“Un Gobierno puede hacer casi cualquier cosa excepto torturar y ejecutar”

El estadounidense Tom Farer fue uno de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó en septiembre de 1979 a Buenos Aires para investigar las denuncias de torturas y desapariciones bajo la dictadura argentina. A sus 84 años, el ex decano de la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver recuerda con precisión esa visita en la que descubrieron, y después denunciaron, graves violaciones de los derechos humanos.

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Acababan de llegar a Argentina cuando Farer recibió una llamada en su habitación de hotel y aceptó el encuentro que le proponían. "Me encontré con un par de abogados muy exitosos, encantadores y bien educados que querían explicarme lo que llamaron el contexto, que era que los militares tuvieron que tomar el poder para poner fin a la anarquía", rememora el profesor por teléfono desde Denver.

Esa explicación, asegura, se repitió una y otra vez no sólo con funcionarios del Gobierno sino también en reuniones con representantes empresariales del campo y de la industria. "Todos nos decían más o menos lo mismo: 'Es difícil para un extranjero apreciar las condiciones de Argentina cuando la Junta Militar asumió. La situación antes era terrible, había grupos insurgentes, caos, anarquía, violencia, la vida normal era imposible. Estábamos virtualmente en guerra civil'. En el lado negativo nos decían que había algunos abusos por parte de soldados de bajo rango y que eran comunes en cualquier guerra".

Las 5.580 denuncias de allegados de detenidos y desaparecidos que recabó la CIDH en sus dos semanas en el país, junto a las visitas a cárceles y centros clandestinos, invalidaron la versión oficial. "Una de las cosas que más me impactaron fueron las condiciones de los presos políticos de la Unidad 9. Trataban peor a los presos políticos que a los asesinos convictos. Los condenados por asesinato podían jugar al fútbol o leer. Los presos políticos tenían prohibido el ejercicio, los libros, el estudio, sólo podían ducharse una vez a la semana y estaban sometidos al permanente cambio de reglas sin aviso previo. Había un gran esfuerzo para quebrarlos física y psicológicamente".

La gran organización de los familiares de las víctimas permitió que los comisionados llegasen a entrevistarse con sobrevivientes de torturas. "Era una pareja de mediana edad, una docente y un médico, que habían sido secuestrados porque buscaban a su hijo. Me contaron cómo los habían torturado, fue muy dramático", recuerda sobre el encuentro con ambos, que tuvo lugar en la pequeña aula de una escuela.

También visitaron lugares fuera de la agenda prevista, como el cementerio cercano a la Unidad 9 penitenciaria de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. "Fui a la oficina del director del cementerio y le pedí el registro de entierros. Se puso pálido, palidísimo. Y me dijo que no era posible", recuerda Farer. Cuando el director salió a pedir órdenes, el estadounidense fue a pasear por el cementerio y se enteró por un sepulturero de que había "fosas cavadas por los militares de noche".

Al mirar hacia atrás, Farer considera que en 1979 muchos argentinos "no querían creer que había una campaña de exterminio, creían sí que había abusos", pero eso comenzó a cambiar tras la publicación del informe de la CIDH, al año siguiente.

"Los militares prohibieron el informe dentro de Argentina, pero igual circulaba y la gente sabía. No pasó nada de forma inmediata, pero creo que desprestigió al régimen, rompió la unidad militar y tuvo un efecto catalizador que propició su fin. Por supuesto el hecho crucial fue la guerra de Malvinas, pero hay que preguntarse por qué los militares tomaron ese riesgo y pensar que estaban perdiendo autoridad y necesitaban revivir un sentimiento nacionalista para tener éxito".

Farer fue el único ex comisionado que testificó en el Juicio a las Juntas impulsado por el presidente Raúl Alfonsín poco después de que el país recuperase la democracia en 1983. "Fue un juicio histórico y extraordinario del que hay que dar crédito al Gobierno, porque en ese momento las circunstancias eran muy difíciles, los militares aún tenían mucho poder". Después de testificar durante siete horas, el estadounidense tuvo que responder a las preguntas de los abogados defensores: "Me di cuenta de que buscaban una defensa política más que legal, el famoso contexto. Les respondí que las leyes de emergencia permiten a un Gobierno hacer casi cualquier cosa, excepto torturar y ejecutar sin el debido proceso".

Pasados 40 años, el profesor respalda los juicios por crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por Argentina, aunque advierte que a medida que pasa el tiempo es más difícil y es necesario tomar más precauciones para garantizar un juicio justo. También destaca la enorme pérdida de poder de los militares. "Ha habido cambios tremendos, positivos", concluye.