El Ejército de Colombia prepara una versión coordinada sobre el conflicto

Colombia se juega la verdad de su conflicto armado de más de medio siglo. Y los militares son conscientes de la trascendencia y de las consecuencias políticas y legales de ello. A eso apunta una nueva directriz, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este último, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

El documento, con el nombre de Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. En él, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Y establece las “líneas de contra argumentación” que usará el Ejército ante éstas, en lo que apunta a la construcción de una verdad institucional coordinada.

La narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.

En los últimos meses, 2.000 militares se sometieron a la JEP y rendirán versiones sobre su participación en los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros a cambio de recompensas– y otros casos emblemáticos. “Las líneas de contra argumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV (Comisión de Esclarecimiento de Verdad), y eventualmente a la Justicia Especial para la Paz; deberán ser conocidas; discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la CEV; así mismo incorporadas como directriz de trabajo la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”, agrega el documento.

La Comisión de la Verdad –presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux– comenzó a finales del 2018 sus tres años de mandato. Su propósito es entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre el complejo y extendido conflicto colombiano, que involucró a guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Es una entidad de carácter extrajudicial, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabaja en coordinación con la JEP. Esta última es la encargada de juzgar los crímenes más graves, con beneficios judiciales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas, en un periodo de 15 años prorrogables por otros cinco.

La Comisión ha venido enfrentando hasta ahora obstáculos de acceso a la información. En los nueve meses de vigencia que tiene la CEV no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército. Aunque el informe final del conflicto se entregará en 2021, los comisionados deben tener la información con tiempo para contrastar los hechos.

EL PAÍS buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer cómo garantizará que esta directriz no incida en los relatos que los militares cuentan ante la Comisión y la JEP, sin obtener respuesta.

“Como institución estamos absolutamente comprometidos con el aporte a la verdad de lo sucedido en el conflicto armado interno”, le dijo el general Martinez este miércoles al periódico EL TIEMPO, en reacción a la publicación de EL PAÍS. “El proyecto de narrativa marco no tiene como objetivo ‘coordinar’ lo que los individuos, militares o no, cuentan en la JEP y en la CEV, tampoco lo que las organizaciones de víctimas cuenten allí, pero para las FF.MM. Es indispensable que en ambas instancias se tenga en cuenta cuál es su versión de lo qué pasó, independientemente de si coincida o no con otras versiones”.

El segundo eje del Plan será destacar los “casos emblemáticos” de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los que participaron grupos como las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz sellado a finales de 2016–. Para esto, Martínez le pide a los oficiales que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. Finalmente, y en línea con estas dos estrategias, el relato institucional del Ejército buscará mostrar cómo estos han sido víctimas del conflicto armado. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Para eso anexan un formato que debe ser llenado por las unidades operativas. Para completar el relato, Martínez también ordena que se haga un listado de las acciones sociales del Ejército en los territorios y la designación de un sociólogo, un oficial de inteligencia y uno de operaciones para la construcción de la narrativa.

En el último año, el Ejército ha estado en la mira de la opinión pública en Colombia por cuenta de otra orden firmada por el general Nicacio Martínez en la que se pedía aumentar las bajas en combate y alimentaba el temor por el retorno de los incentivos que favorecieron los falsos positivos. Tras la controversia, la orden fue retirada. Por otro lado, la cúpula ha enfrentado denuncias de diversos tipos de corrupción que han provocado la salida de la institución de cinco generales.