La Corte Interamericana exige por primera vez a Nicaragua excarcelar a nueve presos políticos

Por primera vez desde que estalló la crisis de Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], con sede en San José, emitió una resolución en la que exige al Estado nicaragüense adoptar “medidas urgentes” a favor de al menos 17 detenidos en el marco de las protestas que desde hace más de un año reclaman el fin del Gobierno del sandinista Daniel Ortega y solicita la excarcelación de nueve presos políticos, entre ellos los líderes juveniles Yubrank Suazo, Amaya Coppens [que además tiene nacionalidad belga] y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de información del Canal 100% Noticias, expropiado por órdenes de Ortega en diciembre.

Esta resolución fue emitida, explica la Corte en un comunicado, al considerar que “concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad” contra los detenidos, por lo que exige al Estado que adopte medidas para “evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal”. La resolución se da una semana después que fuera asesinado en la cárcel La Modelo, de Managua, el preso político Eddy Montes Praslin, de 57 años, que además tenía nacionalidad estadounidense. El Gobierno de Nicaragua afirmó en un comunicado que las autoridades carcelarias reaccionaron a un “amotinamiento” en la prisión. Estados Unidos exigió que se realice una investigación independiente del hecho, que además dejó 17 personas heridas.

El Ejecutivo de Ortega no se ha pronunciado oficialmente sobre la resolución y no está claro que vaya a cumplirla, aunque Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, explicó que está obligado a obedecerla: “El Estado de Nicaragua, desde el momento que ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está obligando expresamente al cumplimiento de estas medidas. Si no las cumple, la Corte puede decretar abiertamente un desacato de parte de Nicaragua y eso puede generar responsabilidad internacional, es un incumplimiento muy grave de los tratados que ha ratificado Nicaragua”, dijo Urrejola en entrevista telefónica.

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La decisión de la Corte fue tomada tras analizar una petición de la CIDH, organismo que estuvo durante seis meses en Nicaragua investigando las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, sumido en una profunda crisis política que ha dejado 325 muertos constatados por la CIDH, más de 60.000 exiliados y que ha golpeado la de por sí débil economía local.

“Pedimos a la Corte estas medidas porque evaluamos que las que había otorgado la CIDH estaban siendo incumplidas por el Estado nicaragüense. Por otro lado, toda la información que estábamos recibiendo era de recrudecimiento de los riesgos a los que estaban sometidos los beneficiarios de nuestras medidas cautelares. Lo ocurrido en la cárcel La Modelo el 17 de mayo ratificó nuestra preocupación y estimamos que la situación era de extrema gravedad. Con la muerte de Montes estamos en un escenario en el que tenemos que lamentar nuevamente que haya muertes de personas inocentes en Nicaragua”, dijo Urrejola.

La decisión de la Corte se une a la presión internacional contra el régimen de Ortega. El martes por la tarde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una nueva resolución en la que exige a Managua la “liberación incondicional” de todos los detenidos en el marco de la represión contra las manifestaciones antes del 18 de junio, que es la fecha límite acordada para la excarcelación en las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con la opositora Alianza Cívica. El Parlamento Europeo ha amenazado con imponer sanciones al régimen si no cumple con este compromiso. Esas sanciones se unirían a las ya aprobadas por Estados Unidos y que afectan al círculo cercano de Ortega, incluidas su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y uno de sus hijos, Laureano Ortega.

La Alianza decidió el lunes levantarse de la mesa de negociaciones al considerar que Ortega ha incumplido los compromisos acordados. Los opositores convocaron a un paro nacional para el jueves, que ha sido apoyado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de la Cámara de Comercio América de Nicaragua (Amcham), las dos agrupaciones empresariales más importantes del país. El Gobierno de Ortega amenazó con imponer sanciones a los bancos nacionales si deciden sumarse al paro.

“La decisión de la Corte Interamericana es muy importante. Podría haber determinado que no hay extrema gravedad en Nicaragua, que el Estado sí cumple con las medidas cautelares. Por lo tanto nos parece que sí hay un precedente muy importante, porque ahora tenemos a dos órganos del sistema interamericano involucrados en el seguimiento y monitoreo de la situación que están viviendo los nicaragüenses”, dijo Urrejola.