“No nos hagan esperar en México. Nos pueden matar”

La colaboración entre los Gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador para la gestión de los migrantes centroamericanos tiene su cara más dramática en las ciudades fronterizas, donde se acumulan miles de migrantes que desbordan unos recursos preparados para que la gente pase de largo, no para que se quede. Familias que antes esperaban horas o días para entregarse a los agentes en la frontera tienen que esperar ahora semanas o meses en ciudades peligrosas donde no conocen a nadie y no hay nada para ellos. Solo la mención de México hace que se les salten las lágrimas.

Desde que empezaron las caravanas organizadas, las ciudades fronterizas de México ven acumularse la desesperación en sus calles de gente que quiere entregarse a la policía de fronteras para pedir asilo y no puede. Primero, EE UU empezó a hacer cupos de entrada, en función de una capacidad de procesamiento que decide Aduanas y que en realidad nadie puede comprobar, por lo que el sistema es acusado de arbitrario y de estar diseñado para hacer sufrir. Las listas para entrar en Tijuana o en Juárez suman varios miles de personas. Esperan durante semanas para un trámite que antes hacían nada más presentarse en la garita fronteriza.

El pasado febrero, el Gobierno de Estados Unidos dio una vuelta de tuerca a esta práctica y anunció unilateralmente que los inmigrantes, una vez que han conseguido ser recibidos para pedir asilo en los puertos fronterizos, serán devueltos a México para esperar allí la vista judicial de su caso. La medida no tiene cobertura legal a menos que México acepte esas devoluciones de personas que no son mexicanos. A esto la Casa Blanca lo llama Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). El resto del país lo llama política de quedarse en México.

Hasta hoy no hay unas reglas claras y públicas sobre cómo se aplica. La realidad es que México está colaborando y más de mil de centroamericanos (cifras extraoficiales citadas por Buzfeed, según fuentes mexicanas, el pasado 8 de abril) están ya esperando en refugios de ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez después de haber entrado en Estados Unidos y haber sido procesados como inmigrantes. La política comenzó en El Paso, el punto fronterizo donde más ha aumentado la llegada de familias centroamericanas.

Dos veces a la semana, en los juzgados de inmigración de El Paso se ven los casos MPP. El pasado jueves, en el juzgado del juez Nathan Herbert había 10 adultos y 5 menores. Parecía una sala de espera de un pediatra. Los niños más pequeños pisoteaban a sus padres, jugaban, se escondían bajo los bancos y se partían de risa mirando a los periodistas de la última fila mientras esperaban sin saberlo la sentencia más importante de su vida.

“Este es el procedimiento para su expulsión de Estados Unidos”, les informó el juez Herbert. Hasta en tres ocasiones les recordó que, si querían, les daría más tiempo para buscar un abogado. Le faltó guiñarles el ojo. Finalmente, Cristina García, asesora de la organización legal benéfica Las Américas, les repitió en español las palabras del juez dejando clara su intención. Uno por uno empezaron a decir que sí, que buscarían un abogado. Cuando el juez les dijo que les daría un mes más, se dieron cuenta de que era un mes más en México.

La disyuntiva es dramática. Si siguen adelante sin abogado, se reanuda el juicio y se quedarán en Estados Unidos, pero lo más probable es que sean incapaces de presentar un caso convincente de asilo y serán deportados a sus países. Si consiguen un abogado gratuito, tendrán más opciones de ganar su caso de asilo, pero el precio es esperar al menos 40 días más en Ciudad Juárez. Con los refugios de la ciudad desbordados, su sitio ya ha sido ocupado por otros. Los que no tengan dinero están condenados a vivir con sus niños pequeños en las calles de una de las ciudades más peligrosas de América.

Una mujer llamada Ángela Lidia Flores hizo la pregunta clave a su señoría: “Me preocupa dónde nos vamos a quedar hasta la siguiente audiencia. Yo no tengo la capacidad para seguir pagando un hotel. En el refugio de Ciudad Juárez me dijeron que ya no podemos volver”. El juez le contestó que eso no lo decidía él, pero que pediría al Departamento de Interior que les diera una nueva audiencia para valorar su situación de peligro.

En ese momento, a Flores se le saltaron las lágrimas de angustia. En otro extremo del banco, Catherine Molina Ramírez abrazó fuerte a su hijas Jennifer y Marilyn, de dos y cinco años, y empezó a llorar. Priscila Yolanda Banegas le dijo al juez. “No puedo regresar a México. Me da miedo la seguridad de mis hijos”. Esmelin Antonio Enríquez dijo: “Yo tampoco quiero regresar. No conocemos a nadie allá. Peligran mi vida y la de mi hija”, de siete años. Eligio García dijo: “Hay mucho peligro en México. Nos pueden matar”. Así, una familia detrás de otra, en diferentes tonos de angustia y terror ante la sola idea de pasar una noche más en las calles de Juárez. El juez Herbert hizo al abogado del Gobierno comprometerse a que les daría audiencia a todos.

Linda Rivas, de la organización Las Américas era la única abogada en la sala. Representaba a una sola de las familias con una hija discapacitada. “Desde hace un mes, vemos entre 30 y 50 casos de estos a la semana”, decía Rivas a EL PAÍS. “A la mayoría no se les ha explicado el proceso. Nadie les ha dicho qué va a pasar con ellos”. Rivas explica que no hay forma de mantener el contacto con los que esperan en México. Es decir, incluso si consiguieran abogado, al estar en México no pueden comunicarse con él fácilmente, a veces no hay forma de encontrarlos para su fecha de juicio. “No hay un proceso establecido” para la política MPP. “No hay ninguna forma de saber dónde están” en México.

Rivas opina que dejarlos en México a la espera de juicio “es una violación de los derechos constitucionales” porque “no garantiza el debido proceso”. Los inmigrantes del pasado jueves no entendían de eso. Entendían que entre Trump y López Obrador iban a dejar que los mataran en Ciudad Juárez.