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Estados Unidos sanciona al hijo de Ortega en la víspera del aniversario de las protestas

El Departamento del Tesoro considera a Laureano Ortega una extensión de su padre y su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo

Manifestación de este miércoles en Nicaragua.
Manifestación de este miércoles en Nicaragua.

El Departamento del Tesoro anunció este miércoles, en la víspera del aniversario de las protestas que han sacudido al Gobierno de Daniel Ortega, sanciones contra Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense y la vicepresidenta, Rosario Murillo, así como al Banco Corporativo (BanCorp) por lavado de dinero, corrupción “para la ganancia personal del régimen de Ortega” y violación de los derechos humanos, aseguró en un comunicado la subsecretaria del Tesoro, Sigal Mandelker.

El Gobierno de Trump considera que Laureano Ortega actúa como una extensión del matrimonio presidencial supervisando las propuestas y proyectos de inversión. Sin embargo, desde 2018, Laureano se ha dedicado a negocios corruptos en los que los inversionistas extranjeros pagaban por un acceso preferencial a la economía nicaragüense", señala el comunicado.

El Tesoro hace hincapié en el Gran Canal de Nicaragua y acusa al hijo de Ortega de coordinar las tareas ejecutivas del proyecto. “Fue el centro de su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, figuras del régimen de Ortega, incluyendo a Laureano, continúan utilizando a la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta del canal planeada", incide el Gobierno de Estados Unidos.

Laureano Ortega Murillo.
Laureano Ortega Murillo. AFP

Las sanciones contra el hijo de Ortega suponen un endurecimiento contra el régimen nicaragüense a un día de que se conmemore un año del inicio de las protestas contra el mandatario y su mujer. Lo que comenzó como una serie de protestas contra la reforma de la Seguridad Social se tornó en una rebelión que ha dejado más de 320 muertos, centenares de presos políticos, miles de exiliados y un país fragmentado.

La represión emprendida por Ortega se ha agudizado durante este año. El último síntoma ha ocurrido este miércoles, cuando la policía ha impedido que la Alianza Cívica, la organización opositora que engloba a representantes de la empresa privada, estudiantes o campesinos, se movilizase en las calles de Managua. Previamente, las autoridades habían prohibido la concentración, lo que viene siendo habitual desde hace unos meses.

Ya desde primera hora de la mañana grupos de policías y antimotines se desplegaron por las zonas donde los críticos con Ortega preveían movilizarse. Finalmente, lograron realizar pequeñas concentraciones en algunos puntos de la ciudad, fuertemente rodeados por los agentes. Algunas de las organizaciones que integran la oposición aseguran que fueron detenidas más de 60 personas. El Gobierno, sin embargo, ha rechazado que haya habido arrestos.

Horas antes del intento de protesta, el Gobierno de Ortega insistió en que trabaja para “consolidar la paz” en el país, pese a amedrentar a sus críticos. "Vamos avanzando, trabajando juntos para consolidar la paz que Dios quiere para Nicaragua", dijo el Ejecutivo sandinista en un mensaje a los nicaragüenses con motivo de la Semana Santa.

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