La Cámara colombiana rechaza la reforma de Duque al tribunal de paz

La reforma propuesta por el presidente colombiano, Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado, sufrió este lunes su primer golpe en el Congreso. La Cámara de Representantes rechazó las objeciones presentadas hace un mes por el mandatario por 110 votos frente a 44. Estos reparos, que afrontarán en las próximas semanas el trámite del Senado, tuvieron el apoyo de los miembros presentes del Centro Democrático, la formación de Gobierno fundada por Álvaro Uribe, y su principal aliado, el Partido Conservador.

La decisión de Duque de cambiar seis artículos de la ley estatutaria de la JEP reavivó hace semanas el debate sobre los acuerdos con las FARC alcanzados en 2016 por su antecesor, Juan Manuel Santos. Aunque aparentemente se trate de una cuestión jurídica y procedimental, una revisión tendría, según sus críticos, un alcance político imprevisible. Ese sistema de justicia transicional es uno de los engranajes centrales del proceso de paz con el que Colombia logró, a cambio de cesiones, la desmovilización de la antigua guerrilla, que ahora se sienta en el Parlamento. 

El presidente asegura que con las objeciones a la norma que reglamenta su funcionamiento busca mejorar el modelo. Su aspiración era tejer un consenso entre todos. Sin embargo, al menos por el momento, no ha sido así. Los puntos impugnados repercuten en la extradición de los excombatientes —que actualmente no se contempla si los procesados colaboran con el sistema de justicia transicional— y en los delitos cometidos después de la firma del acuerdo. Esta medida afectaría concretamente al excomandante de las FARC Jesús Santrich, que está detenido desde hace un año con la acusación de narcotráfico y es reclamado por la justicia de Estados Unidos.

Duque, que en campaña electoral había prometido modificar los acuerdos de paz, propuso también una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores; garantice la pérdida de todos los beneficios si un exguerrillero es reincidente; y transfiera a un tribunal ordinario las investigaciones de hechos delictivos anteriores a la firma de los acuerdos y continuaron después. El mandatario colombiano decidió dar este paso, que contenta al sector duro de su partido encabezado por el expresidente Uribe, siete meses después de la toma de posesión. Los resultados de este lunes demuestran que no lo tendrá fácil.

"Presidente, concentremos esfuerzos en atender lo importante y tareas urgentes. Aquí estamos prestos a construir soluciones a las necesidades de los más de 45 millones de colombianos. Ese es el mensaje que el Congreso de la República, a través de la Cámara de Representantes, le envía a usted". Así se pronunció tras la votación el congresista del Partido Liberal Carlos Ardila, uno de los impulsores del informe contrario a la reforma junto a Juanita Goebertus de los Verdes, José Daniel López, de Cambio Radical, David Racero, de la lista Decentes, y John Jairo Cárdenas, del Partido de la U.

Se configura así una alianza parlamentaria a favor de lo pactado por el anterior Gobierno que puede comprometer algunas decisiones del actual Ejecutivo. Queda ahora por ver cuál será el voto del Senado, donde Duque solo cuenta con mayoría en tres de las siete comisiones. En cualquier caso, si finalmente aprueba las objeciones del mandatario se abriría con toda probabilidad un debate jurídico sobre el peso de la decisión de cada pleno, a pesar de que el artículo 200 del Reglamento del Congreso establezca con claridad que "cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto".