Duque evita dar una respuesta a las reivindicaciones sociales tras las masivas protestas en Colombia
El presidente no ha dado mayores pistas sobre la reacción gubernamental ante el malestar de la sociedad
En el momento más delicado de su mandato, el presidente Iván Duque no ha conseguido ofrecer respuestas al creciente malestar social manifestado en las multitudinarias protestas de este jueves en Colombia. Cuando los masivos cacerolazos todavía resonaban en varias ciudades del país, el mandatario hizo una esperada alocución por la noche para referirse a la huelga nacional que congregó a sindicatos, estudiantes, indígenas y opositores. “Somos un Gobierno que escucha”, repitió Duque hasta en tres ocasiones durante su corto discurso de menos de cuatro minutos. Este ha sido el único pronunciamiento que ha tenido hasta el momento y en él no ha hecho ninguna referencia directa a las reivindicaciones de diversos sectores a su gestión.
“A pesar de los actos de violencia, atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás”, aseguró. Las declaraciones de Duque, que este viernes presidía un consejo extraordinario con su Gabinete, se centraron más en el orden público que en las reclamaciones que hicieron el jueves los ciudadanos. “Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular, ni serán legitimados por el derecho a la protesta”, manifestó sobre los incidentes, principalmente aislados, en ciudades como Bogotá y Cali.
Los disturbios, que se dieron al final de la jornada en la plaza de Bolívar de Bogotá, amenazaron con restar protagonismo a la movilización, convocada originalmente por organizaciones obreras que rechazan las reformas laboral y de las pensiones que le atribuyen al Gobierno. Pero los masivos cacerolazos nocturnos, un gesto inusual en el país andino, volvieron a poner el foco en el malestar popular frente al Ejecutivo, al que también le reclaman el incremento de la desigualdad, el incumplimiento del acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC y los incesantes asesinatos de líderes sociales, indígenas y excombatientes que firmaron la paz.
“Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia. Y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo”, concedió Duque sin entrar en detalles. Varios líderes de la oposición han criticado las palabras de Duque. Las consideran insatisfactorias y, de hecho, han tenido eco en redes sociales bajo el hashtag #NoDijoNada, que se convirtió en tendencia.
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“Duque no dice que descalifica completamente la protesta, pero tampoco establece mecanismos de conversación claros con las organizaciones sociales y políticas. De forma muy desarticulada, estaban tratando de decir algo que no comprometiera al Gobierno con ninguna decisión específica frente a lo que sucedió ayer”, valora la analista Sandra Borda, profesora de la Universidad de Los Andes. “Ellos pueden usar la excusa de que es una manifestación muy amplia, con muchos sectores que dicen cosas distintas, pero había grupos de temas que eran perfectamente identificables con los que él habría podido lidiar anoche”, señala.
A pesar de haber cultivado una imagen de moderado en medio de la polarización que ha caracterizado a Colombia en los últimos años, Duque, que está a punto de cumplir año y medio en el poder, no ocultó en campaña sus reparos a los acuerdos entre las FARC —hoy desarmadas y convertidas en partido político— y el Gobierno de su predecesor, Juan Manuel Santos. Su imagen ha sufrido un prematuro desgaste a lo largo de este año por episodios como sus reparos al sistema de justicia transicional surgido de los diálogos de paz, que naufragaron en un Congreso donde carece de mayoría. Pero en el último mes, el debilitado Ejecutivo ha sufrido una serie de golpes a su gobernabilidad que aún no termina de encajar.
En las elecciones locales y regionales del 20 de octubre, el Centro Democrático, el partido de Gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe, perdió en las principales ciudades del país, donde salieron fortalecidas las fuerzas alternativas. A comienzos de noviembre, la oposición en el Congreso forzó la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, acusado de permitir el regreso del fantasma de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas y de ocultar la muerte de al menos ocho menores de edad en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC. En esos mismos días se publicaron las últimas encuestas en las que el 69% de los consultados desaprueban la gestión de Duque.
En el frente económico, Colombia exhibe un envidiable crecimiento que alcanzó el 3,3% del PIB en el tercer trimestre. Pero esas cifras vienen acompañadas por una tasa de desempleo de dos dígitos que el Gobierno no ha conseguido atajar, y esa se ha convertido en la mayor preocupación de los colombianos en los sondeos de opinión. Todos esos frentes constituyen el caldo de cultivo para el malestar social. Sobre la respuesta a las reivindicaciones de un Gobierno contra las cuerdas no existen, hasta ahora, mayores pistas.
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