la ONG Amnistía Internacional— criticaron la denuncia de la Fiscalía contra el periodista. Para sostener la acusación, el fiscal Wellington Oliveira hizo uso de un diálogo entre Greenwald y uno de los enjuiciados que había confesado haber pirateado sistemas de mensajería de autoridades. De esta forma, la acusación argumentó que el periodista "de forma libre, consciente y voluntaria, ayudó, incentivó y orientó al grupo criminal durante la práctica delictiva, actuando como garante y obteniendo ventajas financieras”.
La Policía Federal, sin embargo, ya había empleado esa misma conversación para exculpar al periodista. De acuerdo con el informe policial basado en el mismo material investigado y en la grabación citada por el fiscal, el intercambio de mensajes ponía de manifiesto "que Glenn Greenwald adoptaba una postura cuidadosa y distante en relación a la ejecución de las intrusiones, así como con la elección de eventuales objetivos por parte de los delincuentes”.
José Carlos Dias, ministro de Justicia durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1999-2000) y actual presidente de la Comisión Arns de defensa de los Derechos Humanos, consideró el mes pasado que la denuncia contra Greenwald tenía un “carácter político” y pretendía “intimidar y silenciar" a la prensa libre.“Incluso se podría pensar en un delito de abuso de autoridad por parte de el juez”, argumentó en declaraciones a EL PAÍS.
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