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El Consejo de Europa devuelve a Rusia el derecho de voto tras cinco años

Ucrania abandona la asamblea en protesta por la decisión empujada por Alemania y Francia y a la que se oponía el grueso de los antiguos países de la URSS

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en abril en Kiev.
El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en abril en Kiev.

Rusia ha logrado una pequeña victoria en el Consejo de Europa. Su Asamblea Parlamentaria aprobó la madrugada del lunes al martes restituir a Moscú sus derechos de voto, retirados en 2014 por anexionarse la península ucrania de Crimea. Pero la resolución, empujada por Francia y Alemania y a la que se opuso la mayoría de países de la antigua URSS, ha enfurecido a Kiev: Crimea sigue anexionada y el conflicto con los separatistas del Este, apoyados por el Kremlin, que ha costado 13.000 vidas, está enquistado. En protesta, la delegación ucrania se retiró de la Asamblea.

Kiev considera la devolución del derecho de voto —118 votos a favor, entre ellos los de toda la delegación española; 62 en contra y 10 abstenciones— una “rendición unilateral a las demandas rusas”. Lo ocurrido es “muy mal mensaje”, criticó Volodímir Ariev, portavoz de la delegación ucrania. “Haz lo que quieras, anexa el territorio de otro país, mata a gente allí y todavía lograrás todo”, afirmó antes de abandonar el hemiciclo de la Asamblea, en Estrasburgo. Retirada que amenazaron con hacer definitiva. El nuevo presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó la actuación de sus “socios europeos”.

Un grupo de diputados, la mayoría de países del Este pero también del Reino Unido, tratan ahora de contrarrestar la decisión y han propuesto que si Rusia vuelve no goce de todos los derechos.

Moscú, que desde que se le impuso la sanción —una de las primeras de Occidente, a la que siguieron otras, sobre todo económicas, aún en vigor— ha amenazado muchas veces con abandonar totalmente la institución encargada de proteger las libertades fundamentales del continente, decidirá este miércoles si finalmente se reincorpora, aunque todo apunta a que sí (una delegación rusa ha viajado a Estrasburgo). Solo lo harán si tiene garantía de que será en “igualdad de condiciones”, recalcó Piotr Tolstoi, vicepresidente del Parlamento ruso (Duma Estatal).

Rusia lleva más de cinco años fuera de la asamblea. La sanción por anexionarse Crimea tras un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional duraba dos años, hasta 2016; pero el Kremlin se negó a enviar delegados una vez expirado el plazo. Y en 2017, además, dejó de pagar su cuota de miembro —32,6 millones de euros al año; el presupuesto del Consejo es de 316 millones—. Impago que le ha podido costar la expulsión definitiva. Moscú ha acumulado una deuda de 75 millones de euros.

Lo ocurrido con Rusia ha causado nuevas tensiones en una institución ya tocada por los problemas de financiación, ejecución, por la división este-oeste de los 47 Estados miembros y el empuje cada vez más fuerte de los nacionalismos. Los partidarios de reincorporar a Moscú a la asamblea, como el ministro de exteriores alemán, Heiko Maas, argumentan que es una forma de “proteger” con el paraguas del Consejo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a sus 144 millones de ciudadanos. Un argumento que también mantiene Francia. La salida de Moscú crearía una “nueva línea divisoria” en el continente, ha dicho el secretario genial del Consejo, Thorbjorn Jagland. Ya en mayo, los ministros de Exteriores de los países miembros se habían mostrado favorables al acuerdo de vuelta, elaborado por Alemania y Francia.

Mientras, quienes están en contra, resaltan que su vuelta significaría comprometer los ideales de defensa de los derechos humanos y contra el poder estatal arbitrario sobre los que se fundó el Consejo en 1949.

Rusia es uno de los países que más casos origina en el Tribunal de Estrasburgo (solo en 2017, la corte aceptó 7.957 demandas provenientes de Rusia), junto a Rumania, Turquía y Ucrania. Esa corte ha emitido sentencias clave y que han disgustado mucho a Moscú. Como la condena a pagar al Estado ruso tres millones de euros por la tragedia de la escuela de Beslán, en la que en 2004 murieron 334 personas (186 niños) en el asalto de las fuerzas especial rusas durante una crisis con rehenes. La condena de 2014 a abonar 1.900 millones de euros a los accionistas de la extinta petrolera Yukos. O los casos ganados por el opositor Alexéi Navalni.

Moscú, sin embargo, ha maniobrado para evitar cumplir algunos fallos. En 2015, reformó la ley para otorgar a su Tribunal Constitucional del poder de anular las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algo que ya hizo con el fallo sobre la petrolera Yukos.

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