La Fiscalía denuncia a Greenwald por piratear en Brasil teléfonos de autoridades

La Fiscalía federal de Brasil ha denunciado este martes al periodista Glenn Greenwald, que reveló el espionaje masivo de la NSA de Estados Unidos, por "ayudar, incentivar y orientar" a un grupo de hackers que intervino los teléfonos móviles del exjuez y actual ministro de Justicia Sérgio Moro y de los fiscales del caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de América Latina.

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Los mensajes privados que los espiados intercambiaron entre sí y llegaron a manos del estadounidense Greenwald originaron una serie de reportajes que la revista The Intercept -fundada por el periodista- elaboró junto con otros medios, incluido EL PAÍS. Los textos revelaron la proximidad entre Moro, entonces juez de la Operación Lava Jato, y los fiscales, lo que puso en duda su imparcialidad. Greenwald siempre ha negado que ayudara a los hackers y considera la acusación un “ataque a la prensa libre en represalia por nuestras revelaciones”.

Seis personas más han sido acusadas por la Fiscalía, que pide que los siete sean procesados por pertenencia a organización criminal, blanqueo de dinero (excepto Greenwald) y escuchas telefónicas ilegales. Para la Fiscalía, los sospechosos lo hicieron para obtener dinero. Un juez debe decidir ahora si acepta o rechaza la denuncia.

Se da circunstancia de que la Fiscalía pide que se presenten cargos contra el periodista cuando la policía descartó acusarle formalmente. El fiscal Wellington Oliveira afirma en el auto que “Glenn Greenwald, de forma libre, consciente y voluntaria, ayudó, incentivó y aconsejó, directamente, a la banda criminal, durante la práctica del delito, actuando como garante de la banda y obteniendo ventajas financieras con la conducta descrita aquí”. El representante del Ministerio Público no ofrece más detalles.

El periodista de The Intercept siempre ha negado que ayudara a hackear los teléfonos y defiende el derecho constitucional a no desvelar sus fuentes. Este martes, en un comunicado enviado al periódico Folha de S. Paulo, ha declarado: “Hace menos de dos meses, la Policía Federal, al examinar todas las mismas pruebas citadas por la Fiscalía, declaró explícitamente que no solo nunca he cometido ningún delito, sino que también he actuado con extrema cautela como periodista y que no participé. Incluso la Policía Federal, bajo el mando del ministro Moro, dijo lo que está claro para cualquiera: no hice nada más que mi trabajo como periodista, éticamente y dentro de la ley”.

El relator especial de ONU para la libertad de expresión, David Kaye, ha publicado el mismo martes en Twitter que pedirá más información al Gobierno brasileño, pero que la denuncia parece “un esfuerzo para intimidar a Glenn Greenwald y The Intercept para que dejen de informar”. En la misma plataforma, el relator de la OEA para la libertad de expresión, Edison Lanza, ha expresado su inquietud en un tuit en el que afirma que la acusación contra el reportero tiene “preocupantes implicaciones para la libertad de prensa”. La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional también han criticado la denuncia.

Greenwald ha añadido que “el Gobierno de Bolsonaro y el movimiento que lo apoya han dejado claro continuamente que no creen en la libertad de prensa”. El periodista, que se instaló hace años en Brasil tras conocer a su actual marido, diputado por un partido de izquierda desde hace un año, se han visto atrapado en la polarización brasileña. El presidente llegó a bromear con que quizá iría por un tiempo a la cárcel, lo que generó criticas de entidades que defienden la libertad de expresión en Brasil y en el extranjero. Los reportajes sobre Lava Jato han marcado la agenda política brasileña desde junio y ha sacudido la percepción pública de la operación anticorrupción.

Los ataques a la prensa han aumentado desde que el ultraderechista llegó al poder y las mayoría de amenazas parten precisamente del él, según un recuento difundido hace unos días por la Federación Nacional de Periodistas.

Según el auto de la fiscalía, Greenwald al principio no estaba siendo investigado. Sin embargo, durante el análisis del material incautado, se encontró un audio en el que el periodista habla con uno de los investigados después de que la prensa publicara que el móvil de Moro había sido espiado. “En ese momento, Molição deja claro que todavía siguen investigando y controlando las comunicaciones telefónicas y le pide al periodista orientación sobre la posibilidad de descargar el contenido de las cuentas de Telegram de otras personas antes de que The Intercept publique los reportajes”, dice la denuncia. “Greenwald, entonces, recomienda a los delincuentes que borren los mensajes que ya han sido enviados al periodista para que no se les vincule con el material ilícito”.

El fiscal Wellington Oliveira acusa a Greenwald de aconsejar al grupo, lo que, sostiene implica “una participación auxiliar en el delito, que busca subvertir la idea de proteger la fuente periodística para convertirla en inmunidad para aconsejar a delincuentes”. La Fiscalía señala que la Policía Federal no investigó al periodista por respeto a una decisión de un juez del Tribunal Supremo que vetó que se implicara a Greenwald en el caso.

Entre los otros seis acusados está Walter Delgatti Neto, que confesó haber pirateado las cuentas.

EL PAÍS, que, al igual que el periódico Folha de S. Paulo, la revista Veja y otros medios, utilizó los mensajes para realizar reportajes, reitera que no paga para obtener información confidencial ni estimula que se cometan actos criminales para conseguirla, pero no se abstiene de presentar a sus lectores material de notable interés periodístico, independientemente de la forma en que haya llegado a la prensa protegido por el secreto profesional.