Colombia regresa a los incentivos que propiciaron ejecuciones extrajudiciales, según ‘The New York Times’

La comandancia del Ejército colombiano ha ordenado a sus tropas duplicar la cantidad de bajas y capturas en combate desde comienzos de este año, unas nuevas directrices que tienen alarmados a varios oficiales de alto rango, según ha señalado este sábado un reportaje de The New York Times. De acuerdo con los documentos y testimonios citados por el periódico, en el gobierno de Iván Duque el ambiente es “notablemente similar” al de la década pasada, cuando estalló el escándalo de los llamados falsos positivos —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate—.

“Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares del país”, apunta el Times, con presentaciones internas que muestran a diario el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate. Los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la suficiente frecuencia. “A inicios de año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques”, apunta la publicación, respaldada por testimonios confidenciales de tres altos oficiales y titulada Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles.

En una de las reuniones que reconstruye el reportaje, “un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos”. Los superiores, apunta el Times, ofrecen incentivos como vacaciones adicionales en un patrón similar al de los falsos positivos.

Según el periódico, el general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, reconoció haber dado las nuevas órdenes que apuntan a aumentar drásticamente las campañas militares contra los grupos armados ilegales, apenas dos años y medio después de la firma del histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político con participación en el Congreso.

“Estas prácticas sugieren que el actual Ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos. Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil”, señaló en Twitter José Miguel Vivanco, director para las América de Human Rights Watch (HRW), en una de las primeras reacciones a la publicación. “El gobierno debe dar explicaciones”.

La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. También que Duque ha situado en puestos clave del Ejército a generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a los falsos positivos, entre ellos el general Martínez Espinel.

Un ministro de Defensa cuestionado

La publicación de The New York Times llega en un momento en que se acumulan los cuestionamientos sobre el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Sus erráticas declaraciones sobre el asesinato del exguerrillero Dimar Torres a manos de un cabo del ejército, el pasado 22 de abril, provocaron un agitado debate que aún no se disipa. Congresistas de oposición habían citado para el pasado miércoles una moción de censura en la Cámara de Representantes, pero a última hora la retiraron para volver a presentarla e incluir “nuevas pruebas absolutamente graves”, según explicó la representante Katherine Miranda, una de sus promotoras, sin entrar en detalles. Las nuevas directrices que emergieron este sábado probablemente serán incluidas en una nueva propuesta de moción de censura.

Tanto la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, el partido surgido de la extinta guerrilla) como los lugareños denunciaron el asesinato de Torres y el intento de un grupo de militares por enterrar el cadáver. El general Luis Villegas Muñoz incluso pidió perdón públicamente ante la comunidad de Convención, en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Sin embargo, el ministro Botero sostuvo en un primer momento que había muerto en un forcejeo al intentar arrebatarle el fusil al cabo, acusado de homicidio por la fiscalía. El general Villegas Muñoz también está implicado en una investigación por el homicidio de un campesino en 2008, de acuerdo con HRW.