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Se dedicaban a proteger el patrimonio ecológico de Irán. Con ese fin, colocaban cámaras para detectar animales salvajes en el hábitat del guepardo asiático en el centro del país. Pero a la vez estaban pisando una zona prohibida bajo cuyo subsuelo se escondían instalaciones subterráneas y secretas del programa de misiles de la Guardia Revolucionaria (Pasdarán). La zona prohibida fue el título del documental que la televisión iraní emitió contra los activistas al poco de su detención en 2018. Tras 700 días de prisión preventiva, han sido condenados a largas penas de cárcel, justo mientras Irán estaba aislado del mundo por un corte de Internet.

El arresto de nueve miembros de la Fundación del Patrimonio Silvestre Persa —llevado a cabo por la Organización de Inteligencia de los Pasdarán—, se produjo en enero del año pasado. La entidad está centrada en proyectos para salvar especies en peligro de extinción, en especial el guepardo asiático del que apenas quedan unas decenas de ejemplares. Dos semanas después, Kavous Seyed Emami, científico iranocanadiense y miembro de la junta directiva de la fundación, murió en la prisión Evin de Teherán. Las autoridades dijeron que se había suicidado, pero nunca se publicaron las pruebas, como un supuesto vídeo del momento en que se quitó la vida.

Los Pasdarán acusan a los ecologistas de utilizar proyectos medioambientales, como el monitoreo de la vida salvaje mediante cámaras, de tapadera para reunir información militar secreta. Según Kazem Hosseini, el abogado de algunos de los activistas, el juez les ha procesado por “colaborar con países hostiles”, una expresión que se refiere principalmente a Israel. Medios cercanos a los sectores conservadores incluso atribuyen a uno de ellos, Morad Tahbaz, el tener triple nacionalidad iraní, británica y estadounidense, y “ser agente del régimen sionista”.

En esas circunstancias, que la sentencia llegara en plenas protestas por la subida del precio de la gasolina y durante el corte de Internet ha transmitido la impresión de que el Poder Judicial intentaba disminuir su impacto mediático. El citado Tahbaz y Niloufar Bayani han sido condenados a 10 años de cárcel; Houman Jowkar y Taher Ghadirian, a ocho, y Amir Hossein Khaleghi y Sepideh Kashani, a seis. Las sentencias son apelables, pero como el proceso ha carecido de transparencia y los acusados ni siquiera han podido elegir a sus abogados, no se espera ningún cambio significativo en el veredicto del Tribunal Revolucionario. Tampoco hay que olvidar que cuatro de ellos —Bayani, Jowkar, Tahbaz y Ghadirian— llegaron a ser acusados de “corrupción en la tierra”, un grave cargo castigado con la pena de muerte en el código islámico que luego se desestimó.

La fundación ecologista iraní colaboraba con la ONU y algunas organizaciones internacionales, entre ellas el instituto Panthera, que preside Thomas S. Kaplan y cuyo apoyo económico a la organización Unidos Contra el Irán Nuclear (UANI, por sus siglas en inglés) ha constituido una de las más serias acusaciones contra los conservacionistas.

Sin embargo, Kaveh Madani, un científico y ecologista iraní que fue vicepresidente de la Organización de Medio Ambiente, publicó hace dos semanas un correo electrónico de Seyed Emami fechado en 26 de septiembre de 2017 que muestra su decisión de romper las colaboraciones con Kaplan por “sus actividades antiiraníes”, ya que animaba a EE UU a abandonar el acuerdo nuclear y a reimponer sanciones a Irán. Madani también fue detenido en enero de 2018, pero luego logró salir del país.

Además, el Ministerio de Inteligencia y la Organización de la Conservación del Medio Ambiente de Irán, en especial su presidente Isa Kalantari, han reiterado en varias ocasiones que los detenidos son inocentes. No es la primera vez que surgen discordias de esta índole entre el Gobierno de Hasan Rohani y los sectores más conservadores como el Poder Judicial y la Guardia Revolucionaria, quienes aún critican al presidente por el acuerdo nuclear con el fin de presentarlo como chivo expiatorio de todas las estrecheces económicas que sufren los iraníes por la reimposición de las sanciones de EE UU y la mala gestión económica del país.