La represión de Ortega sitúa al diálogo con la oposición al borde de la ruptura

A las nueve de la noche los portales de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, se abrieron para permitir la salida de cuatro autobuses cargados de detenidos. Más de 160 personas habían sido apresadas este sábado cuando intentaron participar en una manifestación en repudio al régimen del presidente Daniel Ortega, quien había prohibido la protesta. Era la primera en seis meses, desde que Ortega las ilegalizó en septiembre. La caravana avanzaba seguida de coches que se le unían, mientras la gente salía de sus casas para saludar a los liberados. “¡Libertad!” “¡Libertad!”, gritaban llenos de júbilo. Era el fin de una jornada violenta, en la que el Ejecutivo sandinista demostró su rostro represivo: centenares de oficiales antidisturbios y colectivos sitiaron Managua para impedir la movilización de la población. Las escenas mostraban a jóvenes golpeados con dureza, mujeres lanzadas con violencia dentro de las patrullas, señoras detenidas a golpes y periodistas asediados y agredidos. Daniel Ortega demostraba que no está dispuesto a dejar el poder de forma pacífica. A casi un año de la crisis desatada en abril de 2018, la violencia de ayer amenaza con liquidar el diálogo que el régimen mantiene con la opositora Alianza Cívica.

Entre los liberados estaban la abogada constitucionalista Azahalea Solís, el estudiante Max Jerez y la sindicalista Sandra Ramos. Los tres forman parte de la mesa de negociación por parte de la Alianza. Solís gritaba jubilosa desde la ventanilla del autobús que la trasladaba. Relató más tarde que fue golpeada, aunque no sufrió heridas de gravedad. Ella había apoyado la decisión del grupo de estudiantes que son un bloque importante de la Alianza de retirarse temporalmente de las negociaciones con el Gobierno como forma de presión. Al descender de los autobuses la gente se abrazaba y mostraba su repudio al régimen de Ortega. Sofía Montenegro, feminista, veterana periodista y una de las voces más críticas contra el régimen, dijo con un grito de desahogo cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía: “¡Con ganas de matar a estos cabrones!”

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La manifestación estaba prevista a iniciar a las dos de la tarde, hora de Managua. El punto de concentración sería la céntrica garita Centroamérica, desde donde marcharían por la Carretera a Masaya, el centro neurálgico de las protestas de abril, cuando cientos de miles de nicaragüenses exigieron el fin de la “dictadura”. Esas protestas también fueron reventadas con violencia y en una de ellas, la del 30 de mayo, Ortega desató una matanza: las cifras de las organizaciones de derechos humanos recogen entre 11 y 15 asesinados ese día, la mayoría jóvenes universitarios. Este sábado los oficiales antidisturbios dispararon perdigones contra los manifestantes. Esta vez no hubo muertos, pero las imágenes recogidas por los opositores son de una brutalidad que sobrecoge: las patrullas entraron a un centro comercial donde los manifestantes se habían refugiado, decenas de antidisturbios cargaron contra ellos, algunos golpeando con sus armas a jóvenes, mujeres y hasta ancianos. En una imagen se muestra a un joven golpear con una silla a un oficial que daba una golpiza a un manifestante. La reacción en las redes sociales fue de júbilo ante lo que consideraron un acto de valentía. En las calles cercanas, además, los oficiales detenían los coches y bajaban y apresaban a jóvenes. La gente que grababa las detenciones pedía con desesperación a los detenidos que gritaran sus nombres, para poderlos entregar a los organizadores de la manifestación, que intentaban llevar un listado de los encarcelados. En unas pocas horas el régimen había apresado a más de 160 personas, según el recuento de la Unidad Nacional Azul y Blanco, un colectivo que reúne a más de 40 organizaciones opositoras, y que convocó a la protesta que fue denominada “¡A la calle!”

Xochilt Villareina, una de las manifestantes, relató a EL PAÍS que vio cómo fueron apresadas tres personas que como ella intentaban llegar hasta la protesta. “Nos arrinconaron, tuvimos que replegarnos. Se llevaron a tres personas. Hemos sido reprimidos por policías y antimotines serviles al Gobierno”, dijo la mujer. “Veníamos para pedir libertad para toda Nicaragua, libertad para todos nuestros presos políticos, que están detenidos por defender los derechos que la misma Constitución nos da”. Los antidisturbios también agredieron a periodistas que cubrían la protesta. Entre ellos a Luis Sequeira, reportero gráfico de France Presse, quien reportó a este diario la agresión en su contra. “Estaba grabando la detención de una mujer, se la llevaban arbitrariamente, y llegó la Policía, me vio grabar y me detuvo, me quitó la cámara, me tiró al piso. Yo les dije: “estoy trabajando, dame la cámara” y ellos me respondieron: “pídesela a tu madre”. Los empujé para que no me llevaron preso. Me dejaron en el piso”.

La represión desató una condena internacional. El Ministerio de Asuntos Exterior de España criticó en un comunicado lo que llamó “una reacción desproporcionada de las fuerzas del orden” y aseguró que “actuaciones como esta ponen en peligro la búsqueda de una actuación sostenible para el país a través del recientemente retomado diálogo nacional”. Estados Unidos, por su parte, dijo que “manifestaba su preocupación por la violencia”. Kimberly Breier, asistente del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, escribió en Twitter: “Si bien afirma que apoya el diálogo, el primer recurso del régimen de Ortega es encarcelar a manifestantes y periodistas. Las voces democráticas nunca serán silenciadas por tácticas brutales. El mundo también está observando, Nicaragua”. Costa Rica, país donde se han refugiado más de 40 000 nicaragüenses desde el inicio de la crisis, también expresó su rechazo a la violencia del Estado: “Costa Rica condena la escalada de represión y uso arbitrario de la fuerza por parte de las autoridades nicaragüenses, contra la población civil, medios de prensa y defensores de los derechos humanos, que se manifestaban pacíficamente”, escribió en su cuenta de Twitter la vicepresidenta Epsy Campbell.

La represión del sábado abre una gran incógnita sobre el futuro de las negociaciones entre Ortega y la oposición, que había pedido muestras de voluntad política de parte del régimen. La Alianza Cívica exige como condiciones para el diálogo la liberación de más de 500 detenidos, considerados presos políticos, el cese de la represión y las garantías de libertades civiles para la población. Ortega, sin embargo, responde con garrote mientras acusa a los opositores de “terroristas” y “golpistas”. “Ortega no ha cambiado nada su actitud”, dijo Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. “No es posible que esté hablando de negociación y esté haciendo estas barbaridades. Saca a algunos presos políticos para lavarse la cara, pero al mismo tiempo sigue apresando gente”, dijo jadeante la activista, mientras intentaba resguardarse el sábado en el estacionamiento de un banco cercano al punto de partida de la protesta. Por la noche, tras la liberación de los detenidos, Juan Sebastián Chamorro, que forma parte del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo que se reunirán para valorar su participación en el diálogo con el régimen de Ortega. “Esto es inaceptable, no es posible que se trate así, como se ha tratado hoy, al pueblo”.